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lunes, 18 de mayo de 2015

El Estado es responsable El 3 de junio, a las 17 horas, marchamos al Congreso de la Nación

Ni una mujer menos por femicidios

Edición Impresa #1363 | Por Carla Deiana
span style="font-size: large;"> El asesinato de Chiara Páez, de 14 años, a manos de su novio de 16, luego de que éste se enterara que la adolescente estaba embarazada, desató la indignación popular y una convocatoria por las redes sociales impulsada por escritoras, periodistas y organizaciones de mujeres a concentrarse en el Congreso de la Nación bajo la consigna “Ni una mujer menos por femicidios”.

Chiara concentra los estigmas que marcan a las mujeres en Argentina. La participación de la familia en el encubrimiento del crimen, colaborando para ocultar el cadáver y dando pistas falsas, al punto de montar un asado familiar a metros del pozo donde ella estaba enterrada, compone una escena macabra sobre la hipocresía y el doble estándar, promovido desde las altas cumbres del estado. El embarazo adolescente está en aumento desde 2003, año en el que se produjo un quiebre de 25 años de una tendencia a la baja de la fertilidad adolescente. En la década kirchnerista las niñas madre aumentaron un 20%, la mayoría de entre 15 y 19 niños que no planificaron su embarazo. Chiara cursaba sus estudios en una escuela religiosa, un ámbito hostil a la educación sexual científica y que desde la sanción de la ley de educación sexual integral está habilitada por el estado para transmitir “los conocimientos acordes a sus valores y cosmovisión”. El kirchnerismo alineó al Estado con las posiciones oscurantistas del clero católico cuando sancionó, con los votos de aliados políticos patronales, una reaccionaria reforma del Código Civil que ilegalizó el aborto.

Cada 30 horas muere una mujer en Argentina En 2012, mediante una reforma del Código Penal, se incorporó el femicidio como figura agravada del delito de homicidio simple, planteando la posibilidad de la cadena perpetua. Es evidente que no ha logrado detener las muertes por violencia de género. Más aún, luego de sancionada la ley de violencia de género con la que se embanderó el feminismo cooptado, la política del kirchnerismo ha consistido en invisibilizar este flagelo. Ni el Indec ni el Consejo Nacional de Mujeres, ni el Ministerio de Seguridad ni ningún otro organismo público se responsabiliza por medir la cantidad de femicidios. La complicidad del aparato represivo y el poder judicial en todos sus estamentos en el reforzamiento de esta orientación la resume un caso, el de Suhene Carvalhaes Muñoz de 26 años, salvajemente golpeada por su novio en julio de 2014 y que falleció ocho meses después como resultado de esa golpiza. La denuncia que radicó en la Oficina de Violencia de Doméstica el mismo día del ataque no surtió efecto, en la comisaría la asentaron como "daños recíprocos", porque mientras ella era ahorcada por su pareja le mordió el brazo. Su familia reclama justicia y denuncia que la causa está paralizada, y convocan a la movilización al Congreso.


Un problema de régimen social

La prensa busca una excusa en el tema del embarazo o en la psicología de los protagonistas, porque no puede explicar o admitir que el origen de la violencia es el régimen social. El asesinato de mujeres está inscripto en un régimen en el que prolifera el abuso sexual, las redes de trata, la prostitución infantil y el proxenetismo amparado y en muchos casos organizado desde el estado (Viedma, Concordia, El Bordo, etc.). El femicidio es el final de una cadena de violencias que nace de la coerción del estado para controlar el cuerpo de la mujer disponiendo de todos los mecanismos a su alcance para mantener esta sumisión. El mensaje de fondo es que las mujeres no tienen derecho a decidir sobre su cuerpo y que si se atreven a hacerlo tendrán que pagar las consecuencias. La violencia contra la mujer es una forma de control social, el femicidio es su cara más extrema. La independencia de las mujeres es un riesgo mortal para el capitalismo.

La movilización convocada para el 3 de junio tiene el mérito de abrir un canal para que se exprese la indignación popular que ha producido este hecho aberrante y todos los que le precedieron.
Llamamos a desenvolver con fuerza la campaña con imágenes con el hashtag #NiUnaMenos y la puesta en pie de comités de organización de la marcha en todo el país.

Planteamos: 

• asistencia inmediata a las mujeres en situación de violencia;


• creación de centros asistenciales con personal de planta, colocación de centros de atención en todos los hospitales públicos y privados del país y en todos los colegios, con personal de diferentes disciplinas contratados en planta y atención las 24 horas y acceso completamente gratuito;

 

legalización del aborto y campaña por la educación sexual en todos los niveles;

 
• creación de un Consejo Nacional de las Mujeres con autonomía política y presupuestaria electo por todas las mujeres desde los 13 años;
 
 Separación de sus funciones de todo el personal policial y judicial implicado en fallos discriminatorios contra mujeres violentadas. 

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