Pretenden descalificar y precarizar la educación
La modificación reciente del régimen de calificaciones en la provincia
de Buenos Aires reinstala los aplazos a partir de tercer grado.
Este tipo de reformas no busca elevar el nivel de la formación integral
de los niños y jóvenes, sino ajustar a las escuelas a las necesidades
del capital, en medio del actual cuadro de derrumbe de la educación, del
congelamiento del presupuesto educativo, de la agudización de la crisis
de infraestructura y edilicia, de la paralización de la obra pública,
así como de la pobreza masiva de los niños y adolescentes que concurren a
la escuela pública.
Por esta misma razón, la modificación del régimen académico fue
completamente arbitraria e inconsulta. Ni docentes ni padres fueron
convocados.
Así, el gobierno Cambiemos, igual que el “nacional y popular” antes,
evade su propia evaluación, como responsables del hundimiento de los
cuatro aspectos cardinales para recuperar la educación pública. Uno y
otro son los hacedores de la degradación educativa, la desintegración de
las condiciones económicas y sociales de la población, el deterioro
sistemático de las condiciones de trabajo, salario y capacitación de la
docencia, así como la descalificación y devaluación de los contenidos,
en función de generar una cada vez más amplia mano de obra descalificada
al servicio de las necesidades de las empresas.
Al presentar esta nueva manipulación, la gobernadora María Eugenia
Vidal y su director general de escuelas, Alejandro Finocchiaro, ocultan
su responsabilidad cuando silencian que la verdadera cara de la crisis
educativa se refleja, en primer lugar, en la miseria social que estalla
en las escuelas, donde el 42,6% de los niños y adolescentes del
conurbano bonaerense está en la pobreza y el 9,4% sufre indigencia
porque en sus hogares no hay siquiera para la alimentación básica. La
cifra representa 1,3 millones de chicos de hasta 17 años que son pobres.
Y, de ellos, 290.000 indigentes.
Por el contrario, pretenden demostrar que la crisis es por el
“populismo educativo” -según Gustavo Iaes, referente educativo de Sergio
Massa- que habría alentado la falta de esfuerzo de parte del alumnado.
El verso de este planteo se desnuda cuando las normas del “populismo
educativo” que denuncian macristas, massistas y académicos de todo cuño
fueron votadas por todos ellos en el Consejo Federal de Educación
durante los últimos doce años. Incluso, la modificación promulgada en
septiembre de 2014, en el marco de la resolución 174/12 del Consejo
Federal de Educación, para revisar los modos de evaluación y considerar
como una unidad pedagógica los primeros años de primaria, nos indica que
no se trata de un antagonismo entre dos “concepciones” pedagógicas
diferentes, ya que el organismo citado lo conforman todos los ministros
de Educación del país.
Maniobra contra las víctimas
Esta modificación encubre un ataque para penalizar a los estudiantes y docentes, bajo el verso de la “calidad educativa”.
Presentado como un debate frente al relato K en la educación, introduce
la estandarización de los contenidos, la sanción, el salario por mérito
y la diferenciación presupuestaria al interior del sistema educativo.
El Instituto Evaluador, sancionado en 2013 en la Ciudad de Buenos Aires
y ahora nacionalizado, tiene ese objetivo. Ya lo expresó el actual
ministro de Educación Esteban Bullrich, al declarar que las escuelas que
rindan bien obtendrían estímulos (recursos), estableciendo una suerte
de ranking de docentes, estudiantes y escuelas otorgando a cada cual su
presupuesto y salario. Sin lugar a dudas, un ataque también al Estatuto
Docente.
Esta línea fue ratificada con el anuncio de la gobernadora sobre las
evaluaciones para octubre en el área de Lengua y Matemáticas, señalando
que “la evaluación también permite focalizar los problemas: cómo se
forman los docentes o detectar fallas” (Clarín, 9/5). Y agrega que el
problema es la capacitación docente.
La inconsulta medida intenta sentar en el banquillo de los acusados a
los trabajadores de la educación y a los niños, quitando la
responsabilidad del Estado. Una tendencia de años y que la propia Ley de
Educación Nacional, sancionada durante el gobierno K, habilita.
Es lo que ratifica Vidal, quien tiene previsto realizar a partir de la
última semana de octubre, y durante un año, una “evaluación
institucional”. “Es una medida inédita en nuestra provincia y alcanzará a
10.000 instituciones de gestión estatal y privada”, adelantaron los
funcionarios. Será con la intervención de “capacitadores” asignados a la
tarea de revisar distintas funciones de los colegios. Los
“capacitadores” vienen a actuar como síndicos de la quiebra educativa.
Llamamos a enfrentar este nuevo ataque a la educación pública.
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