En la pasada sesión de la Legislatura se votaron leyes relacionadas con
villas, asentamientos y complejos habitacionales. La primera “agiliza”
los trámites para la escrituración en viviendas o barrios administrados
por el Instituto de Vivienda. La segunda es la subdivisión de tierras en
una villa -Cildañez- con vistas a una futura escrituración.
Ambos proyectos forman parte de una definida estrategia del macrismo:
después de la “titularización”, el Estado deja a estos barrios librados a
su suerte. En el caso de los complejos habitacionales, se saca de
encima la tarea de refaccionar o incluso reconstruir edificios
semidestruidos, en los que no puso un centavo durante décadas. En las
villas, la “titularización” no viene acompañada por la transformación de
la villa en un barrio; por el contrario, el macrismo se opone
cerradamente a cumplir las leyes de urbanización votadas por la
Legislatura.
En ese cuadro, la entrega de títulos consolida las relaciones sociales
que la villa viene sancionando en los últimos años, con propietarios ‘de
hecho’ que construyen viviendas para alquilar, por un lado, y miles de
inquilinos expoliados, por el otro. Los narcos son uno de los
principales inversores de este negocio, construido a partir de la
penuria de vivienda en toda la Ciudad. Los inquilinos villeros, en
muchos casos, vivían en departamentos, pensiones u hoteles, y dejaron de
hacerlo al no poder pagar alquiler o no poder reunir las garantías
necesarias.
Pero la “titularización sin urbanización” tiene otro propósito
estratégico: a futuro, la escrituración selectiva le permitirá al
Estado, o a privados, comprarle los lotes a los propietarios villeros, y
reorientar el destino del suelo en función de emprendimientos
inmobiliarios de otro carácter. La negativa a urbanizar está relacionada
con este propósito final, pues el hacinamiento y la ausencia de
servicios esenciales termina empujando al villero a desprenderse de su
lote y a comprar una vivienda muy lejos de la Capital. Esta estrategia
expulsiva está muy presente, sobre todo, en la Villa 31, que se asienta
sobre los terrenos más codiciados de la Ciudad. La política de
“titularización” aceita la cooptación selectiva del Estado sobre ciertos
núcleos villeros: por esa vía, los partidos capitalistas reclutan a los
elementos mafiosos y ligados al narcotráfico y otros negocios, y los
convierten en sus agentes al interior de las villas.
Todo esto lo señalamos en nuestra intervención en la Legislatura: a la
política del macrismo, le opusimos un planteo integral de urbanización
de villas, que asegure el derecho a la vivienda para el conjunto de sus
habitantes y, en ese cuadro, la titularización.
El kirchnerismo, que circunstancialmente se opuso a estas leyes,
comparte esa orientación de fondo: “nada que ver con construcción”, dijo
recientemente la Presidenta al referirse a un plan de supuesta
urbanización de cien villas y asentamientos a escala nacional, y donde
la “integración al tejido urbano” supone solamente obras de carácter
cosmético, por caso.
En la votación de estas leyes, el PRO contó con el apoyo de Unen pero,
principalmente, del partido de Pino Solanas, que preside la comisión de
vivienda de la Legislatura y fundamentó a favor de estos proyectos
expulsivos. El sometimiento al macrismo del progresismo
antikirchnerista, al cual contribuyeron a inflar varios ‘izquierdistas’
en 2011, es cada vez más ostensible.
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