El acuerdo al que se arribó en Chubut, de sólo seis meses de duración,
asegura un subsidio de 8 dólares el barril a tres grandes pulpos: Pan
American Energy (Carlos Bulgheroni), Tecpetrol y EnapSipetrol. Ese
convenio le costará al Estado nacional 250 millones de dólares en el
semestre, y otros 40 millones aportará la provincia de Chubut. En la
reunión estuvieron también Miguel Galuccio, que conserva su empleo en
YPF, y el secretario general de Petroleros Privados chubutense, Jorge
“Loma” Avila”, además del gobernador Mario Das Neves. A cambio del
subsidio, las empresas sólo se comprometieron a no despedir durante esos
seis meses.
La fiesta sigue
“Mientras los usuarios tachan los días del calendario hasta que llegue
el anuncio de un aumento de tarifas eléctricas, los petroleros sonríen”
(La Nación, 25/1). El artículo, firmado por el especialista Diego Cabot,
sigue: “No es para menos: el Gobierno ha tomado la decisión de entregar
en 2016 un subsidio de no menos de 5000 millones de dólares a las
grandes petroleras. La cuenta es simple y surge de multiplicar la
cantidad de barriles que se producen en el país por la diferencia que
existe entre el precio internacional del crudo -que no deja de caer- y
el precio mínimo que el gobierno les aseguró a las empresas”.
Ahora, en Chubut, según un columnista del mismo diario, Bulgheroni
logró un acuerdo “magnífico” con el gobierno: la administración Macri le
aseguró que continuará la política kirchnerista de subsidiar a las
petroleras, tanto en el mercado interno como en el precio del barril de
exportación.
Sin embargo, las petroleras no están conformes: pretenden, además,
avanzar drásticamente sobre todas las conquistas de los trabajadores del
sector. Exigen, por ejemplo, “flexibilizar el trabajo con menos días de
franco y (…) recortes en horas extras y de viajes” (El Patagónico,
26/1). Además reclaman reducciones en los salarios, en las horas extras y
en los viajes.
Es necesario extender a todas las zonas petroleras el proyecto de ley
presentado en la Legislatura neuquina por la diputada Patricia Jure
(PO-FIT), que prohíbe despidos y suspensiones por 180 días. El subsidio
generalizado a los pulpos pone de manifiesto su parasitismo, y replantea
la lucha por la estatización de la actividad bajo control de los
trabajadores
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