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lunes, 28 de septiembre de 2015

Aborto ilegal, nacional y popular

#Prensa Obrera 1382 | Por Vanina Biasi

La lucha por el aborto legal lleva mucho tiempo y una razón de ser. Siendo que el aborto clandestino produce muertes y mutilaciones por la negativa a dar cumplimiento a este derecho, la decisión de los Estados asociados al credo católico ha sido la de privilegiar sus acuerdos con el Vaticano antes que evitar las muertes de mujeres pobres y reconocer que la mujer tiene derecho a decidir qué hacer con su vida en las condiciones en las que le ha tocado vivir.  

El predominio de gobiernos que se reivindican nacionales y populares en América Latina tampoco ha permitido avanzar sobre uno de los derechos más elementales de las mujeres.

El presidente ecuatoriano amenazó con expulsar de sus filas a legisladoras que intentaron debatir al respecto. Chávez y Maduro siguieron el mismo camino. Dilma y Cristina bloquearon el tratamiento legislativo. Nicaragua fue más lejos, el dirigente del FSLN llegó a hacer campaña con niñas de 9 años embarazadas, a quienes se obligó a llevar a término embarazos que fueron producto de una violación. En Uruguay, en lugar de dar nuevamente tratamiento a la ley vetada por Tabaré Vázquez, relativa a la legalización del aborto en el marco de una ley contra la violencia de género, el presidente Mujica decidió concederle a su público una ley según la cual el aborto es un delito que fue despenalizado.

El autodenominado progresismo bolivariano hizo silencio ante los escandalosos casos del ex presidente Lugo por varias violaciones a mujeres pobres paraguayas. La paternidad múltiple del ex presidente se ganó un lugar entre las páginas de humor del llamado progresismo, no entre las investigaciones sobre el derecho de pernada y la pedofilia.

En esta materia debe resultar altamente preocupante la intromisión del Vaticano sobre Cuba, que apuntará también a sabotear la conquista del proceso revolucionario que significó el aborto legal.

La lucha por el aborto legal en Argentina ha sido intencionalmente manipulada y saboteada desde el gobierno y la oposición. Todo un sector de mujeres que milita en las filas del gobierno ha creado la tesis de que no es necesario el aborto legal, porque el atraso es social y, por lo tanto, aunque se contara con el marco jurídico adecuado no habría aborto legal. La impostura de quienes son financiadas extensamente por programas, ONG y presupuesto del Ministerio de Salud, como las que integran la Línea Aborto, no puede ser mayor.

El gobierno se ha negado a "empoderar" a la mujer, sometiéndola al tutelaje del Estado, de la Iglesia y de la Justicia a la hora de tener que decidir sobre su maternidad o sobre cómo afrontar las consecuencias de violaciones que son moneda corriente dentro y fuera de los hogares. Más de 300 menores de edad por día quedan embarazadas en nuestro país, por la extensión de los abusos sexuales o por el predominio clerical en materia de educación sexual.

La Anmat y el Ministerio de Salud prohíben la producción o adquisición de Misoprostol (droga que se usa para practicar abortos químicos) en dosis adecuadas para esta práctica médica. En el mercado clandestino un aborto quirúrgico cuesta 15 mil pesos. La oposición de la Iglesia a la Guía para la interrupción legal del embarazo le ha costado el cargo a una de las funcionarias que lo impulsó y, como hiciera Manzur en 2010, el actual ministro también se negó a darle a la guía estatus de resolución ministerial para que sea de aplicación obligatoria.

El aborto legal en nuestro país sufrió un revés importante con la aprobación del artículo 19 del Código Civil que concede a la Iglesia que el comienzo de la vida humana se produce desde la conformación de un embrión dentro (y fuera) del útero materno.

Desde el punto de vista de la tan mentada "batalla cultural", significa un retroceso enorme al inculcar al conjunto de la sociedad un principio clerical opuesto al derecho de las mujeres a la soberanía sobre su cuerpo.

Las muertas por aborto clandestino, todas mujeres pobres y sin voz, entran dentro de aquellas a las que hay que contabilizar como víctimas del femicidio institucional.

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Coordinadora Sindical Clasista - Partido Obrero

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