TUCUMAN
La fecha del 26 de febrero ya es un emblema de la lucha contra la
impunidad en Tucumán. Este año, la movilización se produce cuando
empieza a derrumbarse el encubrimiento del crimen de Paulina. Altos
funcionarios policiales y de Seguridad al borde del juicio oral.
El próximo 26 de febrero se van a cumplir nueve años del crimen, aún
impune, de Paulina Lebbos. Por ese motivo se convoca, como viene
ocurriendo en los últimos años, a un acto y movilización a la plaza
Independencia.
El 26 de febrero se ha ido transformando en una fecha emblemática para
las denuncias contra todo tipo de crímenes y atropellos impunes en los
que está implicado, de una u otra manera, el poder político.
En esta oportunidad, la convocatoria va a cumplirse en una doble
jornada. El 25 se va a realizar un encuentro con delegaciones de
familiares y de comisiones de familiares de casos impunes de diferentes
lugares del país, que se van a hacer presente, el que servirá no sólo
para hacer un inventario de la situación de las distintas causas, sino
también (y principalmente) para emitir un pronunciamiento frente a la
situación de conjunto y resolver una agenda de lucha coordinada. El 26,
la jornada será de largo aliento, con un acto en la plazoleta de la zona
del Abasto, donde desapareció Paulina, una radio abierta en la plaza
Independencia por la tarde y a la noche el acto de cierre, la marcha
popular y el festival con artistas solidarios.
Paulina
Desde el mismo día del crimen se montó todo un engranaje dirigido a
encubrirlo. Jueces, fiscales, jefes policiales, funcionarios, todos
protegidos desde lo más alto del poder político provincial, tomaron
medidas dirigidas a impedir el esclarecimiento del crimen.
Las denuncias y la lucha llevada adelante en estos años han permitido
ir derrumbando todo este "muro de impunidad". Ya hay tres jefes
policiales condenados por encubrimiento. Varios funcionarios judiciales
tuvieron que retirarse de sus tareas. Y ahora sería inminente la
elevación a juicio oral la causa principal de encubrimiento del crimen,
en la que están imputados los más altos funcionarios policiales y del
Ministerio de Seguridad de aquel entonces.
Con este paso judicial, la causa puede dar un salto capaz de llevar al
banquillo de los acusados a lo más alto del poder político. Cada
imputado en su defensa no ha podido esquivar los cargos y se ha
defendido en nombre de la obediencia debida.
Descomposición política
La convocatoria se realiza en un momento de acelerada descomposición
del régimen político en su conjunto, tanto nacional como provincial. El
caso Nisman está en el centro del debate nacional. A su vez, el crimen
organizado aparece asociado cada vez más -o protegido- a los poderes del
Estado (la Justicia, las fuerzas represivas, los servicios).
Esta descomposición del régimen político tiene su correlato en el
proceso de disgregación que corroe a las filas del oficialismo
alperovichista, con la fractura y la fuga de dirigentes al campo de la
oposición. La más reciente es la decisión del actual intendente Amaya,
de la capital, que se presentará como candidato por fuera del PJ.
En el campo de la oposición, el Acuerdo Cívico (UCR, PS, Libres del
Sur, DC, ARI, y otros grupos provinciales), liderado por el diputado
nacional radical José Cano, ha decidido jugar sus chances,
promoviendo un gran acuerdo con Massa y Macri, sin dejar de lado al amayismo -e incluso al propio bussismo.
Cano ha venido agitando en nombre de la inseguridad la salida clásica
de la derecha: el reforzamiento de los aparatos represivos y de
espionaje, así como la defensa de un sistema judicial antidemocrático y
mafioso.
En contraposición a ello, las jornadas del 25 y 26 tienen servir para
elevar la comprensión de los trabajadores y los sectores populares,
acerca de la necesidad de acabar con el régimen de impunidad que han
montado Alperovich y compañía, apuntando a reclamar que se abran todos
los archivos policiales y del D2 (servicio de inteligencia), que se
disuelvan los servicios de inteligencia, se declare la emergencia de los
derechos humanos y se habilite la interpelación pública del gobernador y
los principales funcionarios del Ministerio de Seguridad sobre las
causas impunes.
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