El ‘optimismo’ acerca de un arreglo con los fondos buitre va perdiendo
aire. De acuerdo con la mayor parte de los trascendidos, el gobierno
reclamaría, por un lado, que el acierto de cuentas se haga con la
totalidad de los acreedores que quedaron afuera de la reestructuración
de deuda y, por el otro, que se acepte una quita sobre el monto total,
que para el gobierno debería igualar a la que se estableció con el 93%
de los acreedores. En otro planteo, ha introducido la variante de no
admitir el pago de intereses acumulados y punitorios -o sea que
acordarían sobre el monto del valor nominal de la deuda. Argumenta que
la deuda pendiente total ascendería a 20.000 millones de dólares, a la
que reputa “impagable”, porque colocaría en incapacidad de pago al resto
de la deuda externa.
¿Tenemos entonces litigio hasta el final del mandato?
Los fondos buitre han producido también un cambio sutil de posición. No
reclaman ya la ejecución del fallo de Griesa -el pago total e inmediato
de la deuda impaga, con sus intereses y punitorios-, sino que
aceptarían un arreglo a lo Repsol: el pago integral de la deuda en
bonos, los cuales se cotizan en el mercado debajo de su valor par. La
quita oscilaría, en este caso, en un 20%, aunque con una salvedad: esta
quita quedaría compensada por el aumento de valor que registraría el
conjunto de los títulos de la deuda argentina en caso de arreglo.
La pulseada entre estas dos posiciones se encuentra afectada por el
hecho de que Argentina tiene vencimientos de deuda, en 2015, por más de
15.000 millones de dólares, que no podría pagar con el nivel actual de
reservas y el escaso superávit del comercio exterior. Tampoco podría
hacer llegar los pagos que hiciera a sus destinatarios, esto por el
bloqueo de las cuentas en el banco pagador, el Bank of New York. Si no
se hicieran efectivos estos pagos, por cualquiera de las dos razones,
los acreedores regulares podrían pedir una “aceleración” -o sea el pago
inmediato de la totalidad de la deuda externa de Argentina. Esto
provocaría un defol generalizado. La “aceleración” zanjaría todo el
impasse por medio de una generalizada cesación de pagos.
Frente a esta crisis de la negociación con los ‘buitres’, el gobierno
enunció algunas alternativas. Una es el apoyo a las reservas argentinas
por parte de China, pero esto no resuelve el bloqueo de pago establecido
por Griesa ni tampoco representa un monto suficiente para encarar los
vencimientos de 2015 y para salir de la cuotificación de importaciones
que paraliza a la industria. Ese swap tiene un ‘inconveniente’
adicional, porque ha impuesto una suerte de libre importación desde
China en perjuicio de Brasil. La ‘entente’ con la primera lleva a la
ruptura con el segundo. La otra alternativa es reestructurar los pagos
de 2015 con las llamadas ‘inversiones institucionales’, en referencia a
bancos locales, compañías de seguros y Anses, de modo de poder pagar a
los acreedores del exterior -aunque, de nuevo, con cuentas bloqueadas
por Griesa. Esta variante confirmaría que el sistema jubilatorio se
convertiría en el tacho de basura de la deuda de Argentina, como ocurre
ya con los 70.000 millones de dólares que se deben al Banco Central.
En medio de todo esto, el gobierno ha aumentado la deuda pública con
bonos ajustados al dólar. Para proseguir por este camino, K y K deberían
asegurar una devaluación del peso de un 30% anual, aproximadamente; de
lo contrario, los tenedores se van a deshacer de esos bonos, bloqueando
la posibilidad de nuevas emisiones. Esto obligaría al gobierno a
financiar el gasto con emisiones de moneda y a enfrentar una inflación
fenomenal.
Las manos atadas
El conjunto de estas contradicciones ata las manos del gobierno y de
los ‘buitres’ para llegar a un arreglo, y explica la reticencia a ello.
Ocurre que el atractivo de aceptar una quita mayor, por parte de esos
‘buitres’, reside en que el arreglo produzca una valorización de la
deuda de Argentina y, así, una ganancia enorme para los acreedores de
los diversos tipos de bonos. Pero esta posibilidad ha perdido fuerza con
el giro operado en la crisis mundial con la caída espectacular de los
precios del petróleo, que amenaza con quebrar a varios países, en
especial Rusia, Venezuela y Brasil, e incluso a media industria de
combustible no convencional de Estados Unidos. Para que la deuda de
Argentina conserve su atractivo sería necesario que un arreglo sea
acompañado por un ajustazo. Gran dilema, porque los K buscarían un
arreglo precisamente por lo contrario: para seguir con una regulación
que evite el estallido de la crisis. Todas las entidades empresarias,
sin embargo, han aumentado la presión para que se ‘desregule’ la
economía, en especial el ‘cepo’ y también las tarifas subsidiadas.
La agenda de 2015 no registra solamente un calvario judicial para CFK,
Boudou y algunos más, sino el estallido del desequilibrio extremo de la
economía. Es necesario un ‘ajustazo’, de eso no hay la menor duda: pero
que deben pagar los capitalistas, no los trabajadores. Esta es la
cuestión política de fondo, plantea, en última instancia, una cuestión
de poder.
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