La intendencia de Miguel Angel Isa -Salta capital- está inmersa en una crisis indisimulable.
Isa es responsable del vaciamiento de las dependencias municipales
encargadas de la obra pública para favorecer a contratistas, los que
triplican los gastos por sobrefacturación para obras y servicios de
pésima calidad. Sostuvo este esquema con impuestos crecientes. Pobló la
municipalidad con sus personeros políticos, mientras pulverizaba la
carrera municipal y recurría al trabajo precario. Al mismo tiempo,
desarrolló un gigantesco aparato clientelar para frenar los reclamos de
los barrios. Propone pasar la salud y la educación del ámbito provincial
al municipal, lo cual implicaría una fuerte precarización. Este
esquema, que contó durante sus once años de gestión con el apoyo de
Romero y de Urtubey, viene haciendo agua. Los gobiernos nacional y
provincial redujeron sistemáticamente, en términos porcentuales, sus
aportes al presupuesto del municipio. En 2013, por ejemplo, Nación envió
70 millones menos de lo presupuestado, mientras que adeuda cuotas del
costoso Canal de los Manzanos. Una oposición cómplice, desde Romero y
Olmedo hasta Libres del Sur, apoyó siempre los pilares de esta gestión.
Giro político
Nuestra victoria en 2013 se inscribe en esta crisis y es fruto de una
firmeza programática y metodológica. Nuestro partido nunca se planteó
como un relevo administrativo del actual Estado. Siempre hemos planeado
que convocaríamos a una asamblea constituyente soberana para terminar de
raíz con un régimen de contenido antiobrero y metodología
antidemocrática.
Proponemos un gobierno basado en el Concejo legislativo, cuyos miembros
sean electos y revocables, y su remuneración no supere la de un docente
con determinada antigüedad. Este cambio suprimiría la 'redirección' de
partidas presupuestarias para ítems como la publicidad oficial y para
contratos de obras y servicios fuera del control popular. Impulsamos la
creación de consejos electos y revocables en los barrios, y la formación
de una asamblea municipal de concejos para discutir las prioridades
económicas y sociales de la gestión.
Plantearemos, en la nueva carta orgánica que redacte la asamblea
constituyente, la gestión municipal de la obra pública bajo el control
de los trabajadores y de los consejos barriales (ya hemos presentado un
proyecto para eliminar las contratistas de la obra pública menor). Sería
un golpe mortal a la corruptela; pondremos las obras que están en
ejecución bajo control obrero y vecinal. Impulsaremos la elección de
delegados de control y gestión en todos los lugares de trabajo, públicos
y privados. Planteamos acabar con la tercerización y la precariedad
laborales, encuadrando a la totalidad de los trabajadores en los
convenios colectivos. Daremos rango constitucional del municipio al
salario mínimo igual al costo de la canasta familiar. Reivindicaremos
este planteo para que la ciudadanía nos dé una mayoría en las elecciones
provinciales.
El escándalo de la refacción de las peatonales, en las que se han
gastado ya más de 20 millones de pesos para una obra que no cumple ni
con las normas de seguridad básica ni con su plano original, es
expresión máxima de la discrecionalidad y los negociados con las
contratistas. El gobierno que niega agua a los barrios periféricos,
gasta millones sin reservas a pedido de la Cámara de Comercio.
Nos proponemos terminar con el carácter regresivo del esquema
tributario municipal, que grava al dueño o inquilino de una vivienda
única, mientras exime de impuestos al especulador inmobiliario. Las
instituciones educativas privadas, sobre todo de la Iglesia, reciben
exenciones 60 veces mayores a las becas que otorgan. Aunque entre en
conflicto con la Constitución de la provincia, estableceremos la
enseñanza laica.
Una asamblea constituyente debería determinar que el salario de la
administración municipal no supere el promedio docente o de un
trabajador calificado. En esta perspectiva, hemos presentado un proyecto
por el pase a planta de los tercerizados municipales, bloqueada hasta
ahora por las maniobras de la burocracia sindical peronista. La
estabilidad para el trabajador municipal está ligada a la
municipalización de la obra pública y a la transformación del municipio
en una organización productiva.
