El Encuentro Nacional de Mujeres será el escenario de un debate a fondo por la defensa de los derechos de las mujeres.
Las expectativas generadas por el kirchnerismo en este punto han
terminado en un completo fracaso. Las reivindicaciones han sido
archivadas en aras de los acuerdos con la Iglesia Católica y el gran
capital. En la época de Néstor Kirchner, los enfrentamientos verbales
entre el vicario castrense Basseotto y el entonces Ministro de Salud,
González García, no pasaban de la necesidad de modificar el artículo 86
del código penal para "clarificar" los casos de aborto no punible. Pero
más allá de los tiroteos verbales, era claro que el poder de la Iglesia
sobre el Estado se mantenía incólume. A partir de esa constatación, el
movimiento de mujeres orientó su batalla detrás del reclamo por el
aborto legal. Ello, a pesar de que sus integrantes pro-gubernamentales
estaban más preocupadas por defender el "modelo" que por priorizar la
agenda de las mujeres. La realidad, sin embargo, se impuso brutalmente:
cuando asumió Cristina Fernández, el kirchnerismo reforzó los puentes
con la Iglesia, designando primero a Ocaña y luego a Manzur a cargo de
la cartera de Salud. La primera, y en consonancia con el discurso
clerical presidencial, dijo que el aborto no era un tema de salud, sino
de ‘política penal’. El segundo, que ya había rendido pleitesía al clero
y a los negocios farmacéuticos en Tucumán, lo siguió haciendo desde la
cartera nacional de Salud.
La aprobación del Código Civil y Comercial, reclamado por la
corporación patronal y por la Iglesia, significa un ataque frontal para
el derecho al aborto legal en la Argentina. Es claro que el artículo 19
de ese Código, que establece "la existencia de la persona humana desde
la concepción", fue redactado y reclamado por la Iglesia, como
instrumento para bloquear aún más los abortos no punibles así como
futuros tratamientos parlamentarios del derecho al aborto legal .
Asimismo, las prácticas de fertilización asistida que involucran a
embriones o preembriones estarán supeditadas a esta formulación, que
abre paso a todo tipo de presiones clericales.
Violencia de género, violencia estatal
Este cuadro de ataques estatales a las mujeres deja en claro que la
violencia social es la expresión de la violencia institucional. La
violencia contra la mujer no ha disminuido y algunos datos demuestran
que, por el contrario, avanzó. En Argentina, es asesinada una mujer cada
30 horas por parte de parejas o ex parejas. De acuerdo a la
Organización Panamericana de la Salud, entre niñas de 10 a 19 años el
embarazo aumentó un 15%, lo que evidencia un crecimiento de los ataques
sexuales. El Consejo Nacional de las Mujeres, dirigido por La Cámpora,
está pintado. Es una agencia de propaganda gubernamental, cuyas
políticas están destinadas a trasladarle la responsabilidad estatal a
los individuos. "Sacá tarjeta roja" o "sin clientes no hay prostitución"
son los taparrabos que encubren la participación estatal en estos
delitos. La mujer violentada y sometida no puede sacar ‘tarjeta roja’:
antes que endilgarle esa responsabilidad, el Estado debe rendir cuentas
sobre lo que ha hecho para modificar el cuadro de sometimiento de la
mujer. Por otra parte, el Estado prostituyente, que iguala su
responsabilidad a la de los individuos, convierte una lucha loable -la
que insta al hombre a no consumir prostitución- en una excusa para
encubrir el delito y proteger a sus intendentes proxenetas, como el de
Salvador Massa (FpV) o el ex Intendente de Pergamino (hoy diputado del
GEN). De ese modo, se ponen a salvo las cajas negras de la explotación
sexual que enriquecen a su policía, jueces y políticos, y son la base de
grandes negocios capitalistas. La violencia contra las mujeres tendrá
en Salta un gran protagonismo, encarnado en la lucha de las Comisiones
de familiares contra la Impunidad del Estado, que llevarán casos como el
de Paulina Lebbos y muchos otros. Días antes de la llegada de miles de
mujeres, los parlamentarios salteños del PO anunciarán el proyecto de
Ley que plantea que jueces y fiscales que atiendan cuestiones de
violencia de género sean electos por las mujeres de forma democrática.
La mujer ante la crisis nacional
El Encuentro estará signado por el ajuste en curso, donde el gobierno y
la oposición están empeñados en trasladarle a trabajadores y
trabajadoras el peso de la bancarrota nacional. Las mujeres organizadas
en las comisiones de apoyo a las luchas, como la de Ecotrans o las que
están precarizadas a través de los planes Argentina Trabaja, estarán
presentes, mostrando la naturaleza patronal y precarizadora del modelo
kirchnerista.
A pocos días de un nuevo aniversario del asesinato de Mariano Ferreyra,
y de que esa misma patota sindical dejara postrada a Elsa Rodríguez, el
Encuentro recogerá las denuncias sobre el incremento de la
tercerización laboral. Los despidos, las suspensiones y el ajuste, junto
al ahogo de las cooperativas surgidas al calor de las luchas del 2001,
serán objeto de una extendida denuncia. Nuestra delegación llevará el
apoyo al plan de lucha de los obreros de Zanón, para que el gobierno de
Neuquén ponga el dinero que saque del ahogo a los trabajadores
ceramistas. También seremos la voz de la lucha contra las leyes de
entrega del petróleo a las grandes multinacionales y junto a nosotras
estarán las aguerridas mujeres que hicieron retroceder la instalación de
Monsanto en Córdoba.
Aborto legal, juntada de firmas contra el Código Civil y Comercial,
elección de jueces y fiscales para seguir casos de violencia contra las
mujeres, denuncia de la precarización laboral y contra el ajuste, los
despidos y las suspensiones, serán parte de la agenda por la que nuestra
delegación batallará en cada taller y en las calles. Reforcemos la
organización para avanzar por lo nuestro. Con ese propósito nos
movilizamos desde el Plenario de Trabajadoras y el Partido Obrero.
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