10 DE DICIEMBRE, MOVILIZACION EN CONGRESO
Un reciente fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación ordenó
que la causa en la que se investiga la desaparición de un estudiante
neuquino en 2003, Sergio Avalos, sea llevada adelante como "desaparición
forzada de personas", en lugar de la carátula "averiguación de
paradero".
El de Avalos sería el tercer caso de los desaparecidos en democracia
incorporado bajo esa figura que reconoce la participación del Estado y
sus fuerzas de seguridad en la desaparición. Antes del caso de Avalos,
se produjo el de Iván Torres, desaparecido en Chubut también en 2003, y
el de Luciano Arruga, hasta la aparición de sus restos en octubre de
este año.
De acuerdo con el relevamiento de los organismos de derechos humanos,
son más de 200 los casos de desaparecidos en democracia. Que sólo sean
tres los que la Justicia ha ordenado investigar como "desaparición
forzada" revela el grado de impunidad con el que actúan la policía y sus
bandas asociadas.
En todos los casos, el cambio de calificación fue el resultado de una
intensa lucha por parte de los familiares, compañeros y organizaciones.
La modificación de la carátula para Luciano Arruga llegó recién en 2013
-es decir, cuatro años después de su desaparición. En el caso de Julio
López todavía no se ha llegado ni siquiera a eso. Las filas de la
Bonaerense, responsable de su desaparición, jamás fueron indagadas y los
únicos investigados son los funcionarios judiciales que juzgaron al
genocida Miguel Etchecolatz y las abogadas de López, por no haber tomado
los recaudos para cuidarlo. La denuncia fue impulsada por el hijo de
López -de militancia oficialista- y es funcional al encubrimiento de las
responsabilidades políticas del gobierno, que ha abandonado toda
búsqueda.
Multitudinaria movilización
En los últimos días, en la ciudad de Rosario, se llevó adelante una
multitudinaria movilización por la desaparición del joven Franco Casco,
ocurrida en octubre de este año luego de ser detenido por la policía
local y finalmente encontrado muerto en el Río Paraná. Su familia
reclama la calificación de "desaparición forzada".
Por otro lado, el crecimiento incesante del narcotráfico y las redes de
trata, que cuentan con la participación y encubrimiento de las fuerzas
represivas y judiciales del Estado, agravan la situación. Es el caso del
triple crimen de Villa Moreno, ocurrido en Rosario en 2012, en el que
fueron asesinados tres militantes del FPDS, dejando al descubierto la
trama de complicidad policial con el narcotráfico.
CFK afirmó que "hoy nadie puede desaparecer". El gobierno se pronuncia
una y otra vez desconociendo la existencia de desaparecidos en
democracia. Por eso, echa mano sobre el Banco Nacional de Datos
Genéticos restringiendo su competencia exclusivamente a los casos de
lesa humanidad anteriores al 10 de diciembre de 1983.
Detrás del gatillo fácil, los crímenes sociales como Cromañón, las
inundaciones de 2013, la masacre de Once, el crimen de nuestro compañero
Mariano Ferreyra, se encuentra la mano del Estado y su trama de
complicidades.
Una lucha consecuente debe unificar en un gran movimiento nacional a la lucha contra la impunidad de ayer y de hoy.
Es en este marco que llamamos a organizar una gran jornada el próximo
10 de diciembre, día en que los familiares de víctimas de la impunidad y
organizaciones llevarán a cabo una movilización al Congreso Nacional y
otros puntos del país.
Aparición con vida de todos los desaparecidos en democracia.
Desmantelamiento de las redes de trata. Desmantelamiento del aparato
represivo. Basta de "gatillo fácil". Reorganización integral de la
seguridad sobre nuevas bases. Juicio y castigo a todos los responsables
de los crímenes contra el pueblo.
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