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viernes, 27 de mayo de 2016

Después del veto, más ajuste

Tomemos en nuestras manos la lucha contra los despidos y los tarifazos, y por el salario
 
26 de mayo de 2016 | #Prensa Obrera 1412 | Por Comité Nacional del Partido Obrero
 
DECLARACION DEL COMITE NACIONAL DEL PARTIDO OBRERO 
 
Tomemos en nuestras manos la lucha contra los despidos y los tarifazos, y por el salario
 
Foto: Ignacio Smith
 
El veto de Macri a la ley de prohibición de despidos y suspensiones es mucho más que el intento de establecer un acto de autoridad por parte de un gobierno de origen minoritario (en la primera vuelta apenas superó el 30%). Su objetivo de fondo es descargar la bancarrota económica sobre las espaldas de los trabajadores para recuperar la tasa de beneficio del capital. 
 
Ofensiva anti-obrera 
 
El lugar elegido para anunciar el veto presidencial -la planta de Cresta Roja- deja claro cuál es el “modelo” de Macri. La patronal de Cresta Roja ha reducido en dos tercios el plantel de empleados, ejecutó más de 2.000 despidos y obligó a los trabajadores a renunciar a su estabilidad laboral y antigüedad, dejándolos con contratos basura de renovación trimestral. 
 
En pos de ese “modelo”, Macri ya tiene en carpeta una reforma laboral flexibilizadora. El primer paso será una “ley de empleo joven”, la cual, al otorgar a las patronales beneficios impositivos para los nuevos empleados que contraten, termina por ser un incentivo para despedir a los “viejos” trabajadores. Pero el asunto no termina allí. El Ministerio de Trabajo, junto con las cámaras empresarias y la burocracia sindical, han formado comisiones para discutir la “productividad”, que para los capitalistas sólo significa una mayor explotación de la fuerza de trabajo. Con la excusa de un alto ausentismo, quieren establecer el presentismo a todos los trabajadores y hasta el descuento de los días de huelga. La reforma podría incluir también la ilegalización de las huelgas que no sean convocadas por las direcciones sindicales, en un claro ataque a las luchas por abajo que son motorizadas por el activismo clasista. 
 
Esta ofensiva contra los trabajadores tiene su capítulo principal con la desvalorización del salario, que es el resultado de una política consciente y premeditada del gobierno. Los aumentos salariales están muy por detrás de una inflación que supera el 40%, como consecuencia de la megadevaluación y los tarifazos, convalidando una pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores del orden de los 10 puntos porcentuales. 
 
Mientras especulan con la quiebra del Tesoro y del Banco Central, al cual le prestan dinero a tasas usurarias, los capitalistas le imponen a los trabajadores la venta de su fuerza de trabajo por debajo de su valor (la canasta familiar). 
 
Cómplices 
 
Este objetivo antiobrero envuelve al conjunto de la clase capitalista y sus partidos. Por eso el veto de Macri ha pasado con el aval del Frente para la Victoria y del massismo. En el Senado, donde tiene más de dos tercios de los votos, el FpV ya anunció que no piensa insistir con la ley. Tiene su lógica: los gobernadores que dictan la política en el Senado aplican ellos mismos despidos o rebajas salariales en sus respectivas provincias. Horas antes del veto presidencial, los gobernadores pactaban con Macri un precario rescate financiero de las provincias, a cambio de un monitoreo del “ajuste” por parte del gobierno central. 
 
Este pacto del veto y del ajuste incluye a Santa Cruz, gobernada por una integrante de la familia Kirchner. Su pretensión de imponer una paritaria de 15%, cuando la inflación patagónica supera incluso la media nacional por los efectos del tarifazo, ha creado una rebelión provincial. La docencia, los trabajadores del Estado, e incluso los obreros de la construcción están en un virtual estado de huelga general. Una situación similar es la que se vive en Tierra del Fuego, también gobernada por el Frente para la Victoria, donde los trabajadores protagonizan una huelga general que supera los 85 días. 
 
La complicidad con el ajuste en marcha alcanza por sobre todo a la burocracia sindical. En un cuadro de despidos, desvalorización del salario y continuidad del impuesto a las ganancias sobre los trabajadores, las cinco centrales sindicales se limitaron a pedirle al Congreso la aprobación de una ley de prohibición de despidos muy limitada (con un plazo de vigencia de sólo seis meses y sin retroactividad para lograr la reincorporación de los 130.000 despedidos de este año). El recurso de ir al Congreso fue la coartada para dejar a un lado los métodos de lucha que tienen los trabajadores para pelear por sus reclamos. Prometieron, sí, que si la ley era vetada convocarían un paro de repudio. Sin embargo, llegó el veto pero no el paro. A cambio de ello, la burocracia negoció por lo bajo fondos para las obras sociales, puestos en el directorio del Pami e impunidad para sus manejos financieros turbios. 
 
De este modo la burocracia demostró lo que es: un agente de las patronales dentro del movimiento obrero. Sus intereses de casta se encuentran totalmente diferenciados de los intereses de los trabajadores. 
 
