26 de febrero de 2016
| Por Gabriel Solano
Para el
pueblo argentino la decisión judicial que beneficia a Pedraza es una
lección sobre las características reaccionarias del régimen político.
Las movilizaciones populares profundas logran imponer excepcionalmente
condenas a los explotadores y opresores, pero no cambian la naturaleza
del Estado y de su clase social dominante. Estas esperan pacientemente
para recurrir a todo tipo de artimañas y maniobras que resguarde la
impunidad de su personal político –en este caso de la burocracia
sindical.
La resolución del Tribunal Nª 21, que le concede a Pedraza el beneficio
de la libertad domiciliaria, es una tentativa de retomar la hoja de
ruta trazada desde el mismo día del asesinato de Mariano Ferreryra, para
conseguir la impunidad de los responsables políticos del crimen. La
reacción popular inmensa que despertó en todo el país el asesinato de
Mariano y las heridas gravísimas que sufrió Elsa Rodríguez impidió que
este operativo de impunidad de consume. La condena a Pedraza, de su
segundo Fernández, y de los policías y barras que se asociaron para
producir un acto de represión ejemplar contra los ferroviarios
tercerizados, fue conquistada gracias a la movilización inmensa contra
los poderes del Estado.
Los trazos gruesos de la impunidad fueron formulados por Aníbal
Fernández y la ex presidenta de la Nación. El primero, cuando señaló que
la acción policial, que como luego se probó permitió el asesinato de
Mariano, fue “ejemplar”. La segunda, con un discurso pronunciado a horas
de cometido el crimen, en el que culpó a los compañeros de Mariano por
realizar manifestaciones “violentas con palos”. La presidenta, que
luego recurriría a las palabras de su hijo sobre que la “bala que mató a
Mariano rozó el corazón de Néstor”, no tuvo empacho en ponerse del lado
de los jefes políticos de la patota asesina. El punto culminante de la
ofensiva contra los compañeros de Mariano sucedió, sin embargo, dos
meses después. En el mes de diciembre, frente a incidentes ocurridos en
la estación de Constitución, el gobierno responsabilizó al Partido
Obrero y mandó a detener a tres compañeros de lucha de Mariano. El
titular del CELS, Horario Verbtisky, colaboró con denuncias inventadas
de su propia cosecha, para involucrar a nuestro partido en los
incidentes. Fue necesaria otra nueva movilización a Plaza de Mayo,
también masiva, para hacer fracasar este plan siniestro. Incluso ya
entrado enero se filtró a los medios una conversación de Pedraza con su
hija, en la que se lamentaba por tener que ir a un acto oficial en la
costa atlántica invitado por la presidenta. Pedraza sería encarcelado
recién en febrero del 2011.
Esta trama de impunidad tuvo su expresión en el proceso judicial. En
vez de impulsar una causa única, en la que se investigara la totalidad
de la trama que derivó en el asesinato de Mariano, se la desguazó en
varias partes, separando la investigación del asesinato de los manejos
de fondos y subsidios que alcanzaban a funcionarios, empresarios y
burócratas sindicales. De todas las causas la única que avanzó fue la
que del asesinato de Mariano. Las otras, en cambio, quedaron siempre
cajoneadas. Esto vale tanto para que la debió investigar los manejos de
los subsidios y su relación con las empresas tercerizadas manejadas por
el propio sindicato de la Unión Ferroviaria, como la que se siguió por
el intento de coima de Pedraza a altos funcionarios judiciales.
El fallo del Tribunal que condena a Pedraza, Fernández, policías y
patoteros no es ajeno a esta política de impunidad. Los jueces
calificaron el crimen como “homicidio simple” y no “calificado”, como
reclamábamos desde el PO, argumentando que no había habido premeditación
a la hora de realizar el ataque criminal que costó la vida de Mariano.
Para ello se desconocieron pruebas abrumadoras que mostraban lo
contrario. El sentido de esta carátula no fue leguleyo sino político:
sin premeditación ni organización previa para cometer el delito, y al
dejarse fuera las motivaciones económicas, se limitó las
responsabilidades a Pedraza, dejando fuera a funcionarios políticos y
empresarios. De ahí el sentido estratégico de nuestra apelación, que fue
rechazada por el mismo Tribunal que ahora otorga el beneficio de la
prisión domiciliaria a Pedraza.
El gobierno de Macri siguió a fondo la política ferroviaria que tuvo el
kirchnerismo luego del asesinato de Mariano y de la masacre de Once,
cuya piedra basal fue asegurarse el respaldo de la Unión Ferroviaria. La
UF, comandada por los discípulos de Pedraza, respaldó la gestión de
Randazzo, que en materia laboral recreó la tercerización de trabajadores
en el ferrocarril a una escala enorme. La UF carnereó todos los paros
convocados contra el impuesto al salario durante el último período del
kirchnerismo, y ahora estuvo detrás de la ruptura del bloque de
diputados del FPV que comandó Bossio, pero que tiene como presidente a
un patotero del SMATA. La prisión domiciliaria para Pedraza es un
convite en la mesa de la unificación de la CGT, que se promueve desde el
gobierno para enfrentar al activismo obrero que batalla contra el
ajuste estatal-patronal.
Para el pueblo argentino la decisión judicial que beneficia a Pedraza
es una lección sobre las características reaccionarias del régimen
político. Las movilizaciones populares profundas logran imponer
excepcionalmente condenas a los explotadores y opresores, pero no
cambian la naturaleza del Estado y de su clase social dominante. Estas
esperan pacientemente para recurrir a todo tipo de artimañas y maniobras
que resguarde la impunidad de su personal político –en este caso de la
burocracia sindical.
Inscribimos nuestra lucha contra este acto de impunidad y para que la
Justicia anule la resolución que beneficia a Pedraza, en nuestro combate
a fondo contra el régimen capitalista que pretende otra vez que la
crisis la paguen los trabajadores.
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