El gobierno ha vuelto sobre sus pasos y dispuso restricciones a los
contratos de dólar futuro. Hemos asistido en las últimas semanas al
aumento explosivo de esa operatoria, que pasó de 4.000 millones a 19.000
millones de dólares e implica un seguro de cambio para los grandes
capitalistas que tienen acceso a ella. Los grandes inversores se
aseguran un dólar a diez pesos para marzo del año que viene, cuando en
otras plazas se negocia a 15 o más. La diferencia deberá ponerla el
Banco Central. Pero además, ha sido la punta de lanza de una bicicleta
financiera gigantesca: ocurre que esta operatoria exige a los inversores
desembolsar apenas el 10% de la suma negociada, que puede cubrirse con
títulos dolarizados o atados al dólar.
Aún con las nuevas restricciones impuestas por el BCRA -que obligan a
adelantar el 20% de operación y hacerlo en efectivo- el negocio sigue
siendo extremadamente rentable. Por otra parte, el desaliento a esta
operatoria podría terminar derivando en una corrida al mercado contado,
provocando un aumento del dólar paralelo en las semanas previas a la
segunda vuelta.
Los abanderados del "desendeudamiento" han hecho la proeza de aumentar
de un plumazo y exponencialmente el endeudamiento y parido un negociado
buitre, cuyas características usurarias y confiscatorias no tienen nada
que envidiarle a las pretensiones de los fondos litigantes involucrados
en el fallo Griesa. Si se asume una cotización oficial de 14 pesos por
dólar para marzo del año que viene -lo que los asesores de Scioli o
Macri consideran "razonable"- debería emitirse la friolera de 100.000
millones de pesos para retribuir a los especuladores del dólar futuro.
Devaluación, ¿reactivación?
Con el propósito de postergar el estallido de la crisis, el
kirchnerismo ha aumentado la desorganización económica. Junto a los
anuncios sobre el dólar futuro, el gobierno ha reducido a la mitad los
permisos de importación, acentuando la escasez de insumos y el parate
productivo. Además, y para contener la escalada del dólar, ha dispuesto
un aumento de las tasas de interés, encareciendo aún más el crédito y
agravando el endeudamiento de los asalariados (tarjetas). Esto echa leña
al fuego a las tendencias recesivas y alimenta la insatisfacción de
todas las clases sociales.
Entre tanto, el dólar "a futuro" ha facilitado aún más la dolarización,
al tiempo que acentúa las presiones devaluatorias. A la par de ello, se
generaliza el debate sobre el levantamiento del cepo y el alcance de la
devaluación. En el campo oficialista, existen vacilaciones en esta
materia. Roberto Frenkel, economista ligado al gobierno, "opina que la
economía no está en condiciones de dejar flotar el tipo de cambio" y
advierte "sobre un rebrote inflacionario". El economista calcula un
inflación del 6% en el primer mes después de una devaluación del 40%. La
clave "estará en los salarios", apunta Frenkel. En otras palabras, hay
que mantener a raya los reclamos salariales.
Bein, a su turno, el asesor favorito de Scioli, es reacio a una
devaluación abrupta y defiende la continuidad del cepo hasta que el país
logre revertir la escasez de dólares. ( porque deberia revertirse y no profundizarse la escasez si aumenta la tasa de los bonos del Tesoro norteamericano y bajan aun mas los precios de los cereales o sea reversion en el año 2400 ) Una de las medidas que se tendría
en la gatera consistiría en una reducción de las retenciones,
incluyendo la soja. El Estado dejaría de cobrar unos 70.000 millones de
pesos que irían a las arcas de ruralistas y exportadores. La menor
recaudación por retenciones sería compensada con un aumento generalizado
de los servicios públicos. La política "gradualista" debutaría con un
cepo salarial y un tarifazo.
Las vacilaciones se extienden también al campo opositor. En reuniones
reservadas del macrismo, con la presencia de Frigerio y Sturzenegger, se
contempló la necesidad de obrar con "cuidado" a la hora de levantar las
restricciones cambiarias (La Nación, 30/10). Siguiendo esa línea, las
huestes de Macri estarían fogoneando un blanqueo de capitales en el
exterior para amortiguar una devaluación.
Bajo este escenario surcado por vacilaciones y zig y zags de
oficialistas y opositores, no puede descartarse una salida devaluatoria
impuesta por el mercado, incluso antes del 10 de diciembre.
Las patronales de las economías regionales y de las industrias de
exportaciones, como la siderurgia y la automotriz, han diseminado la
idea de que los despidos y recortes de salarios obedecen a la
sobrevaluación del peso. Esto no se compadece, sin embargo, con los
planes en preparación, ya sea de shock o gradualistas, que van de la
mano de mayor carestía, tarifazos y techos al salario. Pero además, una
de las cartas que los ajustadores tienen a mano sería aumentar la tasa
de interés. Esto ya lo está haciendo el gobierno, sin esperar al 10 de
diciembre. Pero esa tendencia se puede profundizar. Una recesión podría
ser el antídoto para hacer pasar el ajuste y contener las presiones
salariales. En ese caso, la devaluación, lejos de salvar los puestos de
trabajo, dispararía una nueva ola de despidos y suspensiones.
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