CORDOBA - CATASTROFE EN SIERRAS CHICAS
El "tsunami" capitalista
Siete muertos y un desaparecido; más de 1.500 viviendas afectadas; más
de 1.000 evacuados; 12 puentes destruidos, rutas y calles destrozadas;
viviendas, negocios y hasta escuelas con la pérdida total de sus
muebles; ruptura de torres de alta tensión y de acueductos. Este es el
balance preliminar de la catástrofe de las Sierras Chicas en Córdoba.
De la Sota ha salido a decir que era una catástrofe difícil de preveer,
ya que la magnitud de la lluvia caída superaba cualquier predicción.
Pero desde 2006 a la fecha, todas y cada una de las localidades de la
zona sufrieron alguna catástrofe, como resultado de crecidas y desbordes
de los ríos. Si a esto sumamos las del resto de la provincia, los
desastres no son la excepción sino la regla, y tienen responsables
directos. Por un lado, la política del gobierno y la oposición, de
fuerte impulso a la deforestación, el desmonte y a la especulación
inmobiliaria, terminaron avanzando sobre lotes y terrenos que debían
permanecer forestados, y sobre cursos de agua.
En paralelo a esta especulación, y como resultado de ésta, creció el
déficit de la vivienda. La mayor parte de los afectados se habían
asentado en zonas inundables e inhabitables, ante la imposibilidad de
acceder al alto costo de los terrenos. En las orillas de los que parecen
mansos ríos, construyeron sus casas quienes fueron expulsados de la
capital provincial por el alto costo de alquileres y propiedades.
Mientras tanto, los countries crecen como hongos y se avanza en el
desmonte, afectando el curso de los ríos y arroyos. La contrapartida de
esta catástrofe es la sequía que afectó a la zona hace tres años atrás y
abrió la "batalla por el agua".
A su vez, el fuerte desmonte por la extensión de la "frontera verde"
(soja) afectó las cuencas de los ríos, sobre todo en sus nacientes. El
bosque juega el papel de regulador natural de los ríos, además del
régimen de lluvias. En Córdoba se lleva perdido el 97% del bosque
nativo.
En el caso particular de esta catástrofe, se debe agregar la denuncia
de la apertura a destiempo de las válvulas del dique La Quebrada, en Río
Ceballos. El río se convirtió en un "tsunami" que arrasó con casas,
autos, bienes y personas. La apertura de las válvulas explicaría la
magnitud de los daños en Río Ceballos, Unquillo, Mendiolaza y Villa
Allende.
La información oficial sobre daños y cantidad de afectados (sobre todo
en relación a viviendas) no coincide con la realidad, por lo tanto la
provisión de ayuda no es la adecuada. Por otro lado los vecinos
denuncian que los funcionarios no aparecen por las zonas más castigadas y
que ellos mismos organizan la ayuda. El Partido Obrero de Río Ceballos
está a la cabeza de esa organización en el barrio más afectado (Loza),
lo mismo hacen nuestros compañeros en Villa Allende, Unquillo,
Salsipuedes. Por otra parte la UJS ha lanzado una campaña de recolección
de ayuda.
El ocultamiento sobre daños y damnificados plantea a futuro que un
sector importante de los afectados quedará sin ningún tipo de reparación
económica. El Estado debe hacerse cargo de la reparación de los daños y
de las pérdidas materiales: por un impuesto de emergencia a los grupos
inmobiliarios con emprendimientos de envergadura en la zona para costear
los costos materiales de este desastre.
La catástrofe ha puesto también de manifiesto la precariedad de los
servicios, los cuales han colapsado totalmente. La destrucción de rutas y
calles se explican también por las irregularidades durante su
construcción.
La catástrofe de las Sierras Chicas ha demostrado que la ley de
ambiente aprobada por todos los bloques, a excepción del Frente de
Izquierda, no tiene como propósito solucionar los graves problemas de
nuestra provincia. Una semana antes, Cintia Frencia, legisladora del
Frente de Izquierda en ese momento, había presentado una ley para
declarar la emergencia ambiental, elaborada junto a organizaciones de
vecinos, varias de ellas de las zonas hoy afectadas. La catástrofe
ratifica la necesidad de una emergencia ambiental, que entre sus puntos
plantea la suspensión de los emprendimientos inmobiliarios de
envergadura y la prohibición absoluta de la deforestación.
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