El naftazo
dispuesto por el ministro Juan José Aranguren ha colocado al rojo vivo
todas las contradicciones del “programa” económico. Aranguren subió los
combustibles un 10% al día siguiente de que el Banco Central
“ratificara” una inflación del 25% para este año. Incluso con una
desaceleración -que está por verse-, es difícil que la inflación anual
no supere el 45%. Aranguren, además, dejó la puerta abierta a nuevos
naftazos, de acuerdo a lo que ocurra con el tipo de cambio y el precio
del petróleo. Como lobbista liso y llano de los intereses petroleros,
el hombre anticipó la dolarización definitiva de los combustibles.
Pero el precio del petróleo está en alza, y el propio aumento de las
naftas reavivó los reclamos cambiarios de la burguesía exportadora. La
“patria sojera” denuncia que el aumento de sus costos se ha devorado la
baja de las retenciones (La Nación, 5/5). La UIA, por su parte, afirma
que “la paridad entre el peso y el real es la de 1998-2001” (ídem, 24/4)
-o sea, la que precedió a la megadevaluación de Duhalde. El naftazo
acicatea la devaluación, pero una nueva devaluación provocaría otro
naftazo. La tesis de un “reacomodamiento de precios” -y de una
estabilización posterior- hace agua por todos lados. La inflación
expresa el estallido de todas las contradicciones acumuladas, que están
lejos de encontrar un equilibrio.
Bicicleta financiera y recesión
Pero una nueva devaluación le asestaría un golpe letal a la bicicleta
financiera que el gobierno ha reforzado en torno de la deuda del Banco
Central con la banca privada, y que alcanza los 40.000 millones de
dólares. La renovación de estas Lebac, que se realiza a una tasa cercana
al 38% anual, es la base de una rentable bicicleta, que explica el
único ‘ingreso de capitales’ logrado por la administración Cambiemos
hasta hoy. Los especuladores cambian dólares por pesos para colocarlos
en Lebac, con la expectativa de volver a comprar divisas a un valor
estable para dentro de seis meses. Esta operación, que algunos
califican como “la renta más alta del planeta”, encarece el conjunto
del crédito y ha agravado la recesión económica. Es claro que esta
bicicleta volaría por los aires en caso de una nueva devaluación.
Mientras una parte de los analistas asegura que “el atraso cambiario
llegó para quedarse” (Cronista, 5/5), el agravamiento de la crisis
brasileña acentúa los reclamos devaluatorios de la burguesía
exportadora. Después de un 60% de derrumbe del peso, el déficit
comercial con el exterior persiste, y sólo se redujo por la brusca
contracción de las importaciones, como consecuencia de la menor
actividad económica. El consumo ha caído en los primeros meses del año,
y el producto bruto retrocederá no menos del 2% en 2016. La “lluvia de
inversiones” no existe, como lo revela el fiasco de los anuncios de Vale
en Mendoza.
Déficit fiscal y endeudamiento
En este cuadro, una fracción del gabinete -y de la propia burguesía-
plantea salir de la deuda explosiva del Central en base a un ajuste
fiscal de características brutales. Aunque el gobierno paralizó por
completo a la obra pública y despidió a trabajadores precarizados, sufre
por otro lado una caída de los ingresos del fisco, como resultado de la
baja de las retenciones y otros beneficios a los grupos capitalistas.
Sólo para cubrir el déficit fiscal, el gobierno prevé una emisión de
deuda de 37.000 millones de dólares. Nuevamente, y como en los años del
kirchnerismo, un aportante compulsivo a este financiamiento será la
Anses, pero percibiendo la mitad del rendimiento que obtendrán los
bancos que financiaron el pago a los fondos buitre. El fisco también
quiere financiarse con parte de los ahorros que se encuentran en el
“colchón”, que se ha reforzado bajo su mandato: 3.700 millones de
dólares fueron atesorados en el primer trimestre, ¡y después de que el
gobierno se endeudara en 5.000 millones para reforzar las reservas del
Central! El derrumbe del crédito y del consumo privado delatan que el
conjunto del ahorro nacional sostiene la refinanciación de la deuda
pública, por un lado, o permanece atesorado, por el otro. La renta
extraordinaria que perciben los especuladores es característica de los
períodos previos a una declaración de quiebra. Algunos anticipan que la
deuda del Central con los bancos podría ser canjeada por títulos del
Tesoro (una reedición del plan Bonex de 1990). Pero esta medida
compulsiva desacreditaría al “gobierno de los mercados”, y sería el
preámbulo de una crisis política.
Sin rumbo
A la luz de lo anterior, se comprende que la “dinámica del gabinete
(haya) tomado la forma de todos contra todos” (Cronista, 6/5). La guerra
del gabinete tiene su correlato en los enfrentamientos al interior de
la clase capitalista. El lobby automotriz, autopartista y una parte de
la “patria contratista” reclaman contra el acero caro de Techint.
Techint, por su parte, culpa de sus costos a la devaluación del real,
y-sin decirlo-se suma a las quejas del ‘atraso cambiario’. Lo mismo
ocurre con las “economías regionales” (Alto Valle).
Esta guerra revela la incapacidad del Estado para hacerse cargo del
conjunto de los rescates que reclama la clase capitalista. La pretensión
de trasladar el costo de este rescate a la clase obrera deberá pasar la
prueba de luchas de fondo y rebeliones populares, como se avizora en
los episodios de Tierra del Fuego o Comodoro Rivadavia. Mucho antes de
lo previsto, el gabinete de los CEO podría sufrir el destino que ellos
mismos le han deparado a más de 150.000 trabajadores cesanteados.
Fuente: http://www.po.org.ar/prensaObrera/1410/politicas/el-desmadre-economico-del-macrismo
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