El anuncio de que se enviará al Congreso una nueva ley de
telecomunicaciones que permite este beneficio para las empresas
telefónicas no debería sorprender a nadie. Forma parte de la hoja de
ruta original trazada por el kirchnerismo. Cuando Cristina Kirchner
declaró que "no se podía tapar el sol con las manos" había dejado en
claro que seguía firme su objetivo de permitirle a las empresas
telefónicas participar del negocio audiovisual. Aclaraba, para quien
quisiera oirla, que la exclusión de esa posibilidad en la redacción de
la ley de medios era sólo temporal, una concesión transitoria a sus
aliados de centroizquierda que necesitaban ser engañados.
A sabiendas de esto, los propios funcionarios que debieron aplicar la
ley de medios en estos años evitaron hacer cumplir los artículos que
ordenaban la desinversión de las telefónicas en las empresas de medios
de comunicación. El ´democratizador´ Sabbatella, por ejemplo, se hizo
olímpicamente el otario para permitrle a Telefónica seguir manejando
Telefé. Estaban esperando el momento para reformar la ley y habilitarle
el privilegio a estos monopolios socios del gobierno.
El anuncio de la nueva ley, sin embargo, se produce en otras
condiciones políticas, y para congraciar a nuevos aliados. Resulta
evidente que detrás de la negociación del gobierno con Repsol y del
respaldo de España para negociar el default con el Club de París estaba
sobre la mesa la reforma de ley de telecomunicaciones para que
Telefónica, no sólo mantenga Telefé, sino que pueda avanzar aún más en
el negocio audivisual. Otro tanto vale para Telecom, cuyo capital
accionario minoritario acaba de ser adquirido por uno de los principales
apoyos del gobierno, el fondo buitre Fintech del mexicano David
Martínez. Con esta ley, a Telecom se le abren nuevas perspectivas
comerciales. No es casualidad, por lo tanto, que luego del anuncio las
acciones de ambas companías subieran en la Bolsa.
El proyecto de ley de telecomunicaciones no sólo modifica parcialmente
la ley de medios en lo que refiere a la participación de las
telefónicas. Además, teniendo en cuenta que éstas son controladas por el
capital internacional, abre las puertas para que el negocio audiovisual
sea manejado por empresas extranjeras. Viniendo de un gobierno que se
autodenomina como "nacional y popular" no es poca cosa.
El gobierno justifica esta concesión a los monopolios telefónicos con
el argumento que "favorece la competencia". Se trata, claro, de un
cambio de discurso ya que hasta ahora el gobierno insistía que el
mercado no era quien debía regular la distribución del negocio
audivisual, y que las empresas más grandes imponían sus condiciones.
Este argumento, válido para Clarín, lo es aún más para las empresas
telefónicas, que tienen una facturación diez veces superior a la del
grupo de Magnetto.
Los defensores de la nueva ley se escudan diciendo que no hay que
confundir la distribución de contenidos con su elaboración. Pero se
trata de una trivialidad. La disputa sobre la conformación de la grilla,
que ha llegado a la Justicia, es la prueba palmaria que esa división
entre distribución y elaboración no supera la prueba de la realidad. A
través del uso de sus propias redes, las empresas benefician a ciertos
canales sobre otros. En el caso de Telefónica esto se verá agravado
porque ella misma tiene varios canales de TV.
Para compensar el peso enorme de la concesión a las telefónicas, el
kirchnerismo argumenta que la nueva ley le reserva al Estado la
atribución de fijar tarifas y habilita el uso universal de las redes
instaladas. Sin embargo, en el futuro la cláusula sobre las tarifas
podrá ser anulada, del mismo modo que ahora se anula la prohibición que
regía para la participación de las telefónicas en el mercado audivisual.
Mientras tanto, el tarifazo estará a cargo del gobierno, como ya
ocurre con las naftas, el gas y la electricidad. Por otra parte el uso
universal de las redes no asegura igualdad de competencia. El poder
financiero de las telefónicas pondrá las cosas en su lugar.
La nueva ley enviada por el gobierno confirma hasta el detalle nuestra
caracterización de que la ley de medios apuntaba a un nuevo reparto
capitalista de los medios de comunicación, vinculado al negocio
audivisual y comunicacional.
El rechazo a este proyecto de ley cobra un carácter político. Se trata
de desarrollar una oposición a un gobierno que quiere atravesar sus
últimos meses respaldado por Chevrón, Soros, Telefónica y los fondos
buitres ´buenos´, como Fintech de David Martínez.
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