Crisis 
 
Pero la ofensiva antiobrera que encabezan Macri y los gobernadores en nombre de toda la clase capitalista tiene bases endebles. El alcance de la bancarrota económica corroe la estabilidad del régimen. Las altas tasas de interés han armado una bicicleta financiera que les facilita grandes ganancias a los especuladores pero profundizan la recesión económica. El tarifazo, que beneficia a las privatizadas, no sólo golpea a las familias sino que agrava los costos industriales y comerciales neutralizando las ventajas que les dio la devaluación. Su inviabilidad se prueba en la Patagonia, donde el tarifazo liquida las perspectivas de regiones enteras y ha colocado a varias ciudades a las puertas de la rebelión popular. Temeroso de esa perspectiva, el gobierno del “veto” debió recular parcialmente con los megatarifazos del gas y la luz en el Sur. Pero la crisis no se ha cerrado, porque los aumentos que se terminaron convalidando son igualmente confiscatorios. 
 
Este cuadro se agrava considerablemente por la crisis brasileña, que afronta un retroceso económico y productivo de envergadura. La devaluación monetaria organizada por Prat-Gay no logró aumentar las exportaciones, menos aún las industriales, que tienen como destino exclusivo a Brasil. En este cuadro crecen las presiones capitalistas en favor de una nueva devaluación que lleve al dólar por encima de los 20 pesos. La política económica oscila entre la hiperinflación y la recesión económica, dos formas de confiscación de la clase obrera y el pueblo. 
 
El golpe de Estado ejecutado en Brasil contra Dilma Rousseff, con la complicidad de Macri, es la última palada de tierra sobre el moribundo Mercosur.  
 
Después de competir en ver quién desvaloriza más su fuerza de trabajo, cada gobierno de la región reclama libertad de comercio para cerrar acuerdos con las potencias imperialistas y China. Las burguesías nacionales de América latina han sido incapaces de consagrar la autonomía y la unidad de la región. Sus intereses de clase la llevan a actuar como fuerzas subordinadas del capital financiero internacional, condenando a nuestras naciones al atraso y la miseria social. 
 
Nuestra respuesta  
 
La crisis ataca y, a la vez, plantea una oportunidad para los trabajadores, ya que pone de manifiesto las bases precarias que tienen el gobierno y los capitalistas para desarrollar una ofensiva en regla. También facilita la comprensión política de la situación, al colocar a todos los partidos patronales en el campo del ajuste. Los intentos del kirchnerismo de actuar como oposición al macrismo no ha superado la prueba de los hechos. Sus gobernadores son los que aplican el ajuste, y sus bloques parlamentarios facilitaron el pacto con los buitres. 
 
La clave del proceso político se reduce a lo siguiente: los trabajadores debemos tomar la iniciativa para enfrentar el ajuste en marcha, organizando las luchas contra los despidos, las suspensiones, la carestía y los tarifazos. El programa de esa lucha es claro: ningún despido ni suspensión; ocupación de la fábrica o repartición que cierre o despida, por el reparto de las horas de trabajo sin afectar el salario; por un salario igual a la canasta familiar, hoy en 20.500 pesos; abajo el impuesto al salario; por el 82% móvil y un aumento de emergencia para todos los jubilados, cuya mínima apenas llega a la cuarta parte de la canasta familiar.
 
Nuestra consigna de plan de lucha y paro nacional apunta en esa dirección. Es la necesidad que tienen los trabajadores para derrotar el ajuste y es la forma de mostrar nítidamente la política traidora de la burocracia sindical.  
 
Llamamos la atención sobre las grandes rebeliones populares que se van desarrollando en el país, especialmente en la Patagonia Rebelde. Como tantas veces en nuestra historia, la resistencia popular contra los gobiernos antiobreros evolucionó del interior al centro del país. A ese centro político -a la Plaza de Mayo- marcharon días atrás decenas de miles de jóvenes junto a la Conadu H, en defensa de la universidad pública y de los docentes universitarios en lucha. 
 
La pueblada masiva en Comodoro Rivadavia, que reunió la marcha más numerosa de la historia de Chubut, impuso la vuelta al trabajo de miles de petroleros. Ese es el camino a seguir para derrotar los despidos, las suspensiones y las rebajas salariales. 
 
Llamamos la atención, también, sobre el triunfo de una lista combativa y clasista en el sindicato del Neumático (Sutna), que derrotó a la burocracia sindical identificada con el kirchnerismo. Muestra que la recuperación de los sindicatos por parte de los trabajadores es una transición política en marcha, que da cuenta del agotamiento de la burocracia sindical integrada al Estado y del surgimiento de una nueva generación de luchadores obreros. Esa transición se enlaza con otra cuestión de fondo: la superación política del peronismo por parte de una fracción creciente de la clase obrera, que lucha por una perspectiva política independiente de los trabajadores, anticapitalista y socialista. Por referencia a esos extraordinarios avances, todo seguidismo al kirchnerismo, una fuerza del ajuste que se hunde en medio de los escándalos por corrupción, es un crimen y una formidable regresión política. El “frente único” que tenemos que impulsar para derrotar el ajuste debe tener una base de clase, para luchar contra el gobierno y las patronales. 
 
Esta es la perspectiva con la que el Partido Obrero desarrolla el Frente de Izquierda. Sobre esta base llamamos a reforzar la lucha contra el ajuste antiobrero y a desarrollar la construcción de una alternativa política de los trabajadores.
 
22 de mayo de 2016
 

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