Edición
Impresa #1340
| Por Franco Carril
El fallo de la Corte Suprema que actualiza una parte de las
jubilaciones -la llamada PBU o Prestación Básica Universal- es un
fraude. Fue hecha a medida del gobierno y por eso en la Anses, la
sentencia firmada por Lorenzetti y acompañada entre otros por Raúl
Zaffaroni provocó festejos.
Es un fraude, porque la sentencia revoca la sentencia de la Sala I de
la Cámara de la Seguridad Social que ordenaba ajustar la PBU -cuyo monto
estuvo congelado en 200 pesos hasta febrero de 2009- por el índice
Badaro más la movilidad posterior. Eso llevaba la PBU a 2.600 pesos,
cuando actualmente es de 1.526 como un derecho de todos los jubilados.
En su lugar, la Corte autoriza un reajuste limitado sólo al período que
va de enero 2002 hasta febrero de 2009, y sólo si el jubilado puede
demostrar, en la etapa de liquidación, que por no realizar ese ajuste
tuvo un perjuicio de más del 15% sobre el total del haber cuando se le
otorgó el haber inicial. La perfidia de la Corte es completa, porque le
parece razonable un perjuicio de hasta el 15% que, por otra parte,
elimina a más del 80% de los jubilados y pensionados de efectuar un
reclamo similar porque la PBU es una proporción menor del haber total.
Incluso al que hizo la demanda que llegó a la Corte -Carlos Quiroga- por
la aplicación de la sentencia no le corresponde ningún ajuste.
A la gran mayoría del restante 20% tampoco le corresponde ningún
ajuste, porque son jubilados por moratoria que obtuvieron la jubilación
mínima cuando les hubieran correspondido un haber inferior. En esos
casos, la Anses ya compensó o absorbió la falta de ajuste por la
diferencia.
Que todo esto es un fraude mayor lo revela el ultrakirchnerista
Página/12: "Fuentes de la Anses consultadas por este diario se
manifestaron conformes con el fallo, porque la Corte aceptó el punto
central de su apelación. Pero la satisfacción mayor en el organismo
previsional fue el reconocimiento explícito del máximo tribunal sobre la
falta de rigor en sentencias de tribunales inferiores en casos de
jubilados".
También hay que recordar que la Corte sigue sin pronunciarse -y ya van
más de tres años- en relación a la demanda de la Defensoría del Pueblo
que pidió extender a todos los jubilados, hayan hecho o no juicio, el
ajuste autorizado en el caso Badaro. La Corte especula con la menor
expectativa de vida de los jubilados, lo que los retrata de cuerpo y
alma.
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