Como punto central, proponemos que la Carta Orgánica destine una reserva de suelo urbano para la vivienda de acceso universal.
En Salta existen grandes predios que suman 700 hectáreas para la
especulación; de ellas, por lo menos un 40% deben ser destinadas a las
necesidades habitacionales imperiosas de los salteños. La construcción
de viviendas para los trabajadores pondrá fin a la desocupación, más
allá del propio municipio.
Isa, el romerismo y el olmedismo están empeñados, por el contrario, en
blindar al régimen político actual. Ellos también proponen una "reforma"
a la Carta Orgánica municipal, pero para ampliar los mandatos de los
concejales de dos a cuatro años, poner un viceintendente que vacíe las
potestades al presidente del Concejo. Se trata de una contrarreforma
para proteger la impunidad y la corruptela.
La lucha actual en el Concejo
Isa empezó 2014 promoviendo una "apertura" centroizquierdista en su
gabinete, pero termina el año con la polémica renuncia de los
representantes del centroizquierdismo y recostado en el romerismo: el
presidente del Concejo Deliberante, el defensor del Pueblo y el jefe de
Gabinete son todos romeristas. Este nuevo bloque ha encarado una campaña
macartista contra el PO, un ataque sistemático al carácter juvenil de
nuestro bloque de concejales y una sistemática adulteración de nuestros
proyectos de ordenanzas.
Pretenden cerrar el año, ahora, con un nuevo impuestazo y la creación
de un Ente Regulador de servicios municipales, lo que implica una
desregularización y su privatización. El Ente, compuesto por un
directorio puesto por el intendente, tendría que "controlar" sus propias
empresas de servicio (ya no lo haría el Concejo) y autorizar tarifazos
cuando la empresa lo requiera, sin pasar siquiera por audiencia. Por
ahora es la municipalidad, con la recaudación de impuestos, la que paga
los servicios, a excepción del alumbrado, que viene en boleta separada.
El proyecto de Isa y Romero pretende generalizar esta última modalidad y
que, en lugar de pagar el costo político de tener que votar en el
Concejo nuevos y enormes aumentos anuales de los impuestos, sea ahora
este Ente el que "readecúe" tarifas mensualmente sobre la población.
Frente a este ajuste, encaramos el último tramo del año. Además de los
proyectos mencionados, nos proponemos terminar con las multas
confiscatorias, cuyos montos crecen al ritmo del naftazo. Hemos
presentado un proyecto de moratoria para que los más de 7.000
trabajadores que vieron confiscar sus vehículos puedan recuperarlos.
Planteamos, además, que las multas no sean monetarias (confiscatorias) a
través de un plan de cursos, talleres obligatorios, etc.
Otro tema de debate es el vaciamiento de las dependencias, que continúa
sin cesar. Han propuesto una ordenanza para afianzar más los negocios
privados en los cementerios, la cual hemos modificado integralmente
junto a la presión obrera. Ahora, con los trabajadores de los
cementerios como vanguardia, nos planteamos movilizar a los municipales
para exigir el cumplimiento de las resoluciones impulsadas por el PO
para el reequipamiento municipal y la mejora de las condiciones
laborales.
La privatización de las dependencias es repudiada por la población y
los trabajadores, porque ya muestra su carácter de negociado. El caso
emblemático es la empresa recolectora de residuos, Agrotécnica Fueguina
(la cual se lleva uno de cada cinco pesos que entra a la municipalidad),
que es responsable de las enfermedades de los vecinos de zona sudeste.
Hicimos inspecciones al vertedero junto a reconocidos expertos de la
universidad pública y con los barrios aledaños propusimos proyectos de
sanciones a las empresas y una auditoría ambiental.
Estamos desenvolviendo una agitación en los barrios por estos temas.
Vamos a redoblar esfuerzos para derrotar los planes ajustadores y
generar mejores perspectivas para los trabajadores en esta lucha por el
poder en la ciudad de Salta. Estamos ante un desafío histórico.
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