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lunes, 8 de septiembre de 2014

El cerco judicial al gobierno se cierra también en Estados Unidos

El cerco judicial al gobierno se cierra también en Estados Unidos

Al Capone, responsable de no menos de cuatrocientos homicidios, no estuvo preso un solo minuto por ninguno de ellos, pero terminó encarcelado por evadir impuestos. En ese país es posible asesinar impunemente si se tiene poder, pero no eludir al fisco. Cristóbal López, el zar kirchnerista de la timba, acaba de ser víctima de ese principio: tuvo que pagar 400 mil dólares y cerrar el casino que había instalado en Dania Beach, estado de Florida, y dejar de paso 300 empleados en la calle, antes de que una auditoría fiscal lo imputara por una maniobra impositiva fraudulenta. Desgraciadamente para él, Norberto Oyarbide no tiene despacho en Miami.

En cambio, sí tiene despacho en Nevada la jueza Cam Ferenbach, quien aceptó investigar a 123 compañías fantasma de otro miembro relevante de la “burguesía nacional reconstruida” de los K: Lázaro Báez. Ferenbach tomó esa medida por pedido de Elliot Associates, controlante del buitre NML, debido, dice, a los “vínculos evidentes” de Báez con la familia Kirchner. Los buitres radicaron su demanda en Nevada porque allí tienen domicilio esas empresas -todas ellas pergeñadas en “La Rosadita”, de Puerto Madero- que triangulaban dinero sucio para su blanqueo a una misma dirección: la de Aldyne Ltd., en las islas Seychelles, operada por la panameña Leticia Montoya, una testaferra internacional.

Así, el cerco judicial, la “conspiración” que Jorge Capitanich denuncia, anudada entre los buitres y los jueces norteamericanos, se cierra también en tribunales norteamericanos. En el caso de Nevada, el complot, supuesto o real, apunta directamente a la familia presidencial, al punto que Ferenbach habla de “trío siniestro” para referirse a Néstor y Cristina Kirchner y a Lázaro Báez. La ofensiva judicial contra el gobierno, congelada cuando se llegó a un acuerdo con el Club de París, con el Ciadi y con Repsol, se ha acelerado desde que fracasó la negociación con los buitres.

Las malas compañías
Notablemente, cuando los organismos internacionales, condenan los paraísos fiscales entre ellos la ONU, denuncicados a lavar dinero de la droga, el tráfico de armas y otras delicias, no mencionan casi nunca al principal de ellos: el estado norteamericano de Delaware, pequeño, poco poblado, en el noreste de los Estados Unidos. Sí lo mencionó Axel Kicillof, que lo llamó, con toda razón, “guarida fiscal” en su arremetida contra los buitres. Kicillof, no obstante, olvidó que en Delaware se radicaron las empresas fantasma creadas por YPF, compañía de la cual él es vicepresidente, para firmar el acuerdo clandestino con Chevron.

También está radicada en Delaware la compañía Dania Entertainmet Center (DEC), controladora de Dania Casino & Jai Alai, dueña del casino que Cristóbal López acaba de quebrar en Florida. El 25 por ciento del paquete accionario de DEC pertenece a Dania Entertainmet Holdings, cuyo principal accionista es, a su vez, Sunvest Resort Communities. La propietaria de Sunvest es Sarah Petre-Mears, otra testaferra internacional que integra el directorio de más de 1200 compañías en Inglaterra, Irlanda, Nueva Zelanda, Estados Unidos y diversos paraísos fiscales del Caribe. He ahí los socios norteamericanos de los empresarios K. Con toda razón el oficialismo busca un pacto de impunidad, para no terminar en Devoto después de dejar el gobierno.

La corruptela galopante no es solo K. Cristóbal López también es un buen socio de Mauricio Macri, quien, el año pasado, lo exceptuó del impuesto a los ingresos brutos a cambio de un refuerzo en el canon que, por intermedio de Lotería, el Casino de Puerto Madero le paga al Instituto del Juego de la Ciudad. Y el software con el cual López intentaba estafar al estado de Florida es el mismo, provisto por la firma IGT, con el que Lotería Nacional calcula los tributos que debe pagar López al Estado nacional y a la CABA. Lotería usa ese software porque se lo regaló… Cristóbal López. Mientras tanto, el gobernador de Santa Fe, Antonio Bonfatti, aparece involucrado en escuchas telefónicas de narcos, al igual que la Casa Rosada con el tráfico de efedrina.
En definitiva, no sólo el gobierno llega a extremos de descomposición. Se ha descompuesto todo un régimen social, político y económico que debe ser desplazado, para reconstruir la Argentina sobre nuevas bases.

A. Guerrero



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