CREDITOS HIPOTECARIOS
El principal atractivo del nuevo sistema de créditos hipotecarios,
según reza la propaganda oficial, consistiría en una cuota inicial un 40
por ciento inferior a la actualmente vigente. El interesado en comprar
un departamento podría pagar una cuota más baja y exhibir ingresos
demostrables menores a los que se exigen hoy. Se adoptará una unidad de
vivienda (UVI) ajustable mes a mes de acuerdo a la variación de los
precios al consumidor, que se medirá a través del índice CER.
El problema es que la cuota se actualiza según la inflación y la
política oficial consiste en que los salarios corran por debajo de la
inflación. La devaluación, la liberación de precios y de las tarifas
apuntan a restablecer la tasa de ganancia de la clase capitalista y en
esa medida, van de la mano de un retroceso de los “costos laborales”. En
ese marco, la cuota hipotecaria tenderá a devorarse una porción cada
vez mayor del ingreso.
El proyecto oficial abre el paraguas sobre este punto al señalar que en
caso de desfasaje entre las cuotas y el ingreso superior al 10%,
podrían agregarse más cuotas. El préstamo previsto originalmente para 15
años podría ir extendiéndose en el tiempo y la deuda podría convertirse
en “eterna”. El valor final de la cuota, por otra parte, sería aún
mayor, al incluir ítems como los seguros y gastos de escrituración.
Así el anzuelo de la cuota inicial accesible podría tornarse en su
contrario. Es lo que ocurrió con la tristemente conocida circular 1050,
que, aunque se ajustaba por otro parámetro (la tasa de interés),
compartía con el proyecto anunciado el principio de la indexación de las
cuotas y de la deuda. “En un escenario de alta inflación como el
actual, bien puede ocurrir que al cabo de un año y luego de pagar 12
cuotas, la deuda sea mayor que al arranque” (Uno, 9/4).
Esto explica que un sector del oficialismo considerara “inoportuno” el
lanzamiento del nuevo régimen, en momentos en que la carestía está
haciendo estragos.
Por otra parte, el nuevo índice de precios al consumidor ha debutado
con una truchada, la súbita sustitución del índice porteño por el
elaborado por San Luis, que arroja una cifra inferior. Esto cuestiona de
raíz cualquier régimen que pretenda ajustarse por las variaciones
operadas en el costo de vida
Esta manipulación de los índices ya se ha reflejado en el derrumbe de
los títulos ajustables con el CER, que están cotizando bajo la par. Si
quieren tener alguna chance de competir con estos títulos, los nuevos
depósitos indexados que van a salir al ruedo -y que aspiran a aportarle
fondos a los créditos hipotecarios- deberán ofrecer rendimientos más
altos. Ello encarecería aún más los costos de la nueva operatoria.
Este cúmulo de contradicciones explica que el presidente del Banco
Nación haya anunciado que está estudiando un régimen distinto. El ala
del gobierno que viene fogoneando este sistema, encabezada por la cúpula
del Banco Central, confía en que los temores que inspira el nuevo
régimen hipotecario se aplacarán cuando ceda la inflación. Eso está por
verse, pero lo que se omite señalar es que si esta tendencia se
verificara, sería un subproducto de la recesión que ya está en marcha.
La política oficial apunta a valerse de este escenario recesivo para
neutralizar los reclamos salariales y consolidar definitivamente el
ajuste. En el marco de un congelamiento o rebaja salarial, la distancia
entre los ingresos y los precios de la vivienda tenderán a agrandarse.
Bicicleta financiera
Los fondos para esa operatoria serían otorgados por los bancos a partir
de los recursos que capten por depósitos indexados. Para los bancos, el
riesgo de este mecanismo está, sin embargo, en el “descalce” de plazos.
En la actualidad, casi el 90% de los depósitos están colocados a menos
de 60 días de plazo, mientras que los créditos hipotecarios son
otorgados a plazos no menores a los 10 años. “Las entidades que se
comprometieron a adoptar el sistema asumirán ese riesgo, pero tienen
posibles garantes… la Anses participó en las charlas para la creación de
las UVI y estaría dispuesta a comprarles parte de la cartera a los
bancos” (Uno, 9/4). Una vez más, la plata de los jubilados será
utilizada por armar una bicicleta financiera. La Anses correría con el
riesgo que implica una operatoria incierta y que puede terminar
colapsando con una masa de deudores incobrables. La nueva operatoria,
por otra parte, sería el pretexto para ponerle broche final al plan
Recrear, que viene siendo financiado por la Anses. Creado por el
gobierno K, venía otorgando, aunque a cuentagotas, préstamos para
viviendas a valores más accesibles. En contraste con ello, los bancos
terminarían haciendo un pingüe negocio, pues dispondrían de fondos
adicionales provenientes de los ahorristas para colocarlos en
inversiones más seguras y rentables, en primer lugar en títulos de la
deuda.
Conclusión
Lejos de facilitar el acceso a la vivienda, el nuevo régimen
hipotecario habilitaría a una nueva confiscación y los grandes
beneficiarios serían los bancos y no la población necesitada. Esto en el
supuesto de que el nuevo régimen logre prosperar. Por el momento, todo
está atado con alambre.
Los recursos
sobran, pero se privilegian otros intereses y fines sociales. Lo único
que hay que hacer es invertir la fórmula. Una banca nacionalizada
destinaría una parte de su capacidad prestable en créditos destinados a
la vivienda popular, con un plan de
cuotas que no debería superar el 20
por ciento del ingreso.
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