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jueves, 16 de julio de 2015

Sancionan la ‘ley de intangibilidad’ para la AUH

Edición Impresa #1372 | Por Pablo López, diputado nacional por el Frente de Izquierda 

Lo que va a leerse es la intervención del diputado Pablo López, del Frente de Izquierda, en la sesión de la Cámara de Diputados que trató la movilidad de la Asignación Universal por Hijo (AUH), el miércoles 15 de julio.
La lucha contra la pobreza merece un gran debate de los trabajadores, porque ataca las bases de la existencia de grandes masas de desposeídos. 
El anuncio presidencial de aumento del 30% en las Asignaciones Familiares (AAFF), que cobran los trabajadores en relación de dependencia, y en la Asignación Universal por Hijo (AUH) que cobran los desocupados y trabajadores en negro con hijos, es insuficiente.
Primero, porque no alcanza a cubrir el deterioro por inflación: la mayoría de los gremios reclama aumentos que oscilan en torno al 34-35%. Los 193 pesos de aumento (de 644 a 837 pesos) son un débil paliativo, que se volatizará rápidamente con los aumentos de precios y tarifas. Lo será mucho más con el ajuste general (devaluación incluida) que oficialismos y oposiciones capitalistas preparan para fin de año.
El gobierno propone ahora que el poder adquisitivo de estas asignaciones se actualice por ley dos veces al año. Para ello, toma el cálculo oficial para el ajuste de las jubilaciones. Reduce la pérdida por inflación pero no la repara. El primer ajuste se cobraría en abril, ¡para ‘ahorrarse’ septiembre!
El proyecto no es una salida a la desocupación y la pobreza. La AUH fue creada en 2009 ante la crisis industrial, pero la pobreza no empezó en ese año. La Presidenta había otorgado un carácter circunstancial a la AUH, porque la “solución estructural del tema de la pobreza, dijo, sigue afincada en el crecimiento económico y la creación constante de puestos de trabajo”. Estos puestos, sin embargo, se pierden, y la respuesta del gobierno ha sido dejar de publicar las estadísticas. 
La tendencia a la miseria social acompaña la historia del capitalismo (superexplotación) y la pobreza reaparece, agravada, por las crisis cada vez mayores del capital y su tendencia al parasitismo (deuda externa usuraria, rescate de los grandes capitales). El gobierno y el sistema admiten que un tercio de la población trabajadora seguirá desocupada y otro tercio precarizada. El último informe de la UAE relaciona el crecimiento de la pobreza con la profundización de la precarización laboral en los últimos años.
El presupuesto nacional aumenta erogaciones por subsidios y asignaciones pero mantiene estancado o disminuye el gasto en educación y salud pública. Se exige al desocupado certificados de escolaridad y libreta sanitaria, cuando esos sistemas estatales están semi destruidos y avanzan la educación y la salud privada, y el vaciamiento de la atención de la salud pediátrica y neonatal (cierre de servicios, etc.). Lo mismo sucede con la educación estatal. En la provincia de Buenos Aires no perciben en forma regular su salario, unos 20 mil docentes en forma rotativa.
 A los desocupados se les descuenta el 20% en sus asignaciones si no entregan la papeleta sanitaria o de permanencia educativa. Y hasta se los baja del ‘beneficio’. La matrícula de alumnos en primaria estatal desciende, mientras aumenta en la primaria privada.   
La AUH es financiada por la Anses, mientras el 75% de los jubilados cobra la mínima de 3.800 pesos. El gobierno vetó la ley del 82% móvil por falta de fondos. La famosa “redistribución” de la riqueza es un reparto entre pobres.
El Anses tiene en su poder 30.000 millones de dólares en bonos de la deuda pública, rescatados a los acreedores internacionales, que ahora se venden para bajar la cotización del dólar en el mercado de valores. La Anses recibe pesos a cambio de dólares, lo cual equivale a una pérdida de reservas internacionales -o sea, a una fuga de capitales. Hay que tocar los intereses capitalistas: es necesario gravar la renta financiera y reinstaurar los aportes patronales. El sistema de previsión social y jubilaciones debe estar financiado por la  patronal, como ocurre con cualquier salario. La jubilación es un salario diferido en el tiempo.  Es la primera vez en años que la Anses ha sido deficitaria -en abril, en 2300 millones.
La Anses es una institución que debe ser dirigida por los trabajadores activos y pasivos; hoy la Anses se encuentra intervenida. Las asociaciones de jubilados reclaman elevar la mínima a 8.500 pesos y que se respete el 82% móvil.  
Reclamamos que se lleve el mínimo de la AUH ya a 1.200 pesos y que incluya a los monotributistas, que el próximo reajuste sea en septiembre y no en marzo de 2016. Que el reajuste automático sea trimestral para morigerar el flagelo de la pérdida por inflación. Que el reajuste se realice sobre el aumento del costo de vida. Que los trabajadores de los planes de trabajo (cooperativas, Ellas Trabajan y otros) reciban los aumentos de emergencia y la automaticidad en la misma proporción (llevan meses sin reajuste). El beneficio tiene que ser extendido a todos los niños, a todos los hijos de todos los trabajadores bajo convenio, a los hijos de los monotributistas, es decir que tenga un carácter verdaderamente universal. 
El Congreso se apresta a convertir a la AUH y al ajuste bianual en ley, justo cuando el déficit fiscal desborda por todos lados y se prevé la devaluación efectiva del peso. El proyecto promete la intangibilidad de la AUH de un modo similar a como el Congreso lo prometió con los depósitos bancarios en vísperas del derrumbe de la convertibilidad. La devaluación de 2002 se llevó puesta la intangibilidad de los depósitos sin que importe modificar la ley. ¿Qué garantías tienen las personas sin trabajo de que no ocurra lo mismo con las AUH? Simplemente ninguna. Esta ley es un pagadiós electoral, simplemente una estafa política. Solamente una política anticapitalista y un gobierno de trabajadores pueden garantizar que ningún hogar tenga niños con hambre, sin educación y sin salud.
Planteamos el aumento inmediato de la AUH y su actualización trimestral de acuerdo con el costo de vida. Que las asignaciones familiares y la AUH se financien con impuestos a la renta financiera y al valor de mercado de la propiedad rural.
 Para que la pobreza y la miseria no avancen: prohibición de despidos, suspensiones y cierres. Trabajo para todos: disminuyendo la jornada laboral para incorporar a todos los desocupados al trabajo sin disminuir salarios. 
Esto será el programa de un gobierno de los trabajadores.


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