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viernes, 26 de febrero de 2016

Una cadena de impunidad

La prisión domiciliaria de Pedraza
 
26 de febrero de 2016 | Por Gabriel Solano 
 
Para el pueblo argentino la decisión judicial que beneficia a Pedraza es una lección sobre las características reaccionarias del régimen político. Las movilizaciones populares profundas logran imponer excepcionalmente condenas a los explotadores y opresores, pero no cambian la naturaleza del Estado y de su clase social dominante. Estas esperan pacientemente para recurrir a todo tipo de artimañas y maniobras que resguarde la impunidad de su personal político –en este caso de la burocracia sindical. 
 
La resolución del Tribunal Nª 21, que le concede a Pedraza el beneficio de la libertad domiciliaria, es una tentativa de retomar la hoja de ruta trazada desde el mismo día del asesinato de Mariano Ferreryra, para conseguir la impunidad de los responsables políticos del crimen. La reacción popular inmensa que despertó en todo el país el asesinato de Mariano y las heridas gravísimas que sufrió Elsa Rodríguez impidió que este operativo de impunidad de consume. La condena a Pedraza, de su segundo Fernández, y de los policías y barras que se asociaron para producir un acto de represión ejemplar contra los ferroviarios tercerizados, fue conquistada gracias a la movilización inmensa contra los poderes del Estado.  
 
Los trazos gruesos de la impunidad fueron formulados por  Aníbal Fernández y la ex presidenta de la Nación. El primero, cuando señaló que la acción policial, que como luego se probó permitió el asesinato de Mariano, fue “ejemplar”. La segunda, con un discurso pronunciado a horas de cometido el crimen, en el que culpó a los compañeros de Mariano por realizar manifestaciones  “violentas con palos”. La presidenta, que luego recurriría a las palabras de su hijo sobre que la “bala que mató a Mariano rozó el corazón de Néstor”, no tuvo empacho en ponerse del lado de los jefes políticos de la patota asesina. El punto culminante de la ofensiva contra los compañeros de Mariano sucedió, sin embargo, dos meses después. En el mes de diciembre, frente a incidentes ocurridos en la estación de Constitución, el gobierno responsabilizó al Partido Obrero y mandó a detener a tres compañeros de lucha de Mariano. El titular del CELS, Horario Verbtisky, colaboró con denuncias inventadas de su propia cosecha, para involucrar a nuestro partido en los incidentes. Fue necesaria otra nueva movilización a Plaza de Mayo, también masiva, para hacer fracasar este plan siniestro. Incluso ya entrado enero se filtró a los medios una conversación de Pedraza con su hija, en la que se lamentaba por tener que ir a un acto oficial en la costa atlántica invitado por la presidenta. Pedraza sería encarcelado recién en febrero del 2011.
 
Esta trama de impunidad tuvo su expresión en el proceso judicial. En vez de impulsar una causa única, en la que se investigara la totalidad de la trama que derivó en el asesinato de Mariano, se la desguazó en varias partes, separando la investigación del asesinato de los manejos de fondos y subsidios que alcanzaban a funcionarios, empresarios y burócratas sindicales. De todas las causas la única que avanzó fue la que del asesinato de Mariano. Las otras, en cambio, quedaron siempre cajoneadas. Esto vale tanto para que la debió investigar los manejos de los subsidios y su relación con las empresas tercerizadas manejadas por el propio sindicato de la Unión Ferroviaria, como la que se siguió por el intento de coima de Pedraza a altos funcionarios judiciales. 
 
El fallo del Tribunal que condena a Pedraza, Fernández, policías y patoteros no es ajeno a esta política de impunidad. Los jueces calificaron el crimen como “homicidio simple” y no “calificado”, como reclamábamos desde el PO, argumentando que no había habido premeditación a la hora de realizar el ataque criminal que costó la vida de Mariano. Para ello se desconocieron pruebas abrumadoras que mostraban lo contrario. El sentido de esta carátula no fue leguleyo sino político: sin premeditación ni organización previa para cometer el delito, y al dejarse fuera las motivaciones económicas, se limitó las responsabilidades a  Pedraza, dejando fuera a funcionarios políticos y empresarios. De ahí el sentido estratégico de nuestra apelación, que fue rechazada por el mismo Tribunal que ahora otorga el beneficio de la prisión domiciliaria a Pedraza. 
 
El gobierno de Macri siguió a fondo la política ferroviaria que tuvo el kirchnerismo luego del asesinato de Mariano y de la masacre de Once, cuya piedra basal fue asegurarse el respaldo de la Unión Ferroviaria. La UF, comandada por los discípulos de Pedraza, respaldó la gestión de Randazzo, que en materia laboral recreó la tercerización de trabajadores en el ferrocarril a una escala enorme. La UF carnereó todos los paros convocados contra el impuesto al salario durante el último período del kirchnerismo, y ahora estuvo detrás de la ruptura del bloque de diputados del FPV que comandó Bossio, pero que tiene como presidente a un patotero del SMATA. La prisión domiciliaria para Pedraza es un convite en la mesa de la unificación de la CGT, que se promueve desde el gobierno para enfrentar al activismo obrero que batalla contra el ajuste estatal-patronal. 
 
Para el pueblo argentino la decisión judicial que beneficia a Pedraza es una lección sobre las características reaccionarias del régimen político. Las movilizaciones populares profundas logran imponer excepcionalmente condenas a los explotadores y opresores, pero no cambian la naturaleza del Estado y de su clase social dominante. Estas esperan pacientemente para recurrir a todo tipo de artimañas y maniobras que resguarde la impunidad de su personal político –en este caso de la burocracia sindical.
Inscribimos nuestra lucha contra este acto de impunidad y para que la Justicia anule la resolución que beneficia a Pedraza, en nuestro combate a fondo contra el régimen capitalista que pretende otra vez que la crisis la paguen los trabajadores. 

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Politica Obrera

Coordinadora Sindical Clasista - Partido Obrero

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