El dictamen de Salgado y la crisis política

Edición Impresa #1354 | Por A. Guerrero

Si el fallo del juez Daniel Rafecas que rechazó la demanda del fiscal Gerardo Pollicita contra la Presidenta diluyó los efectos del 18F, los efectos de ese fallo fueron, a su vez, dinamitados por el dictamen de los peritos de parte de Sandra Arroyo Salgado.

La pericia de parte de Arroyo Salgado aviva aún más a las divisiones dentro del Poder Judicial, a la guerra de los servicios y, en fin, a la pugna entre sectores enfrentados de la burguesía.

Arroyo Salgado no se privó en su conferencia de prensa de manifestaciones que ofrecen lecturas políticas. Por ejemplo: "No soslayo que la muerte violenta de Alberto Nisman ha impactado de lleno en la institucionalidad de la República, además de poner en tela de juicio el rol del Estado ante la comunidad internacional en materia de terrorismo". O cuando dijo esperar que, a partir del dictamen de sus peritos de parte "la investigación encuentre el cauce que hoy no tiene". Y al añadir que con Nisman se ha cometido "un magnicidio de proporciones desconocidas". Cargó además contra los investigadores oficiales, quienes, según ella, cometieron equívocos "funcionales a los homicidas".

En verdad, esa investigación es fácilmente atacable. Alcanza con señalar que, a casi dos meses de aquel domingo 18 de enero en que se encontró su cadáver, aún no se sabe oficialmente si fue suicidio u homicidio, y ni siquiera cuándo murió. La torpeza sorprendente de la custodia tiene un tufillo demasiado ácido a zona liberada, y la fiscal Viviana Fein hace esfuerzos por despegarse de lo ocurrido antes de su llegada, tres horas después de que se encontrara el cadáver en el departamento del complejo Le Parc: "No puedo dar fe" de lo que sucedió en ese lapso, dice una y otra vez. En otras palabras: indica con mucho énfasis que no puede saber qué hicieron en ese tiempo el secretario de Seguridad, Sergio Berni, y la cantidad indefinida de efectivos de la Policía Federal y de Prefectura Naval que se pasearon por la escena del crimen. Esa "investigación" no tiene agujeros: toda ella es un agujero.

Los peritos de parte de Arroyo Salgado no son por cierto trigo limpio. Osvaldo Raffo tendrá todo el prestigio que se quiera en su condición de forense, pero fue médico y oficial principal de la policía de la provincia de Buenos Aires en tiempos de Ramón Camps, encubridor de torturadores (dijo que la policía de Camps no torturaba a nadie, y que cuando mucho "los criminales" se provocaban lesiones "autoinfligidas"). El "licenciado en criminalística" Daniel Salcedo fue jefe de la Bonaerense en 2007, cuando Carlos Stornelli era ministro de Seguridad provincial, y antes había sido director de Policía Científica en la época de "la maldita" de Pedro Klodczik. La misma Arroyo Salgado tiene y tuvo durante toda su carrera un vínculo promiscuo con la Side y con Antonio Stiuso en particular, al igual que Nisman.

 

No es buena gente, por cierto, pero han producido un dictamen políticamente explosivo, aun sin considerar sus aspectos técnicos. Lo es porque consolidaron la percepción social, poderosa, que desde el primer momento entendió que estaba ante un asesinato.

Este dictamen no puede menos que acelerar la crisis política y apretar los nudos del cerco judicial al gobierno. Por ejemplo, la impredecible Sala I de la Cámara Federal (hasta hace muy poco oficialista, ahora de mudanza hacia la oposición) tendrá otras presiones en el momento de considerar la apelación de Pollicita al fallo de Rafecas, mientras Claudio Bonadío sentirá el camino más despejado hacia la citación a Máximo Kirchner por la causa Hotesur.

Esto es lo que explica que la Casa Rosada haya puesto en marcha un operativo y enviado a sus emisarios para negociar una tregua con la corporación judicial. Los K, luego de tanto ruido, han terminado arrojando la toalla frente a los catalogados desde los mentideros oficiales como "desestabilizadores" y "golpistas".

Por empezar para mi un juez ni el poder judicial podria ser jamas golpista porque siempre la justicia puede apretar pero jamas ahorcar a un gobierno , una prueba de eso es como Menem sigue siendo senador con una condena de contrabando de armas encima o Boudou sigue siendo vice sabiendo que es un delincuente impresentable , porque las acusaciones de la justicia van a chocar siempre con la mierda de los fueros , por los cuales la corporacion política en cada país se protege de sus propias fechorías y conservan derechos especiales como si fuesen reyes y se viviera en una monarquia , los únicos que pueden voltear a un gobierno efectivamente son los milicos o sino las camaras del congreso eliminando los fueros al acusado o directamente impulsamndo el juicio político , algo que acá nunca se animan por ejemplo a echar a Boudou , lamentablemente ni Argentina ni Brasil tienen referendos revocatorios para echar democraticamente a los gobiernos  cuando la mayoría de la poblacion desea sacarlos antes de que terminen su mandato . Por ejemplo si en Brasil hoy la mayoría quisiera echar a Dilma y tuvieran las firmas necesarias siendo que metieron en la calle 2 millones pidiendo que se vaya Dilma  estaría bien organizar un referendo revocatorio si eso fuera constitucional , aparte todos los cargos deberían ser revocables porque sino la democracia es un cuento chino 

Fuente: http://www.po.org.ar/noticia/el-dictamen-de-salgado-y-la-crisis-politica