El juez Casanello ha ordenado allanar las propiedades de Lázaro Báez en
Santa Cruz, para recuperar los activos que serían resultado de las
operaciones de lavado de dinero. Si se avanza a la detención de alguno
de los hijos de Báez, podría quebrarse el pacto de silencio que se ha
impuesto el empresario K hasta el momento. Las acusaciones podrían
involucrar a CFK y a su hijo, pero también al conjunto de empresarios
involucrados en los doce años de gobierno “nacional y popular”.
La decisión de Casanello fue literalmente exigida por las corpos
mediáticas que hoy sostienen al gobierno. Cierto que el juez no avanzó
en la detención de los hijos de Báez.
A partir de la súbita agilidad de los jueces federales -el mismo
Casanello fue apodado “tortuga” por su renuencia a intervenir en casos
que involucraban al clan gobernante, mientras CFK estaba en la Casa
Rosada-, se ha difundido la creencia en una suerte de “cruzada
anticorrupción” organizada desde el Estado. El espejo sería Brasil.
Pero, como allí, los jueces y actuales oficialistas que reclaman “manos
limpias” están completamente enlodados por el desfalco de las arcas
públicas en beneficio de camarillas capitalistas. Lo que frena hoy la
mano de Casanello u otros jueces en el avance hacia las causas que
podrían significar el encarcelamiento de CFK y de su círculo de poder no
es la deliberación en la Justicia, sino la crisis política. La ex
presidente fue citada por la menor de las causas en las que está
involucrada y no por las causas abiertas que podrían llevarla
rápidamente a prisión. Es una muestra del desconcierto que impera en el
gobierno sobre cómo actuar. “En este punto, De Vido ya avisó que el
amigo del alma de Mauricio Macri tuvo más obras licitadas en su favor
que Lázaro Báez y la lista de los que se beneficiaron con los contratos
de dólar futuro compromete a medio gabinete del actual gobierno”
(Perfil, 19/4).
¿Hasta dónde llegar? El propio Lorenzetti que hoy sería el adalid de la
“independencia de la Justicia” fue denunciado por Carrió por el pacto
con el gobierno CFK en torno de la ley de Medios a cambio de “la caja”
para la Corte.
Por su parte, Cristina Kirchner ha respondido al cerco judicial
convocando a una “unidad” del FpV que no saque los pies del plato. Quien
ofició de vocera de la reunión de CFK con los senadores no dejó dudas:
“no hubo cuestionamientos” hacia los senadores que no fueron a la
reunión y votaron en masa el pacto buitre. “La unidad del bloque es
intocable” porque éste “es un nuevo tiempo, no hay blanco o negro” (El
Cronista, 22/4).
La “unidad” cauciona a los parlamentarios y gobernadores que apoyaron
al gobierno de MM y a la lista de unidad que encabezaría al PJ, cuyas
máximas cabezas -Gioja y Scioli- actuaron en apoyo al arreglo con los
fondos buitre.
El operativo “moralizante” choca con el involucramiento de toda la
clase capitalista en la quiebra nacional. Mientras tanto, sirve para
extorsionar a los K para que aporten a la gobernabilidad de los buitres,
los despidos y los tarifazos.
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