Volvió a
hacerse sentir la tendencia a la disolución económica. Pelea entre
cómplices de una misma política. Hay una pseudoestatización, parcial, de
las operaciones bancarias, lo cual da una medida de la profundidad de
la crisis.
Los 'castigos' oficiales propinados en el patio de las Palmeras contra
Juan Carlos Fábrega, el ahora ex presidente del Banco Central,
simplemente funcionaron como cortina de humo de un episodio severo en la
crisis financiera de Argentina. Tuvo lugar una réplica acentuada de la
corrida cambiaria de enero pasado, aunque en cierto modo de una
extensión mayor. El dólar se disparó a 16 pesos no ya en las cuevas
siniestras de la City, sino en el mismo templo del capital financiero,
el Mercado de Valores. La tendencia de la especulación había
sencillamente pulverizado el mercado oficial de cambios, que languidecía
a menos de 8,50 pesos, con permisos de importación 'pisados' por las
autoridades. El 'cepo' había sido birlado por una corrida a lo San
Fermín. Una espiralización de la devaluación hubiera producido, en poco
tiempo, una corrida bancaria, con los clientes retirando sus depósitos,
que se encontraban remunerados a un 40 por ciento de la inflación y
todavía más de las divisas extranjeras. Argentina volvía a tropezar con
la tendencia a la disolución económica.
‘Contado con liqui’
Obviamente, todo esto fue presentado como el resultado de una
conspiración, con la salvedad de que participaban de ella el conjunto de
los pulpos de la economía y la mayoría de los funcionarios del Estado,
con Kicillof incluído. A nadie se le escapa que el mercado conocido como
‘contado con liqui’ fue usado por el gobierno como una válvula de
escape para neutralizar las presiones de empresas, especuladores e
importadores hacia las reservas del Banco Central. Llegó a trascender,
incluso, la versión de que se había incitado a los importadores a
realizar las compras al exterior por ese mercado, como alternativa a la
falta de autorización para hacerlo por el mercado oficial. El control
del ‘contado con liqui’ es responsabilidad de las autoridades del
Mercado de Valores y en primer lugar de su presidente, Alejandro Vanoli,
quien luego sería premiado con el puesto que dejaba vacante Fábrega.
Para aportar a la oferta de títulos para el 'contado con liqui', el
gobierno forzó a la Anses y al Banco Nación a vender bonos, una decisión
que estaba naturalmente fuera de la órbita del defenestrado Fábrega.
Los bonos ofrecidos pasaron sin solución de continuidad de la Anses a
los especuladores, lo que demuestra, de paso, la falacia de los
economistas oficiales y de la "opo", que excluyen de la deuda pública en
dólares a los títulos en poder de estas instituciones oficiales. Este
"aporte" al contado con liqui es otro factor de desquicio del fondo de
garantía de la Anses, que entrega títulos en dólares a cambio de pesos
desvalorizados.La ‘protección’ de las reservas por este medio tenía, por
supuesto, un costo fenomenal para la economía, una porque disparaba aún
más los precios internos, la otra porque desviaba una parte creciente
del comercio exterior del mercado oficial. Cuando las transacciones
diarias comenzaron a superar los 200 millones de dólares diarios, la
permisividad entró en crisis y amenzó con llevarse puestos a todos.
Estalló una pelea entre cómplices de una misma política o entre víctimas
de una misma trampa. El episodio severo se convirtió en una crisis
política -en una nueva depuración del sacrosanto Banco Central.
La crisis desatada importa porque toca un límite. Los mercados de
compra-venta de acciones y de deuda pública no pueden ser tabicados
debido a su interconexión; los patrimonios de Argentina se cotizan
simultáneamente en Nueva York, Londres y otros mercados. La “reforma del
mercado de capitales” diseñada, precisamente, por Alejandro Vanoli,
apunta a acentuar esta interconexión, mediante la creación de nuevos
instrumentos especulativos y la inclusión de las empresas pequeñas. Los
K, como antes Cavallo y el FMI desde mucho antes, son fanáticos del
desarrollo de “los mercados domésticos”, es decir de una interconexión
más profunda con los mercados internacionales. El control de estos
mercados, para distinguir lo que son movimientos de capitales de los que
corresponden a operaciones comerciales encubiertas, es perfectameente
posible -pero a un costo: la paralización de los movimientos de
capitales. El dirigismo K no va a llegar a este punto, porque chocaría
con intereses vitales del capitalismo y de la mayor parte de sus socios
-por ejemplo Chevron, Exxon y Soros.
