En enero, el edificio del Congreso es un edificio
vacío. Incluso en medio de una crisis de Estado lo que impera es el
vacío y el silencio -como si nadie se hiciera cargo del murmullo
inquieto que atraviesa a la nación. La crisis iniciada luego de la
muerte del fiscal Alberto Nisman mostró iniciativas legislativas por
parte del Gobierno y denuncias por parte de la oposición. Pero nadie
podría afirmar que tales iniciativas ayuden positivamente a encausar la
deliberación ocasionada por tal acontecimiento ni señalen las causas
profundas de la crisis. Quizás porque todos, la oposición que gobernó y
el oficialismo que gobierna, están hundidos en el sistema de
complicidades que prohijó el estado actual de las cosas: una guerra
intestina de servicios de inteligencia, el operativo estatal de
encubrimiento de la causa AMIA, la indolencia y desorientación ante la
muerte del fiscal Nisman.
Durante la tarde del jueves el silencio de los pasillos del
parlamento se rompió. Se rompió por los pasos de los periodistas que
asistieron a la conferencia del Partido Obrero (PO), que había convocado
a esa reunión con la presencia de sus diputados y dirigentes y cuyo
objetivo era sentar una posición y dar a conocer una caracterización y
un plan de acción frente a la crisis política que vive la nación.
“Consideramos el llamado a sesiones extraordinarias
para tratar el proyecto de una nueva ley inteligencia del oficialismo
como una mera maniobra distraccionista, para cerrar la crisis con un
autoencubrimiento y con una autoamnistía por las responsabilidades que
llevaron a 20 años de impunidad en la causa AMIA, a la descomposición de
los aparatos de inteligencia y a las circunstancias en las que murió el
fiscal Nisman”, disparó el diputado Néstor Pitrola ni bien
comenzó la conferencia. La fuerte declaración implica caracterizar a la
iniciativa del gobierno como un canto de sirenas en medio de un estado
generalizado de conmoción política. En cambio, anunció la presentación
de su proyecto de resolución para que se llame a interpelación a todo el
gabinete nacional y eventualmente a la presidenta Cristina Fernández
para desarrollar un debate que clarifique las posiciones ante la crisis.
También anunció una movilización de rechazo para el día que se debata
en el Senado la iniciativa presidencial. No por nada la tapa del
periódico del PO titula con letras molde: “El pueblo debe saber”.
“Hay un operativo de encubrimiento”, señaló Jorge Altamira,
candidato a presidente del Frente de Izquierda. “Ante la crisis
desatada el gobierno responde con una postulación de un candidato a la
Corte Suprema y con un proyecto, desconocido todavía, de nueva ley de
inteligencia. Esto es patear la pelota para afuera. Se necesita
clarificar políticamente un crimen de Estado, porque está vinculado a
una crisis del poder judicial, a una crisis de los aparatos de
inteligencia y que implica una verdadera crisis política. Es una crisis
que involucra a todos los partidos tradicionales. Sergio Massa fue jefe
de gabinete de este gobierno y responsable él mismo de los servicios de
seguridad, porque tiene gente vinculada a los asesinatos de Kosteki y
Santillán en su equipo de trabajo. Macri está acusado por espionaje en
el ámbito de la ciudad. Está en cuestión todo el régimen político.
Nuestro proyecto de interpelación interpelaría también a toda esta
oposición trucha que ha colaborado en distintos momentos y distintos
gobiernos y que ha formado parte de este mismo gobierno”. Altamira
fustigó a los opositores que piden la anulación del Memorándum con Irán
como salida a la crisis, ya que ese pacto está muerto de toda muerte.
“¿Por qué se excluye al servicio de inteligencia del
ejército? -se preguntó el candidato presidencial de la izquierda-. Es
una herencia de la dictadura como todos los demás. Si hubiera coherencia
en la coherencia oficial debería también ser disuelto y renovado. Sin
embargo, un oficial acusado por crímenes de lesa humanidad como César
Milani lo dirige. Si ese aparato de inteligencia está excluido del
espionaje interior, que lo demuestre”.
En un pasaje intenso de su intervención, Altamira dio una
definición sobre el rol de los servicios de inteligencia para la
izquierda. “Son un órgano absolutamente vital del Estado y responden a
la orientación y los intereses de ese Estado. El Estado en la Argentina
defiende a los monopolios, a la superexplotación de los trabajadores y
el trabajo precario. Los servicios se orientan en función de preservar
esos intereses. No necesitamos un nuevo servicio de inteligencia, sino
que necesitamos otro gobierno, un gobierno de trabajadores”.
-¿Pero un gobierno del Frente de Izquierda disolvería los servicios de inteligencia? -preguntó una periodista.
-Si nosotros fuéramos gobierno, tendríamos un excelente servicio de inteligencia.
Trabajaría para favorecer los intereses de los trabajadores, la
autonomía nacional de la República Argentina, su independencia política y
económica y que no estaría al servicio de la CIA ni el M15 británico ni
de la Mossad, sino sólo a favor de los intereses de los trabajadores y
los jóvenes de la Argentina y de los mejores intereses de los
trabajadores de los otros países. El servicio de inteligencia es el
sistema nervioso del Estado y debe responder a los intereses del cerebro
en el que se ha alojado ese sistema nervioso.
Se ha abierto una crisis política de carácter gigantesco.
La presidenta Fernández insiste en jugar a ser Sherlock Holmes ( para limpiar su culo sucio ) -y a
atribuir de modo surreal a Clarín la muerte del fiscal Nisman- y a
esbozar proyectos altisonantes y distraccionistas, como en otras
oportunidades -sólo basta recordar la supuestamente transformadora, y
fracasada, Ley de Medios. El jueves por la tarde en el Congreso se
señalaron definiciones políticas. Planteos que deben ser realizados por
todo el arco partidario para debatir una crisis elefantiásica de esas
características.
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