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Impresa #1355
| Por jacyn
Casi un mes después del lanzamiento de la convocatoria del Encuentro
Memoria, Verdad y Justicia al próximo 24 de Marzo, los organismos
oficialistas dieron a conocer la suya. El horario de la manifestación
pro K se superpone con la anunciada por el EMVyJ.
La maniobra, como ocurrió en años anteriores, pretende impedir la
realización del acto independiente, o al menos desplazarlo del horario
central. Los K se valen de los organismos de derechos humanos para
intentar acallar las críticas y denuncias de los luchadores contra el
gobierno. Los organismos K se comprometieron a despejar la plaza a las
17:30 y liberar el acceso por Avenida de Mayo. El Encuentro Memoria
Verdad y Justicia resolvió denunciar la maniobra a través de un
comunicado y de una conferencia de prensa, y hacer público el compromiso
asumido. En años anteriores, fue necesario ejercer una gran presión, e
incluso enfrentar a las patotas oficialistas, para finalmente poder
alcanzar la Plaza. Pero nunca, en estos años, lograron su objetivo de
impedir el acto de los luchadores.
Impunidad de ayer y hoy
El acto oficialista no está encabezado por ninguna consigna de lucha.
¿Podía ser de otra manera, en el marco de la entronización de Milani,
sobre quien continúan acumulándose pruebas de su participación en el
genocidio?
El ascenso de Milani, en la víspera de un recambio de gobierno, está
marcando un giro en los juicios contra los represores. Basta observar,
en las últimas semanas, cómo las causas contra los cómplices civiles del
genocidio se van cerrando. La Justicia rechazó el pedido de indagatoria
al mandamás de Clarín, Héctor Magnetto, por la apropiación de Papel
Prensa. En Bahía Blanca, la justicia de primera instancia benefició con
la "falta de mérito" a Vicente Massot, el dueño del diario La Nueva
Provincia, a pesar de ser un connotado colaborador de los represores. La
Cámara de Casación también acaba de revocar el procesamiento de Carlos
Blaquier (dueño del ingenio Ledesma y beneficiario de grandes subsidios
oficiales durante los gobiernos K) por su participación en la llamada
Noche del Apagón. Además, se han postergado juicios importantes en Salta
y en Tucumán; en esta última, vinculados a los crímenes cometidos
durante el Operativo Independencia, del que también participó Milani.
Por último, sería inminente un fallo de la Cámara que beneficiaría en
masa con la prisión domiciliaria a los genocidas que hasta ahora fueron
condenados, liquidando la prisión común y efectiva que reclaman todos
los organismos de derechos humanos.
Los Macri, los Scioli, los Massa, y otros aspirantes a la bendición del
Papa Bergoglio, están decididamente enrolados en la política de
"reconciliación" que promueven el clero y amplios sectores de la
burguesía. La clase capitalista, de conjunto, exige devolverles a las
fuerzas armadas el protagonismo perdido luego del genocidio y de la
derrota de Malvinas.
La lucha contra la impunidad de la dictadura tiene plena vigencia.
Atraviesa estos treinta años de gobiernos constitucionales, que han
preservado el aparato represivo forjado por los Videla, los Massera, los
Bussi, los Etchecolatz y los Menéndez. Esto, desde ya, alcanza a los
Kirchner, que han hecho de la demagogia en materia de derechos humanos
su sello distintivo. Bajo sus gobiernos se alcanzaron récords en materia
de muertos en manifestaciones y protestas (Mariano Ferreyra, los qom,
Indoamericano) y de condenas a luchadores (perpetua a los petroleros de
Las Heras, expresamente avalada por la presidenta). El Proyecto X y las
leyes antiterroristas son un producto genuino de los K, que gobernaron
todos estos años aliados a Gerardo "Batallón 601" Martínez y a las
patotas de la burocracia sindical; a la mafia de los Othacehé y de los
Insfrán; y, obviamente, junto a los Stiuso y los Nisman.
El 24 de Marzo nos movilizamos con todo a Plaza de Mayo y a todos los
centros políticos del país. Por el juicio y castigo de todos los
crímenes contra el pueblo y por la apertura de los archivos de la
dictadura y de los servicios de inteligencia; por los 30.000
desaparecidos y el cierre de todas las causas y la anulación de todas
las condenas contra los luchadores.
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