El 30 de diciembre próximo se cumplirán diez años de la masacre de
Cromañón. De un modo brutal, Cromañón sacó a la luz al entrelazamiento
entre la industria capitalista del espectáculo y el Estado que responde a
sus intereses. En la Ciudad, se había institucionalizado una verdadera
“zona liberada” para los empresarios de la noche, con la protección de
funcionarios y comisarios. La juventud pagó con centenares de vidas esta
indefensión, organizada desde el gobierno de Ibarra.
La crisis política de Cromañón marcó otra de las borradas del
matrimonio Kirchner, que permaneció en silencio y recluido en El
Calafate durante 4 días. La palabra Cromañón, como ocurriría también con
Luciano Arruga, Julio López y con la otra masacre de Once, la del
ferrocarril Sarmiento, fueron desaparecidas de la boca de los máximos
referentes políticos kirchneristas. Hasta donde pudo, Kirchner se empeñó
en rescatar políticamente a Ibarra, uno de sus principales aliados.
A días de la masacre, Ibarra designaba a Juan José Alvarez, ex Side
bajo la dictadura y responsable del asesinato de Maxi y Darío en el
Puente Pueyrredón, como secretario de Seguridad. “Su designación fue
aprobada por el presidente Néstor Kirchner” relataba Horacio Verbitsky
en Página/12 (6/1º/05). Lejos de cuestionar a Ibarra, el kirchnerismo
aprobaba su blindaje represivo, para hacer frente al principio de
rebelión popular que desató la masacre.
El esfuerzo del kirchnerismo por salvar a Ibarra no se detuvo allí.
Kirchner llevó a todos los actos oficiales al “amigo Aníbal”, y se lanzó
a una carrera desembozada para borocotizar a los legisladores que
integraban la “sala juzgadora” del juicio político. La movilización
popular enfrentó todas estas maniobras, y quebró la tentativa oficial de
que Ibarra fuera políticamente absuelto. En noviembre de 2005, el jefe
de gobierno fue suspendido. Ese mismo día el local central del PO era
incendiado, mientras los voceros ibarristas nos atacaban por haber
acompañado a los familiares de Cromañón en toda la lucha política y
legislativa que condujo a la suspensión de Ibarra. Ese apoyo, en verdad,
estuvo presente desde el mismo día de la masacre. En marzo de 2006,
Ibarra era destituido, en medio de importantes movilizaciones populares.
Telerman, el representante más genuino de la cámara de empresarios de
boliches, lo sucedería: el régimen político había echado lastre frente a
la intervención popular, pero sólo para preservar los intereses
privatistas defendidos por ellos. Dos meses después, la jueza Crotto
sobreseía a Ibarra sin siquiera citarlo a declarar, y preparaba el
salvataje judicial que sucedió al revés político del intendente K.
“Vidas por poder”
Cromañón significó el derrumbe de la gestión centroizquierdista o
seudoprogresista en la Ciudad, que intentó conciliar la retórica
democrática con la preservación de los intereses capitalistas. El
derechista Macri no tuvo necesidad de alterar el régimen económico y
social que construyeron los Ibarra-Telerman, responsables de la
instalación privilegiada del casino flotante, de la explotación juvenil
en los call centers, la proliferación de talleres esclavistas o la
Corporación del Sur, que Ibarra hizo aprobar en el año 2000 para
viabilizar la privatización de tierras en esa zona de la Ciudad. La
crisis de Cromañón reveló la defraudación completa que significó Zamora.
El bloque que había consagrado ocho legisladores terminó con uno solo, y
con una política abstencionista en la lucha por la destitución de
Ibarra que los familiares repudiaron vivamente. Su diputado Romagnoli
estuvo a punto de renunciar a la comisión de juicio político, lo que
hubiera viabilizado la absolución de Ibarra, y no lo hizo como resultado
de la presión de los familiares.
En 2008 comenzaba un juicio contra Chabán, músicos, policías, bomberos y
algún funcionario. Pero no tenía entre los acusados a Aníbal Ibarra y
su círculo ni al funcionario y empresario de boliches Jorge Telerman. El
empresario Levy, dueño del boliche, de prostíbulos y de venta de ropa
con métodos esclavistas, todavía zafaba de la Justicia.
El 19 de agosto de 2009 fueron leídas las sentencias contra Chabán,
tres funcionarios, policías y músicos. Con el correr del tiempo, se
incluyó en la penalización a la banda Callejeros, a los funcionarios se
les impuso penas menores y luego sobrevendría la cárcel efectiva al
recientemente fallecido Chabán. La Justicia encubrió al régimen
político: convirtió a la masacre en un “estrago culposo”, en medio del
silencio de oficialistas y opositores. Ya bajo el macrismo, el desastre
del boliche Beara no sólo reprodujo las razones de Cromañón, sino que la
justicia también sobreseyó al conjunto de los funcionarios implicados.
A diez años de Cromañón, la conciencia sobre el entramado social y
político que llevó a la muerte a nuestra juventud sigue marcando a fuego
la lucha política en la Ciudad. El macrismo ha reforzado la orientación
social que condujo a Cromañón. Sus opositores del kirchnerismo o del
Unen, en pactos permanentes con el PRO, albergan en sus filas a los
sobrevivientes políticos del ibarrismo (comenzando naturalmente por el
propio Ibarra). Como nunca, la lucha y las banderas de Cromañón están
asociadas al desarrollo de una alternativa anticapitalista y de
izquierda en la Ciudad. Es la batalla que venimos dando desde la banca
del Frente de Izquierda.
Los pibes de Cromañón, ¡presentes!
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