“El gobierno no controla los acontecimientos, la única iniciativa la
llevan las víctimas y se ha perdido la mediación con ellos”, relata el
corresponsal del diario madrileño El País (18/10). El ánimo de los
manifestantes se encrespó aún más cuando se supo que los cuerpos de las
primeras fosas clandestinas analizadas no eran los de los 43 estudiantes
desaparecidos del magisterio de Ayotzinapa. Cientos de manifestantes
incendiaron el Palacio de Gobierno y la alcaldía en Chilpancingo,
capital del estado de Guerrero. En Acapulco, ícono turístico asolado hoy
por los carteles, una gigantesca movilización popular convocada por
maestros y organizaciones campesinas, con los padres de los estudiantes
desaparecidos a la cabeza, reclamó su aparición con vida y coreó
cánticos contra el gobierno y las fuerzas represivas.
Centenares de estudiantes de estados próximos a Guerrero, como
Michoacán, han arribado para colaborar en la búsqueda de los
desaparecidos, así como también lo hacen grupos indígenas. Ante la
desconfianza hacia las autoridades, la Unión de Pueblos y Organizaciones
del Estado de Guerrero (UPOEG) se lanzó a coordinar no sólo las
movilizaciones, sino también la búsqueda. “Armados con machetes, picos y
palas, cada mañana dos docenas de hombres en camioneta recorren los
cerros que rodean a la ciudad siguiendo las pistas que les proporcionan
los lugareños”, cita el corresponsal madrileño, que asegura que “los
campesinos de la zona están organizando una especie de gobierno paralelo
ante la falta de respuestas de las autoridades” (ídem, 17/10). Los
estudiantes y docentes del Instituto Politécnico Nacional protagonizan
ocupaciones solidarias en el Distrito Federal; lo mismo está ocurriendo
en la Unam y otras universidades. “Todo está listo para un estallido”,
concluye el cronista. A la caldera se añade la situación social: según
la Ocde, México tiene el salario mínimo más bajo del mundo (4,90 dólares
la jornada). El 42% de los trabajadores mexicanos (23 millones de
personas) no llegan a la “canasta ampliada”, que incluye alimentos y
acceso a servicios básicos (La Nación, 7/9).
Reacción estatal
El gobierno priísta de Peña Nieto teme que la situación creada
pulverice su agenda de gobierno. Las 'reformas estructurales'
(energética, fiscal, bancaria) han quedado ensombrecidas por la masacre,
que podría ahuyentar una inversión extranjera temerosa de la extorsión
de los carteles. En su pelea por el dominio del negocio de las drogas,
éstos se han ido fortaleciendo a partir de una diversificación de sus
actividades y del entrelazamiento con todas las instituciones (partidos,
Justicia, policías regionales, etc.) Según Guillermo Trejo, de la
Universidad de Notre Dame, “el crimen organizado fue paulatinamente
expandiendo su acción a industrias extractivas de recursos naturales -la
toma clandestina de gasolina, petróleo y gas- y de riqueza humana -la
extorsión y el secuestro” (El País, 16/10). La desintegración estatal no
parece tener retorno. Sólo este año, las fuerzas federales han debido
intervenir cuatro estados: Tamaulipas, Michoacán, Guerrero y México. El
secretario de Estado norteamericano, John Kerry, ha dicho que “estamos
listos para tratar de ser tan útiles como podamos”. No está claro si
Estados Unidos, principal demandante de la droga que manejan los
carteles, prefiere un México unificado o un México desmembrado.
Intentando calmar los ánimos, el gobierno ha capturado a los presuntos
jefes de los carteles de Guerreros Unidos y de los Beltrán Leyva, que
operan sobre todo en el estado de Guerrero. Pero los cárteles no se han
quedado de brazos cruzados: lanzaron una nueva oleada de crímenes y
mensajes mafiosos, como el asesinato de la periodista María del Rosario
Fuentes Rubio, integrante de una red de blogueros y tuiteros que
denunciaban al narcotráfico en el estado de Tamaulipas. Su cuenta fue
usurpada por éstos, que dejaron tuits intimidatorios contra otros
activistas. “En los últimos tres años, 27 tuiteros y blogueros han sido
asesinados en Tamaulipas” (Página/12, 18/10).
Centroizquierda
Mientras se acentúa el proceso de movilización de las masas, el
centroizquierdismo mexicano oscila entre la complicidad con los carteles
y el temor a la rebelión popular. El Consejo Nacional del PRD sostuvo
por mayoría no exigir la renuncia del gobernador Angel Aguirre, un
reclamo de todas las manifestaciones (el alcalde de Iguala, localidad
donde habrían sido asesinados los estudiantes, se encuentra prófugo).
Cuauhtémoc Cárdenas calificó a la renuncia del gobernador como una
cuestión “absolutamente secundaria” y un asunto de conciencia del
mandatario (La Jornada, 19/10). López Obrador, ex candidato presidencial
que rompió con el PRD para formar el Morena (que cobija a algunas
corrientes de la izquierda mexicana), se ha limitado a plantear “una
revolución de las conciencias" (El País, 14/10), confesando la ausencia
completa de un programa.
México asiste a un estado de virtual rebelión popular por la aparición
con vida de los estudiantes del magisterio. Por la más amplia
movilización obrera y popular, y por el derecho a la autodefensa de los
explotados mexicanos contra el terror narco.
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