Cuando el periodista le preguntó al flamante presidente su opinión
sobre el fallo de la Corte referido a la deuda de las provincias, la
sonrisa devino en un rictus: "Deben pensar que uno tiene soluciones
mágicas".
Hasta la semana pasada, el gobierno le descontaba a Córdoba, Santa Fe y
San Luis unos 7.000 millones de pesos de la recaudación coparticipable
por año. Ahora, en función del fallo de la Corte, deberá girarle
rigurosamente esos montos. Por si fuera poco, el Ejecutivo deberá
negociar cómo les devuelve a Santa Fe y San Luis lo que les retuvo
indebidamente desde 2006, lo que sumaría unos 30.000 millones de pesos
más los intereses. En el caso de Córdoba, cuando obtenga una sentencia
definitiva, será acreedora a un retroactivo de 50.000 millones de pesos
más intereses.
Pero las cifras se multiplicarán, porque CFK le redobló la apuesta a la
Corte: a través de un decreto, ha generalizado la devolución del 15% a
todas las provincias. Así, el monto que se le sustraerá a la Anses es de
73.000 de pesos. Según una consultora afín al gobierno, el costo fiscal
total de los fallos, en caso que se sumaran todas las provincias al
reclamo, sumaría 363.648 millones de pesos (Economía y Regiones).
El decreto presidencial plantea compensar al Anses con fondos del
Tesoro, y no tomar en cuenta la detracción para el cálculo de los
aumentos jubilatorios (recordemos que, por la ley vigente, esos aumentos
toman en cuenta la evolución que registra el fondo de Garantía de la
Anses). De todos modos, estamos ante una frazada demasiado corta. Por
caso, el Anses podría retrasar todavía más el pago de las sentencias
pendientes a los jubilados.
Aunque el fallo de la Corte no lo dice, algunos interpretan que la
Anses sería forzada a la venta de las acciones que posee el Fondo de
Garantía en grandes empresas privadas. Esa venta fue reclamada por las
empresas involucradas, para sacar al Estado del capital accionario y
quitarle la prerrogativa de tener miembros en sus directorios.
El reparto del "ajuste" que se viene
Pero se ha señalado también otra cuestión de fondo: el fallo -y el
posterior decreto presidencial- diseñan el reparto del "ajuste" que se
viene, entre la Nación y las provincias. Ocurre que la anunciada
reducción de las retenciones al campo reduce la importancia del tesoro
central en la recaudación: el "fondo Sojero" que se distribuía
federalmente se reducirá a una mínima expresión. Por lo tanto, una
"federalización" de los ingresos compartirá también una "federalización"
de gastos, y, por lo tanto, una política de ajustes en cada una de las
provincias. Estamos ante otro episodio de la transición política -el de
las crisis políticas y grandes luchas provinciales.
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