DESPUES DE LA DETENCION DE LAZARO BAEZ
Los negocios y negociados de los K con el macrismo le ponen límites políticos a la investigación
Mientras el juez Claudio Bonadio ordenó el procesamiento de Cristina
Kirchner por la causa del dólar a futuro, y el “cerco judicial” a los K
avanza en distintos frentes, funcionarios del gobierno prefieren darle
un corte a las persecuciones penales a Lázaro Báez y compañía “porque
estas cosas no se sabe dónde terminan y, sobre todo, en quiénes
terminan” (Clarín, 7/5). Más claro, agua: los señores prefieren,
razonablemente, curarse en salud.
Báez y su familia son dueños de 212 propiedades, más de 400 mil
hectáreas en total. Ese dato alcanza por sí solo para indicar que
durante la década kirchnerista hubo un método de saqueo sistemático a
las arcas del Estado, una operatoria mafiosa que empieza a develarse en
¿toda? su magnitud.
Seguramente, algo similar se encontraría si se investigaran las
actividades de Cristóbal López o Rudy Ulloa. La “burguesía nacional
reconstruida” de los Kirchner es una asociación delictiva a gran escala.
Las derivaciones y los alcances de todo esto son por el momento
impredecibles, pero algo es seguro: su resolución no se producirá en el
terreno judicial sino en el de la política. También pueden preverse los
límites que encontrará este remedo de “mani pulite” argentino. Veamos.
Parte de la plata robada por los Kirchner iba a Lázaro Báez mediante la
contratación de obra pública, y Báez la devolvía por diversos
mecanismos (el alquiler de habitaciones hoteleras que no se ocupaban,
por ejemplo). En muchísimos casos esas obras ni siquiera se hicieron, se
contrataban únicamente para que Báez cobrara los adelantos y
“retornara” el dinero a la familia Kirchner.
Asociación ilícita M-K
En el caso de las represas Kirchner y Cepernic (su construcción está
detenida desde hace cuatro meses) Báez se presentó a la licitación
asociado con la empresa Iecsa, propiedad de Ángelo Calcaterra, primo
hermano de Mauricio Macri, aunque en ese caso perdió con otros
“burgueses reconstruidos”: Enrique Pescarmona y Eduardo Eurnekian, en
sociedad con el grupo brasileño Camargo Correa.
Calcaterra y Nicolás Caputo (beneficiado con más de 1.000 millones de dólares en obra pública por el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires durante la gestión macrista, y el negocio va en crecimiento exponencial)
son “los Báez” del Presidente. Báez y Calcaterra también intervinieron
juntos en el negociado del Gasoducto del Norte, en una licitación
amañada por Julio de Vido.
Hay más, mucho más. La compañía aérea provincial Aero Chaco, por
ejemplo, liquidada durante la gobernación de Jorge Capitanich. Cuando se
produjo el desguace, Báez le compró aviones a precio vil. En esa época,
las rutas que cubría Aero Chaco pasaron a Mac Air, la empresa de
aviación de los Macri, vendida poco después a Avianca (las rutas
chaqueñas mejoraron en mucho su cotización).
Ahora, la sociedad Calcaterra-Macri-K ha tenido una mala noticia:
mientras la ex Presidenta declaraba en el despacho de Claudio Bonadio,
la Sala IV de la Cámara de Casación decidía reabrir el caso Skanska, la
compañía sueca que pagó coimas abultadas a funcionarios kirchneristas y
emitió facturas falsas por muchos millones de pesos. Pues bien, una de
las empresas más comprometidas en aquel escándalo es precisamente Iecsa,
propiedad de Calcaterra.
Los límites políticos de la investigación empiezan a avizorarse. El
fiscal Guillermo Marijuan ya mostró su primer recule: “No amerita
detener a Martín Báez”, le dijo a la prensa. La mujer de Báez había
amenazado, en su momento (luego se desdijo, seguramente después de
recibir algún llamado), que si detienen a su hijo “Lázaro habla, y si no
habla él voy a hablar yo”. Es un pacto mafioso: la libertad de Martín
Báez a cambio del silencio de su padre.
Esto es un pozo negro de profundidad todavía desconocida, pero está
claro que el pueblo trabajador no puede permitir que la Argentina siga
gobernada por semejante sumidero.
Fuente: http://www.po.org.ar/prensaObrera/1411/politicas/el-saqueo-de-argentina-a-la-vista
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