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domingo, 21 de febrero de 2016

No es la inflación, es una crisis política

18 de febrero de 2016 | #Prensa Obrera1399 | Por Marcelo Ramal

El gobierno celebró el levantamiento “indoloro” del cepo cambiario. Pero la liquidación de la cosecha por parte de los pulpos exportadores ha sido la mitad de la esperada. El atesoramiento de dólares y la fuga de capitales no han cesado, aunque los bancos ofrecen tasas altísimas para sus depósitos 
 
Que el gobierno de Macri haya colocado a la inflación en “el primer lugar de las preocupaciones” suena, en primer lugar, a una impostura -ello, porque proviene de un gobierno que devaluó la moneda en un 50%, bajó las retenciones a los alimentos que se exportan y resolvió un tarifazo del 600% en la luz eléctrica. Un editorialista apuntó que “Macri necesita mostrar que lucha contra la inflación para su relación con los sindicatos” (La Nación, 14/2) -en otras palabras, busca una coartada para empujar las paritarias a la baja (el kirchnerismo también solía reforzar sus estériles controles de precios en vísperas de las negociaciones salariales).
 
El debate sobre la inflación, sin embargo, no se agota en esa maniobra. En el fondo, pone de manifiesto una crisis política, como lo demuestran los desplazamientos en el Indec. La pretensión de una salida ordenada y “gradual” a la bancarrota que dejó el kirchnerismo empieza a mostrar sus límites. 
 
En estas condiciones, el gobierno mantiene las reservas internacionales a costa de seguir ‘racionando’ las importaciones y, con ello, la propia actividad industrial.  
 
A su turno, el tarifazo ha operado contra la propia devaluación, puesto que elevó los costos en dólares de la producción local. Por eso, la patronal agraria e industrial espera otra escalada devaluatoria, lo que se ha expresado en estos días, por un lado, en un nuevo salto del dólar y, paradójicamente, en una mayor retención de los acaparadores de la cosecha, que suponen que la depreciación del peso va a continuar.
 
En este cuadro, el ingreso de divisas depende crucialmente de un nuevo endeudamiento externo y, por lo tanto, del acuerdo con los fondos buitre. 
 
Pero ¿cuál sería el destino de la esperada “reapertura del crédito internacional”? Ni más ni menos que cubrir los agujeros de las finanzas públicas, cuyo déficit en 2016 será del orden de los 20.000 millones de dólares. La liga de gobernadores, senadores y diputados “nacionales y populares” darán luz verde a esta hipoteca bajo la promesa macrista de habilitar, a su turno, el endeudamiento de las provincias con el mismo fin, o sea, cubrir los agujeros de sus respectivos tesoros. Es claro que el reendeudamiento, en estos términos, sólo puede ser el anticipo de una nueva quiebra nacional. 
 
Choques internos 
 
Es por eso que, dentro y fuera del gobierno, una fracción capitalista emplaza a Macri a abandonar lo que llaman “gradualismo” y ejecutar un brutal ajuste fiscal -o sea, que el ingreso de fondos externos sea acompañado por una menor emisión de billetes para financiar el gasto público. Con el mismo propósito, el macrismo está absorbiendo los pesos emitidos a costa de endeudar todavía más al Banco Central. Ya en estos meses, los pagarés que emite el BCRA en favor de los bancos se han chupado buena parte del crédito, acentuando la suba de la tasa de interés, la recesión industrial y también otro factor inflacionario, ya que el consumo popular es cada vez más dependiente de las compras a crédito (tarjetas). A través del endeudamiento para el consumo inmediato (que es un resultado de la caída del salario), los trabajadores pagan un tributo cada vez mayor al capital financiero, que se vehiculiza por la caja de los supermercados. 
 
Un ajuste fiscal en regla acentuaría la recesión económica, reforzando la extorsión contra los trabajadores que ya anticipó Prat Gay -“elijan, salarios o empleo”. Después de la confiscación inflacionaria de la devaluación y los tarifazos, la “política antiinflacionaria” deberá abrirse paso a costa de suspensiones y despidos. 
 
Este recontraajuste, sin embargo, no sólo deberá enfrentar la resistencia obrera. También choca con las tendencias de toda una fracción del capital, que reclama un rescate. Después de reducirle los impuestos a los exportadores agrarios, el gobierno ha debido renovar la política de subsidios a los monopolios petroleros, en medio del derrumbe internacional de los precios del crudo. Ahora, suma otra mancha al agujero fiscal, la reducción de retenciones a las mineras. En medio de un cuadro de deflación mundial, Argentina tiene un gobierno “inflacionario”, a costa de socorrer a los monopolios capitalistas. Esta exigencia patronal sobre el Estado se reforzará con el agravamiento de la crisis brasileña: la devaluación del real y su derrumbe económico interior acentúan la presión exportadora de los monopolios de ese país sobre el mercado argentino. Mientras el gobierno amenaza con “abrir las importaciones” para bajar la inflación, una parte de la gran patronal exige, por el contrario, mayores medidas protectivas. 
 
De cara a las contradicciones que plantea la crisis capitalista, los explotadores están divididos y cruzados por múltiples choques, y ellos han llegado al gabinete macrista. La clase obrera debe tomar cuenta de este cuadro convulsivo y sacar las conclusiones políticas y de lucha.

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