Mientras los K acosaban a los ‘arbolitos’ que no eran de su palo, los
grandes grupos económicos empezaron a ‘puentear’ al mercado oficial con
el del ‘contado con liqui’. Limpio y legal, comme il faut, permite
comprar títulos con pesos y revenderlos por dólares en el exterior -una
linda brecha para especular a favor de la devaluación del peso y para
pagar en el país a precios de ganga con dólares repatriados a 16 pesos
la unidad. Una de las consecuencias estratégicas más relevantes de las
reestructuraciones de deuda de 2005 y 2010 fue la reafirmación de la
dependencia financiera estructural de Argentina del capital
internacional.
Pseudo estatización
Ningún medio de la prensa financiera advirtió que la decisión de subir
la tasa de depósitos bancarios a lo que sería un 23% anual, revela que
el gobierno teme que la corrida cambiaria se convierta en bancaria. La
impronunciable Moody's, una calificadora norteamericana de capitales,
alertó acerca de esta posibilidad hace dos años. Que la tasa que se paga
a los depositantes en los bancos caiga en circunstancias de inflación y
de devaluación es anormal para los economistas convencionales, porque
se supone que los dueños de los bancos deberían estar interesados en
retener a sus clientes con mejores ofertas. Sin embargo, los muy K Banco
Nación y Banco Provincia no hicieron nada de esto, malversando los
fondos que depositan las entidades públicas, incluida por ejemplo la
Anses. Es claro entonces que el conjunto del sistema bancario apuesta a
la devaluación.
La fijación de una tasa de interés por el gobierno es un principio de
estatización del sistema bancario. Por otro lado, el gobierno se
financia con adelantos del Banco Central que a éste le prestan los
bancos. Esta situación pone un tope a la tasa de interés que cobran los
bancos al Estado, porque al mismo tiempo deberían aumentar la que pagan a
sus clientes. Por otro lado, una buena porción de los créditos
bancarios están ya segmentados a favor de planes oficiales para varios
tipos de compra a plazo. Estamos en presencia de una versión deformada
de la nacionalización de depósitos, que comenzaron a pergeñar los
conservadores a principios de los 40 y luego aplicada por el primer
peronismo. La diferencia es que, hace 60 años, las reservas
internacionales desbordaban los cofres del Central. El grado de
severidad alcanzado por la crisis se mide por este grado de pseudo
estatización parcial de las operaciones bancarias. Lo que todo esto deja
en claro, de todos modos, es el elevado parasitismo del sistema
financiero.
Kicillof y Vanoli han asegurado al capital destituyente su intención de
retomar la ruta iniciada con los pagos al Club de París, Repsol y las
privatizadas que litigan en el Banco Mundial, que han sido tan onerosos
como los que reclaman los buitres. La intención es obtener fondos en el
exterior para pagar la deuda externa oficial y también la privada;
Pescarmona se debate en la quiebra luego de haber defolteado deudas por
400 millones de dólares. Este salvataje, sin embargo, no resolvería la
crisis financiera en curso sino que entraría en contradicción con ella,
esto por dos motivos, por lo menos: por un lado, la exigencia de una
devaluación y la liquidación de todos los planes y subsidios que
cuentan con un enorme respaldo estatal, y por el otro, el vaciamiento
que sufriría el sistema bancario (depósitos) para recomponer el negocio
de los banqueros.
Llegado a este punto, las opiniones de los medios financieros sobre el
corto plazo se dividen: que llega a enero y entra en otra etapa, es una,
que estalla antes, es otra. Entre los primeros se encuentra el nuevo
núcleo de poder del gobierno: Exxon, Chevron, Soros, que bancan acuerdos
con YPF.
Hay que desarrollar este tema y sus conclusiones políticas.
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