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lunes, 9 de febrero de 2015

El sistema político se declara "incompetente"

Edición Impresa #1349 | Por Jorge Altamira

Que los jueces se declaren "incompetentes", uno tras otro, para tomar la denuncia del fiscal Nisman contra el gobierno, demuestra que la crisis no puede encontrar respuesta en los estrados judiciales, al mismo tiempo que los K y la "opo" bloquean la interpelación televisada del gobierno en el recinto del Congreso. El primer fiscal que asumió el rol acusatorio que le asigna la reforma al Código Procesal, incluso antes de que entre en vigencia, fue descalificado de inmediato por todo el oficialismo y enseguida encontró la muerte. O sea que el régimen político existente no aguantaría poner en acción sus propias reformas judiciales. La ‘incompetencia’ judicial es una señal preventiva de que los jueces son incapaces de investigar las denuncias del fiscal, cuya mayor parte aún no se conoce, pues se encuentra almacenada en centenares de registros de escuchas. La muerte de Nisman podría obedecer, precisamente, a las pruebas adicionales que se habría reservado para otras instancias o que podría haber comenzado a revelar en la sesión de la Comisión de Legislación Penal a la que había sido convocado. La cadena de los encubrimientos se encuentra en plena acción: encubrimiento de los atentados; encubrimiento de los encubridores de los atentados; encubrimiento de la denuncia del ex fiscal; encubrimiento de su muerte. "La vida continúa, mañana es otro día", filosofó Kicillof, variando un remanido concepto de Keynes ("a largo plazo estamos todos muertos").
 
Se impone claramente una movilización popular, extraparlamentaria y extrajudicial, con las consignas "que se abran los archivos" y "bajen a declarar". La transición política hacia otro gobierno se encuentra agotada -o sea que la campaña electoral enfrentará crisis aún más agudas e incluso una crisis de gobierno, que deberá afectar su desenlace. Esta crisis de la transición potencia todas sus otras dimensiones: la crisis económica y financiera, la bancarrota fiscal, los despidos y suspensiones, el ajuste a la K.
 
La campaña electoral no debe ser, para los luchadores, un episodio electorero sino una disputa de poder.

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