El domingo 26 de abril se incendió un taller textil clandestino ubicado
en el barrio de Flores en las calles Pàez y Terrada. Dos niños de 5 y
10 años, que vivían en el lugar, murieron carbonizados. La salida del
inmueble estaba tapiada, lo que también dificultó el trabajo de los
bomberos. Resultaron heridas, además, cuatro personas, una de ellas del
personal de bomberos.
En septiembre de 2014, La Alameda había denunciado en la Justicia y en
la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex) que en el
inmueble incendiado, junto a otros 30 locales, funcionaba un taller
ilegal. La Protex derivó las denuncias a la Subsecretaría de Trabajo,
Industria y Comercio del Gobierno de la Ciudad, quien respondió, una
semana antes del siniestro, que no existía ninguna inspección de
seguridad e higiene. Los vecinos del barrio y la comunidad boliviana
también han llevado las denuncias a la Junta de la Comuna 7, que, a su
vez, las deriva a la Agencia Gubernamental de Control (AGC).
Pese a todas las denuncias realizadas al Gobierno de la Ciudad,
gobierno nacional y la Justicia, los talleres clandestinos no paran de
crecer amparados por el silencio del Estado. Según las estimaciones,
llegan a 3.000 talleres clandestinos que funcionan en Flores, Floresta,
Liniers, Mataderos, Lugano y Villa Crespo. Y la facturación del sector
alcanza los 15.000 millones de pesos. Los costureros son, en muchos
casos, víctimas de las redes de trata internacionales, que esclavizan a
trabajadores de países limítrofes, hacinados en talleres con el régimen
de "cama caliente" y con jornadas de hasta 18 horas de trabajo.
Estos talleres reciben pedidos de importantes marcas que tercerizan en
ellos parte de su producción en la búsqueda de bajar sus costos
laborales, gracias a las condiciones de superexplotación y a la evasión
fiscal. Hace un año, la empresa Cheeky de la familia de Juliana Awada,
la mujer de Macri, fue denunciada por trabajo esclavo. Por otra parte,
la producción de estos talleres alimentan las mafias de la venta ilegal
que dominan ferias como "La Salada" o en la Av. Avellaneda, mafias que
también explotan a manteros y puesteros que buscan un medio de
subsistencia.
La envergadura del negocio demuestra que la Ciudad es una gigantesca
zona liberada para el trabajo esclavo que alimenta las ganancias de la
industria textil legal e ilegal. Se revela un entramado mafioso entre el
Estado, los tratantes de personas y los empresarios textiles que
aprovechan la desesperación de los trabajadores para montar un
gigantesco negocio.
En la Legislatura porteña, Marcelo Ramal presentó un pedido de citación
de los funcionarios de la Subsecretaría de Trabajo y de la AGC para que
sean interpelados por los diputados y, de este modo, establecer el
alcance de las responsabilidades políticas del amparo a la esclavitud
laboral.
Apoyamos el reclamo de la familia y los vecinos que exigen justicia, el
fin de la esclavitud y la erradicación de las mafias que lucran con
ella.
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