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miércoles, 3 de diciembre de 2014

Desaparecidos en democracia

Edición Impresa #1342 | Por Valeria (Apel)
 
10 DE DICIEMBRE, MOVILIZACION EN CONGRESO

Un reciente fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación ordenó que la causa en la que se investiga la desaparición de un estudiante neuquino en 2003, Sergio Avalos, sea llevada adelante como "desaparición forzada de personas", en lugar de la carátula "averiguación de paradero".
 
El de Avalos sería el tercer caso de los desaparecidos en democracia incorporado bajo esa figura que reconoce la participación del Estado y sus fuerzas de seguridad en la desaparición. Antes del caso de Avalos, se produjo el de Iván Torres, desaparecido en Chubut también en 2003, y el de Luciano Arruga, hasta la aparición de sus restos en octubre de este año.
 
De acuerdo con el relevamiento de los organismos de derechos humanos, son más de 200 los casos de desaparecidos en democracia. Que sólo sean tres los que la Justicia ha ordenado investigar como "desaparición forzada" revela el grado de impunidad con el que actúan la policía y sus bandas asociadas.
 
En todos los casos, el cambio de calificación fue el resultado de una intensa lucha por parte de los familiares, compañeros y organizaciones. 
 
La modificación de la carátula para Luciano Arruga llegó recién en 2013 -es decir, cuatro años después de su desaparición. En el caso de Julio López todavía no se ha llegado ni siquiera a eso. Las filas de la Bonaerense, responsable de su desaparición, jamás fueron indagadas y los únicos investigados son los funcionarios judiciales que juzgaron al genocida Miguel Etchecolatz y las abogadas de López, por no haber tomado los recaudos para cuidarlo. La denuncia fue impulsada por el hijo de López -de militancia oficialista- y es funcional al encubrimiento de las responsabilidades políticas del gobierno, que ha abandonado toda búsqueda. 
 
Multitudinaria movilización
 
En los últimos días, en la ciudad de Rosario, se llevó adelante una multitudinaria movilización por la desaparición del joven Franco Casco, ocurrida en octubre de este año luego de ser detenido por la policía local y finalmente encontrado muerto en el Río Paraná. Su familia reclama la calificación de "desaparición forzada".
 
Por otro lado, el crecimiento incesante del narcotráfico y las redes de trata, que cuentan con la participación y encubrimiento de las fuerzas represivas y judiciales del Estado, agravan la situación. Es el caso del triple crimen de Villa Moreno, ocurrido en Rosario en 2012, en el que fueron asesinados tres militantes del FPDS, dejando al descubierto la trama de complicidad policial con el narcotráfico.
CFK afirmó que "hoy nadie puede desaparecer". El gobierno se pronuncia una y otra vez desconociendo la existencia de desaparecidos en democracia. Por eso, echa mano sobre el Banco Nacional de Datos Genéticos restringiendo su competencia exclusivamente a los casos de lesa humanidad anteriores al 10 de diciembre de 1983.
 
Detrás del gatillo fácil, los crímenes sociales como Cromañón, las inundaciones de 2013, la masacre de Once, el crimen de nuestro compañero Mariano Ferreyra, se encuentra la mano del Estado y su trama de complicidades.
 
Una lucha consecuente debe unificar en un gran movimiento nacional a la lucha contra la impunidad de ayer y de hoy.
 
Es en este marco que llamamos a organizar una gran jornada el próximo 10 de diciembre, día en que los familiares de víctimas de la impunidad y organizaciones llevarán a cabo una movilización al Congreso Nacional y otros puntos del país.
 
 
Aparición con vida de todos los desaparecidos en democracia.
 
Desmantelamiento de las redes de trata. Desmantelamiento del aparato represivo. Basta de "gatillo fácil". Reorganización integral de la seguridad sobre nuevas bases. Juicio y castigo a todos los responsables de los crímenes contra el pueblo.
 

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