Fuera la reforma reaccionaria y antiobrera
Las modificaciones al viejo Código Civil responden al interés de la
Iglesia, en lo que hace a la vida privada, y al gran capital en lo que
hace a la llamada "seguridad jurídica" de sus negocios.
En el proyecto aprobado por el Senado se mantiene a la Iglesia católica
como persona pública, lo que identifica a un Estado no laico y coloca
al culto católico en un lugar privilegiado respecto de otros cultos.
Impunidad para el Estado...
El proyecto votado en el Senado excluyó del texto original las
disposiciones referidas a la responsabilidad del Estado, en lo que fue
sólo una maniobra. La Cámara de Diputados, en paralelo, dio media
sanción a un proyecto de ley que incluyó íntegramente aquellas
disposiciones. Allí se establece la exención de toda responsabilidad al
Estado y a sus funcionarios ante un hecho que perjudique a un individuo o
una empresa. Estos ya no podrán acudir al fuero civil para reclamar un
resarcimiento por el daño sufrido y se los somete al reclamo
administrativo, que está sujeto a una legislación que no es homogénea y
varía según la provincia. En la misma línea, establece que el Estado no
debe responder, ni en forma subsidiaria, por los perjuicios ocasionados
por los concesionarios o contratistas de los servicios públicos.
¿No estamos hablando de Once, de las 124 víctimas fatales por
accidentes ferroviarios en la "década ganada" o de Lapa, Austral y el
descontrol en los vuelos?
...y para los empresarios
El proyecto abre aun más las puertas a la tercerización. La empresa
principal no será responsable ni siquiera solidariamente de las deudas
laborales de firmas dependientes o subsidiarias, lo que va en contra de
los sucesivos fallos que han obligado a lo contrario. En las UTE
(Uniones Transitorias de Empresas) no se presume la responsabilidad
solidaria de los socios por los actos que realicen ni por las
obligaciones que contraigan frente a terceros, si no existe pacto
expreso. De este modo, los trabajadores sólo tendrán como garantía de
sus reclamos laborales a los activos de la empresa que los haya
contratado, pero no a los de la empresa "madre".
La reforma habilita los contratos de locación de servicio y de obra,
usuales para encubrir relaciones laborales principalmente en el Estado. Y
viabiliza, una vez más, el contrato de agencia, sinónimo de
precarización laboral. Más grave aún, elimina la aplicación de la
garantía de indemnidad en el contrato de locación de servicios, por lo
que el trabajador no podrá invocarla en caso de accidente. En los casos
de lesiones o incapacidad física o psíquica, el Código innova planteando
que la indemnización debe sólo cubrir "la disminución de la aptitud...
para realizar actividades productivas" durante el tiempo en que pudo
haberlas desarrollado. Esto supone que la vida humana no tiene un valor
en sí mismo, sino en función de lo que potencialmente podría producir.
Se abandona de este modo el concepto de "reparación integral", que
estaba presente hasta hoy.
Ataque a la organización de los trabajadores
"Si un grupo realiza una actividad peligrosa para terceros, todos sus
integrantes responden solidariamente por el daño causado por uno o más
de sus miembros. Sólo se libera a quien demuestra que no integraba el
grupo". Este es el texto del artículo 1.762.
¿Es un exceso suponer que es una norma aplicable a una movilización que se considere "riesgosa o peligrosa para terceros"?
El texto, además, no plantea defensa alguna de los derechos de
protesta, denuncia o petición a los autorizados, por lo que la
evaluación de si una movilización es "riesgosa o peligrosa" quedará en
manos de los jueces.
La reforma está en la línea de la ley antiterrorista, el Proyecto X y otros avances represivos .
El proyecto eliminó el reconocimiento al derecho al agua potable (algo
formal, desde el momento que el 58 por ciento de la población no lo la
tiene). Pero sí garantiza el uso comercial e industrial del agua, lo que
está en consonancia con la megaminería a cielo abierto y la explotación
del petróleo y gas no convencionales.
A la luz de todo esto, el No a la reforma debe ser una causa nacional de los trabajadores.
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