Edición
Impresa #1341
| Por Vanina Biasi
Enfrentemos la violencia social e institucional contra la mujer
Bajo el kirchnerismo, el Estado no alteró su agenda de compromiso con
el capital, que es antagónica a las principales demandas del movimiento
de mujeres. Para ello, actuó de forma muy pérfida: cooptó a una parte
del movimiento, en base al impulso de leyes supuestamente progresistas y
explotando la figura presidencial -como si su género fuera sinónimo de
defensa de las mujeres.
Diez años después, los hechos muestran los resultados de una política
que usó al programa de las mujeres como cortina de humo de un derechismo
de fondo.
El parlamento con mayoría kirchnerista aprobó la ley de Trata en el año
2008. En el fondo de aquella ley estaba la defensa de la prostitución
como trabajo y, sobre todo, la cobertura de su explotación por parte de
terceros. Bajo este argumento, la ley original planteaba que las mayores
de edad debían probar que no habían sido tratadas con consentimiento
propio, una aberración que sólo podían pergeñar personeros empeñados en
encubrir la explotación sexual. Este artículo sólo fue modificado cuando
estalló el escándalo de las absoluciones del caso Marita Verón. El
flagelo de la explotación sexual y laboral y la trata tiene dimensiones
terribles. El gobierno encubrió a los tratantes, muchos de ellos
políticos, grandes capitalistas, banqueros, jueces, policías y
funcionarios del Estado.
En igual sentido, actuó el gobierno con la ley de Violencia de Género,
aprobada en 2008 y recién reglamentada en 2010. No se destinó
presupuesto para reducir los índices de violencia y se acentuó la
inocuidad del Consejo Nacional de las Mujeres, sólo ocupado en la
difusión de la figura presidencial. Cuando implementaron alguna campaña,
impulsaron una política de transferencia de responsabilidades del
Estado a la víctima: "sacale tarjeta roja", "apretá el botón". Cálculos
extraoficiales señalan que una mujer es asesinada por día. En la mayoría
de los casos, la mujer buscó una asistencia estatal que no encontró. En
Salta, Urtubey se niega desde hace diez años a resarcir a la única
sobreviviente del caso Alderete. Pero no se privaron de colocarle a una
ley de Violencia provincial el nombre de la víctima. En cambio, en la
misma Salta, el Partido Obrero plantea que sean las propias mujeres las
que voten a los jueces y fiscales que deban atender casos de violencia
de género, en los juzgados específicos que se han creado.
El Estado justifica todo el tiempo la violencia contra las mujeres. El
caso Girat, en Mar del Plata, ha puesto de relieve el enorme
encubrimiento, no sólo judicial hacia su padre violador, sin al interior
de las Fuerzas Armadas. Un nuevo caso tiene por protagonista a un
policía de la Bonaerense, encubierto por la fuerza y por la Justicia que
acaba de absolverlo. La violencia también es una herramienta preciada
por el poder para mantener a raya a las mayorías populares, y por eso se
defiende a los abusadores y a los golpeadores.
El clero
Ningún gobierno que se pretenda "progre" puede exhibir semejante nivel
de crecimiento de la presencia clerical en los diferentes poderes del
Estado. En el plano educativo, el clero frena la educación sexual
científica y tiene el monopolio de la educación religiosa dentro de la
educación pública de algunas provincias. En nuestro país, el Vaticano
bloquea el derecho al aborto legal y tiene una presencia nunca vista en
todo el aparato de salud. Su principal conductor, el ministro Manzur, es
un representante de los grandes negocios farmacéuticos y del lobby
vaticano contra el aborto legal. En su derrumbe político, el
kirchnerismo ha reforzado a fondo sus vínculos con el clero, esperando
como contraprestación un salvavidas político desde el Vaticano.
La década kirchnerista ha dejado planteada una enorme agenda de
intervención y una gran conclusión política: el movimiento de mujeres
debe mantenerse independiente de los gobiernos y los partidos
patronales, y avanzar poniendo por delante su propia agenda de lucha. ¡A
marchar masivamente el 25!
Basta de violencia contra las mujeres. Abajo el ajuste, los despidos y
las suspensiones. Aborto legal, seguro y gratuito. Desmantelamiento de
las redes de trata. Separación de la Iglesia del Estado.
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