A los que siguen pensando que detrás del candidato oficial se anidan
los intereses nacionales y populares, la Corte Suprema les acaba de
recordar que la llave maestra de la explotación de petróleo no
convencional tuvo como punto de partida una conspiración: nos referimos
al acuerdo secreto entre YPF y Chevron. Precisamente, la Corte acaba de
declararlo ilegal. La Corte se ampara en el carácter público de YPF, lo
que la supedita a la legislación vigente en materia de información
pública. Según ha trascendido, entre las cláusulas secretas figuran un
régimen de completa libertad para la remisión de utilidades, así como
una serie de normas provinciales y nacionales "a la medida" del contrato
con la multinacional petrolera.
Es probable que, al fallar contra YPF-Chevron, la Corte haya jugado en
el entramado de intereses capitalistas que separan al gobierno de la
"opo". En la cuestión petrolera, no es un secreto que varios pulpos
importantes se han agrupado detrás de Macri, en reclamo de una
reasignación del botín de los hidrocarburos.
Pero lo más notable de este episodio es la réplica oficial: los voceros
del gobierno le han respondido a la Corte que YPF es una empresa "de
derecho privado", y esgrimen para ello la participación del 49% de
accionistas privados. A la hora de defender los acuerdos con Chevron
-que podrían caerse si se da publicidad a sus términos- el gobierno se
ha sacado la careta sobre la supuesta "recuperación de la soberanía
petrolera". En cambio, le ha dado la razón al Partido Obrero, que
caracterizó a la salida obligada de Repsol como el primer pasado de una
"reprivatización de YPF".
En el balotaje entre Mauricio Shell y Daniel Chevron, votamos en blanco.
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