Eslabón fundamental de una nueva reforma laboral
La reunión que fijó los nuevos valores del salario mínimo y del seguro
al desempleo duró menos de una hora. Fue la escenificación de un acuerdo
con la burocracia sindical.
El acta establece un salario mínimo a partir del 1º de junio, a cobrar
en julio, de $ 6.810, luego de un salto inflacionario que sólo en ocho
meses (datos del Banco Central), se llevó el 10% de la capacidad de
compra del salario. Ese monto es casi exactamente un tercio de la
canasta familiar vigente en marzo –$ 20.380, según la encuesta de la
Universidad Nacional de Rosario. A ella hay que agregar el voluminoso
abril de un 7% de inflación y mayo que no bajará de un 3%.
Los diarios han informado casi sin excepción en la línea que trazó el
gobierno, haciendo hincapié en los $8.060 que serán percibidos en
febrero del año que viene, un acto inescrupuloso.
La información,
sesgada, pone el acento en el 30% acumulativo en términos anuales, una
turrada desde el momento que no considera el costo real de la canasta
familiar y ni siquiera una actualización rigurosa de lo perdido desde la
anterior convocatoria al Consejo y que ningún economista hace bajar del
40%.
Este saldo ignominioso del Consejo del Salario Mínimo explica el
virtual festejo de las centrales empresarias – “es un buen acuerdo,
porque para el sector empresario no es una cosa grave”, dijo el titular
de la Cámara de Medianas Empresas (CAME), hablando como vocero del
resto. Agudamente, Daniel Funes de Rioja, de la UIA y de la Cámara de la
Alimentación colocó a la convocatoria del Consejo como parte de la
agenda auspiciosa de “sinceramiento de la economía” que incluye la baja
de “los salarios más altos de la región”, un pensamiento de todas las
cúpulas empresarias.
La brecha entre el salario mínimo, vital y móvil y la canasta
familiar es la más alta de toda la secuencia posterior al salario mínimo
de 200 pesos dólares fijado por Menem. Esta tendencia al
hundimiento del salario mínimo en términos reales comenzó con el
kirchnerismo, en caída libre sus últimos cinco años. La maniobra de
compararlo con los ‘90 es una manipulación: la única comparación
legítima es con la canasta familiar que es el origen del concepto de
mínimo, vital y móvil.
El acuerdo del Consejo del Salario es parte de la tregua que estableció
la burocracia sindical, que no parece alterarse siquiera con el veto a
la ley de prohibición de despidos.
El Consejo aumentó también el seguro de desempleo a una escala que irá
de $1875 a $3000. El punto de partida es la absurda cifra de $400
mensuales congelada desde hace diez años y que suponía su virtual
desaparición. Una actualización por inflación haría que el valor actual debiera rondar los $ 5.000.
¿Pero cuál es el concepto? El seguro al desempleo es arrancado por los
trabajadores europeos al fin de la Segunda Guerra Mundial y como
instrumento para impedir que los capitalistas utilicen la desocupación
para imponer el descenso del salario real. Por eso debería estar en
línea con lo que cobraba un trabajador ocupado.
El aumento del seguro de desempleo tiene como contrapartida la completa
“libertad de despedir”, marcada por el gobierno con el reciente veto.
Omar Maturano, de La Fraternidad, reconoció la entregada, dijo que
querían “alcanzar (el costo de) la canasta básica, de $14.800, pero
llegamos a $ 8000 y es un avance. No es fácil consensuar”. El pez por la
boca muere.
La burocracia también abandonó el reclamo por la actualización del
mínimo en el Impuesto a las Ganancias y el tema quedó para la discusión
en “comisión”, acompañando así el planteo del gobierno Cambiemos de que cualquier modificación quede postergada para el año próximo.
Los temas del ausentismo y los descuentos salariales por huelga,
planteados por el gobierno, no formaron parte del “acuerdo” pero han
pasado a ser parte de la agenda de las comisiones que se reunirán el mes
próximo.
El presidente pudo incluso balbucear un discurso hablando de la batalla
de la “productividad” (obrera), “la estrella polar de la que hablaba el
general”. Este salario mínimo es la muestra de lo que pretende el
gobierno y acompaña la “unidad” de las centrales sindicales: una nueva
reforma laboral con el “empleo joven” a salario mínimo a la orden del
día.
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