La designación por decreto de dos nuevos jueces de la Corte Suprema ha
levantado polvareda, y hasta provocó cimbronazos al interior de la
coalición oficial. De todos modos, los pilares de Cambiemos cerraron
filas con el atropello político de Macri. Sanz lo apoyó sin reservas y
la ‘ética’ Carrió pactó un prudente silencio al respecto.
En medio del revuelo de propios y ajenos, Macri reculó parcialmente
(postergó para febrero la asunción de los nuevos jueces). Esta módica
echada de lastre le ha servido para hacer pasar el resto de los
decretazos que marcaron el debut del nuevo gobierno. En la lista de
“necesidad y urgencia” están la reducción y eliminación de las
retenciones, la ‘emergencia eléctrica’ y los arreglos de deuda que se
apresta a cerrar en las próximas semanas el nuevo gabinete. Todas estas
medidas tendrán enormes repercusiones en las condiciones de vida de las
masas. El fin de las retenciones, junto a la devaluación que acompaña la
liberación del cepo, reforzarán la escalada de precios sobre los
alimentos y otros productos que se anticipó en las últimas semanas.
Por su parte, la emergencia eléctrica anunciada por el ministro Juan
José Aranguren no vino acompañada de ningún plan de contingencia frente a
los cortes de luz, por caso, el refuerzo de cuadrillas para el
mantenimiento y la reparación de las redes de distribución de energía.
En cambio, la ‘emergencia’ habilitará al gobierno a aumentar las tarifas
sin convocar a previa audiencia pública y le permitirá desconocer
posibles medidas judiciales que intenten frenar los aumentos. En suma,
el gobierno se ha autoasignado superpoderes para un tarifazo de la luz.
Toma y daca
La oposición, que ha rezongado contra el dedazo de los jueces, no ha
dicho una palabra respecto de este paquete de medidas antipopulares. Los
“nacionales y populares” y otros opositores no tienen el menor interés
de chocar con el macrismo en torno de una agenda -devaluación,
tarifazos, endeudamiento- que comparte toda la clase capitalista. En
cambio, han focalizado el choque con Macri en torno de la Justicia, como
parte de una pelea alrededor sobre la reorganización del aparato
estatal. Los forcejeos alrededor de la ampliación de la Corte le
servirán a los kirchneristas para poner en la mesa de negociaciones la
permanencia de la jefa de fiscales Alejandra Gils Carbó, e incluso de
Martín Sabbatella. Del lado del macrismo, la cuestión de los jueces de
la Corte es un tiro por elevación al Senado dominado por el PJ, el cual
deberá refrendar la designación de los dos magistrados. El macrismo
colocará esa votación en la mesa de una negociación más amplia, donde
extorsionará al peronismo con el rescate financiero de las provincias
quebradas. El “golpe de mano” del macrismo, por lo tanto, es un episodio
en la construcción de un pacto parlamentario con los Alperovich,
Insfrán y compañía. Para facilitar ese pacto, Macri digitó en la Corte a
un peronista y a un radical. Una vez más, la “renovación” y la
“transparencia” deberán esperar tiempos mejores.
La batuta de los bancos
De esta manera, los apóstoles del “país normal” (sic) han decidido
apropiarse de los métodos bonapartistas para levantar un principio de
autoridad en medio de la bancarrota económica. El macrismo reclama
‘poderes especiales’ para poner en marcha un rescate capitalista de esa
quiebra, que implicará graves confiscaciones sociales. Aunque ninguno de
los “partidos de Estado” quiere oponerle obstáculos de fondo, ese
rescate tendrá que atravesar por arenas movedizas. El gobierno ha
devaluado y levantado parcialmente el cepo en base a un préstamo de
bancos internacionales a un Banco Central quebrado, y que cargará por lo
tanto con una nueva hipoteca. Para conseguir dólares, Macri le ha
reclamado a los bancos privados una venta compulsiva de sus tenencias en
divisas, algo que los bancos no parecen dispuestos a hacer sino es a
cambio de otro título público. Por otra parte, y para desalentar la
demanda de ‘verdes’, llevaron la tasa de interés al 40%, lo que deberá
reforzar la parálisis del crédito y las tendencias a la recesión
industrial. A fuerza de decretos, Macri quiere abrirse paso en medio de
estos cimbronazos, que deberán conducir a choques sociales de fondo.
En el Congreso, en las legislaturas y ante toda la opinión popular, el
Partido Obrero ha denunciado, por un lado, a la escalada de “decretazos”
del ajuste, y hemos reclamado la apertura del Congreso (sesiones
extraordinarias) para debatir el conjunto de esta agenda antipopular
-tarifazos, devaluación, retenciones. Denunciamos también la cobardía de
la oposición, y en primer lugar del kirchnerismo, que patalea por sus
prebendas y cargos en el aparato del Estado mientras hace la vista gorda
frente a las confiscaciones sociales. La lucha contra el gabinete del
tarifazo y la devaluación, que ya empieza a debatirse en las
organizaciones obreras, exige también una demarcación política
implacable respecto de quienes le entregaron el país al macrismo.
No hay comentarios:
Publicar un comentario