El conflicto ha entrado en un momento crucial. Una asamblea masiva
acaba de votar hacer un acampe sobre la Autopista Richieri, en las
puertas del Aeropuerto de Ezeiza, y preparar una gran movilización a
Plaza de Mayo con todos los sectores combativos del movimiento obrero,
el próximo lunes 21 de diciembre.
Los compañeros han retomado las iniciativas de lucha, frente al obvio fracaso
de las tratativas con el gobierno entrante. El macrismo ha decidido
lavarse las manos. La respuesta de la gobernadora Vidal y compañía es
que el Estado no se va a hacer cargo de garantizar la continuidad
laboral de la empresa y que la solución debería resolverse en el ámbito
"privado", buscando inversores interesados en comprar la fábrica.
Entre tanto, los trabajadores no han cobrado la quincena y cunde, como
era previsible, un estado creciente de inquietud y desesperación. El
Ministerio de Trabajo, ya con su nuevo elenco, se ha limitado a
garantizar el cobro del Repro y un adicional de 2.000 pesos, lo que
totaliza apenas unos 6.000 pesos.
Los compañeros vienen de una reunión frustrada en el juzgado, donde se
tramita la convocatoria. Rasic sigue su política dilatoria y no plantea
ninguna propuesta seria para reactivar la planta. Estamos en presencia
de un chantaje que va en dos direcciones: en primer lugar, extorsionar
al Estado, a quien le reclama 1.200 millones de pesos para que la
empresa vuelva a funcionar. Pero la extorsión fundamental está dirigida
hacia los propios trabajadores. El plan de la patronal vaciadora apunta a
una vasta racionalización que incluye una reducción del 30 por ciento
de los salarios y el 30 por ciento de trabajadores. Esto significaría
dejar en la calle a 1.500 compañeros.
En una solicitada reciente de la familia Rasic se responsabiliza al
gobierno kirchnerista por la crisis de la empresa. Su colapso obedecería
al derrumbe de los contratos de exportación a Venezuela, apadrinados
por el ex ministro de Planificación, Julio de Vido. Lo que omite decir
es que usufructuó durante años esta operatoria -incluidos cuantiosos
subsidios y ventajas comerciales- y "la juntaron en pala". Si tenemos en
cuenta estos años dorados, Rasic tiene recursos y espaldas financieras
suficientes para hacer frente a sus obligaciones con los trabajadores.
Pero, lo más importante es que no es cierto que no haya mercado. La
actividad avícola es una de las pocas industrias que sigue reactivada.
La caída de las exportaciones ha sido compensada holgadamente por el
crecimiento del consumo interno, de modo tal que la demanda avícola
viene experimentado un aumento. Si tenemos en cuenta esta expansión del
sector, Cresta Roja, lejos de achicarse, debería ampliarse. La fábrica
es viable, lo que es inviable es el manejo patronal que ha promovido,
con premeditación y alevosía, un vaciamiento.
Caso testigo
La respuesta del gobierno de Macri frente a Cresta Roja nos anticipa
cuál va a ser la política del macrismo frente a la crisis industrial:
que el peso de la bancarrota nacional que deja el kirchnerismo, sea
pagado por los trabajadores. Cuando los funcionarios de Vidal hablan de
que la solución es que otro privado se haga cargo de la empresa, omiten
decir que la condición para ello -en caso de que llegara a prosperar,
cosa que está por verse- es un achique previo. Ha trascendido que habría
una empresa brasileña interesada en comprarla, pero previamente habría
que recortar un tercio del personal y rebajar los salarios. Una
verdadera masacre social.
El nuevo gobierno viene sacando decretos de necesidad y urgencia cuando
se trata de atender los reclamos patronales. Actúa con una vara muy
distinta cuando lo que está en juego son los intereses de los
trabajadores. ¿Pero, hay acaso una "urgencia" y "necesidad" mayor que el
destino desesperante de varios miles de hogares? La "pobreza cero"
debuta dejando en la calle a 5.000 trabajadores.
El cálculo que han hecho los compañeros es que harían falta 24 millones
de pesos para pagar la quincena. Se trata de una suma irrisoria -un
"vuelto", si tenemos en cuenta que el macrismo va a desembolsar 70.000
millones de pesos sólo para cubrir los contratos de dólar futuro.
El reclamo que está planteado es que el gobierno se haga cargo de pagar
la quincena y que se forme una mesa de trabajo integrada por
representantes del Estado y de los trabajadores para discutir y asegurar
la continuidad laboral y poner nuevamente en funcionamiento a la
empresa. El proyecto de resolución motorizado por el Partido Obrero en
el Congreso y que fue lanzado en una audiencia pública con la presencia
de una delegación nutrida de compañeros de Cresta Roja, recoge e impulsa
esta propuesta.
Estamos frente a un caso testigo. Es de principal interés de todo el
movimiento obrero el desenlace de la lucha de Cresta Roja. Lo que está
en discusión es quién paga la crisis. Un triunfo del conflicto sería un
golpe al ajuste que ya está en marcha y una primera advertencia de que
los trabajadores no lo vamos a dejar pasar. Vamos por la victoria de los
compañeros de Cresta Roja.
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