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martes, 24 de mayo de 2016

¿Evaluar “la calidad educativa”?

PROVINCIA DE BUENOS AIRES
 
19 de mayo de 2016 | #Prensa Obrera 1411 | Por Amanda Martín 
 
Pretenden descalificar y precarizar la educación
 
La modificación reciente del régimen de calificaciones en la provincia de Buenos Aires reinstala los aplazos a partir de tercer grado.  
 
Este tipo de reformas no busca elevar el nivel de la formación integral de los niños y jóvenes, sino ajustar a las escuelas a las necesidades del capital, en medio del actual cuadro de derrumbe de la educación, del congelamiento del presupuesto educativo, de la agudización de la crisis de infraestructura y edilicia, de la paralización de la obra pública, así como de la pobreza masiva de los niños y adolescentes que concurren a la escuela pública. 
 
Por esta misma razón, la modificación del régimen académico fue completamente arbitraria e inconsulta. Ni docentes ni padres fueron convocados. 
 
Así, el gobierno Cambiemos, igual que el “nacional y popular” antes, evade su propia evaluación, como responsables del hundimiento de los cuatro aspectos cardinales para recuperar la educación pública. Uno y otro son los hacedores de la degradación educativa, la desintegración de las condiciones económicas y sociales de la población, el deterioro sistemático de las condiciones de trabajo, salario y capacitación de la docencia, así como la descalificación y devaluación de los contenidos, en función de generar una cada vez más amplia mano de obra descalificada al servicio de las necesidades de las empresas. 
 
Al presentar esta nueva manipulación, la gobernadora María Eugenia Vidal y su director general de escuelas, Alejandro Finocchiaro, ocultan su responsabilidad cuando silencian que la verdadera cara de la crisis educativa se refleja, en primer lugar, en la miseria social que estalla en las escuelas, donde el 42,6% de los niños y adolescentes del conurbano bonaerense está en la pobreza y el 9,4% sufre indigencia porque en sus hogares no hay siquiera para la alimentación básica. La cifra representa 1,3 millones de chicos de hasta 17 años que son pobres. Y, de ellos, 290.000 indigentes. 
 
Por el contrario, pretenden demostrar que la crisis es por el “populismo educativo” -según Gustavo Iaes, referente educativo de Sergio Massa- que habría alentado la falta de esfuerzo de parte del alumnado. 
 
El verso de este planteo se desnuda cuando las normas del “populismo educativo” que denuncian macristas, massistas y académicos de todo cuño fueron votadas por todos ellos en el Consejo Federal de Educación durante los últimos doce años. Incluso, la modificación promulgada en septiembre de 2014, en el marco de la resolución 174/12 del Consejo Federal de Educación, para revisar los modos de evaluación y considerar como una unidad pedagógica los primeros años de primaria, nos indica que no se trata de un antagonismo entre dos “concepciones” pedagógicas diferentes, ya que el organismo citado lo conforman todos los ministros de Educación del país. 
 
Maniobra contra las víctimas 
 
Esta modificación encubre un ataque para penalizar a los estudiantes y docentes, bajo el verso de la “calidad educativa”.
Presentado como un debate frente al relato K en la educación, introduce la estandarización de los contenidos, la sanción, el salario por mérito y la diferenciación presupuestaria al interior del sistema educativo. 
 
El Instituto Evaluador, sancionado en 2013 en la Ciudad de Buenos Aires y ahora nacionalizado, tiene ese objetivo. Ya lo expresó el actual ministro de Educación Esteban Bullrich, al declarar que las escuelas que rindan bien obtendrían estímulos (recursos), estableciendo una suerte de ranking de docentes, estudiantes y escuelas otorgando a cada cual su presupuesto y salario. Sin lugar a dudas, un ataque también al Estatuto Docente. 

Esta línea fue ratificada con el anuncio de la gobernadora sobre las evaluaciones para octubre en el área de Lengua y Matemáticas, señalando que “la evaluación también permite focalizar los problemas: cómo se forman los docentes o detectar fallas” (Clarín, 9/5). Y agrega que el problema es la capacitación docente. 
 
La inconsulta medida intenta sentar en el banquillo de los acusados a los trabajadores de la educación y a los niños, quitando la responsabilidad del Estado. Una tendencia de años y que la propia Ley de Educación Nacional, sancionada durante el gobierno K, habilita. 
 
Es lo que ratifica Vidal, quien tiene previsto realizar a partir de la última semana de octubre, y durante un año, una “evaluación institucional”. “Es una medida inédita en nuestra provincia y alcanzará a 10.000 instituciones de gestión estatal y privada”, adelantaron los funcionarios. Será con la intervención de “capacitadores” asignados a la tarea de revisar distintas funciones de los colegios. Los “capacitadores” vienen a actuar como síndicos de la quiebra educativa. 
 
Llamamos a enfrentar este nuevo ataque a la educación pública.

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Coordinadora Sindical Clasista - Partido Obrero

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