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sábado, 14 de febrero de 2015

A nueve años del crimen de Paulina

Edición Impresa #1350 | Por Daniel Blanco
 
TUCUMAN

La fecha del 26 de febrero ya es un emblema de la lucha contra la impunidad en Tucumán. Este año, la movilización se produce cuando empieza a derrumbarse el encubrimiento del crimen de Paulina. Altos funcionarios policiales y de Seguridad al borde del juicio oral.
 
El próximo 26 de febrero se van a cumplir nueve años del crimen, aún impune, de Paulina Lebbos. Por ese motivo se convoca, como viene ocurriendo en los últimos años, a un acto y movilización a la plaza Independencia.
 
El 26 de febrero se ha ido transformando en una fecha emblemática para las denuncias contra todo tipo de crímenes y atropellos impunes en los que está implicado, de una u otra manera, el poder político.
 
En esta oportunidad, la convocatoria va a cumplirse en una doble jornada. El 25 se va a realizar un encuentro con delegaciones de familiares y de comisiones de familiares de casos impunes de diferentes lugares del país, que se van a hacer presente, el que servirá no sólo para hacer un inventario de la situación de las distintas causas, sino también (y principalmente) para emitir un pronunciamiento frente a la situación de conjunto y resolver una agenda de lucha coordinada. El 26, la jornada será de largo aliento, con un acto en la plazoleta de la zona del Abasto, donde desapareció Paulina, una radio abierta en la plaza Independencia por la tarde y a la noche el acto de cierre, la marcha popular y el festival con artistas solidarios.
 
 
Paulina
 
Desde el mismo día del crimen se montó todo un engranaje dirigido a encubrirlo. Jueces, fiscales, jefes policiales, funcionarios, todos protegidos desde lo más alto del poder político provincial, tomaron medidas dirigidas a impedir el esclarecimiento del crimen.
 
Las denuncias y la lucha llevada adelante en estos años han permitido ir derrumbando todo este "muro de impunidad". Ya hay tres jefes policiales condenados por encubrimiento. Varios funcionarios judiciales tuvieron que retirarse de sus tareas. Y ahora sería inminente la elevación a juicio oral la causa principal de encubrimiento del crimen, en la que están imputados los más altos funcionarios policiales y del Ministerio de Seguridad de aquel entonces. 
 
Con este paso judicial, la causa puede dar un salto capaz de llevar al banquillo de los acusados a lo más alto del poder político. Cada imputado en su defensa no ha podido esquivar los cargos y se ha defendido en nombre de la obediencia debida.
 
 
Descomposición política
 
La convocatoria se realiza en un momento de acelerada descomposición del régimen político en su conjunto, tanto nacional como provincial. El caso Nisman está en el centro del debate nacional. A su vez, el crimen organizado aparece asociado cada vez más -o protegido- a los poderes del Estado (la Justicia, las fuerzas represivas, los servicios).
 
Esta descomposición del régimen político tiene su correlato en el proceso de disgregación que corroe a las filas del oficialismo alperovichista, con la fractura y la fuga de dirigentes al campo de la oposición. La más reciente es la decisión del actual intendente Amaya, de la capital, que se presentará como candidato por fuera del PJ.
 
En el campo de la oposición, el Acuerdo Cívico (UCR, PS, Libres del Sur, DC, ARI, y otros grupos provinciales), liderado por el diputado nacional radical José Cano, ha decidido jugar sus chances,
promoviendo un gran acuerdo con Massa y Macri, sin dejar de lado al amayismo -e incluso al propio bussismo.
 
Cano ha venido agitando en nombre de la inseguridad la salida clásica de la derecha: el reforzamiento de los aparatos represivos y de espionaje, así como la defensa de un sistema judicial antidemocrático y mafioso.
 
En contraposición a ello, las jornadas del 25 y 26 tienen servir para elevar la comprensión de los trabajadores y los sectores populares, acerca de la necesidad de acabar con el régimen de impunidad que han montado Alperovich y compañía, apuntando a reclamar que se abran todos los archivos policiales y del D2 (servicio de inteligencia), que se disuelvan los servicios de inteligencia, se declare la emergencia de los derechos humanos y se habilite la interpelación pública del gobernador y los principales funcionarios del Ministerio de Seguridad sobre las causas impunes.
 

1 comentario:

lamansiondelpc dijo...

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