Un primer paso en la campaña nacional para derribarlo
23 de junio de 2016
| Por Nelson Marinelli
Frente a un vallado que impedía siquiera acercarse al edificio de
Tribunales donde funciona la Corte Suprema, se llevó adelante un acto,
que partió de una iniciativa de la Coordinadora Sindical Clasista-PO, en
repudio al fallo de la máxima autoridad judicial que ataca al derecho
de huelga.
El fallo establece que “sólo los sindicatos están autorizados
para convocar a la realización de huelgas y medidas de fuerza”. Se trata
de una decisión reaccionaria que ataca la organización obrera y que
pretende también reforzar a la burocracia sindical.
En el acto, que contó con una innumerable cantidad de adhesiones del
movimiento sindical combativo, participaron una gran cantidad de
dirigentes y activistas de gremios, seccionales y comisiones internas de
distintos sindicatos. Fue realizado como el paso inicial de la campaña
nacional que se ha lanzado desde el clasismo y la izquierda contra este
fallo de la Corte y, al finalizar el mismo, los secretarios de
sindicatos presentes hicieron entrega, en el Palacio de Tribunales, del
primer bloque de firmas de trabajadores que repudian esa medida de la
Justicia.
Ileana Celotto, secretaria general del sindicato de los docentes
universitarios de la Universidad de Buenos Aires (AGD-UBA), quien
condujo el acto, destacó que el pronunciamiento contra el fallo está
recorriendo y siendo firmado en todo el país.
“No vamos a detenernos”, agregó, “vamos a seguir adelante contra esta
medida de la Corte, que atenta contra la organización y la lucha de los
trabajadores y que viene a reforzar el unicato sindical. Esto –dijo-
cuando la burocracia que dirige la mayoría de los sindicatos discute su
unidad, contra los trabajadores y cuando se acrecienta en diferentes
ramas de la industria, entre los estatales y los docentes la batalla por
los salarios y contra los despidos”.
La secretaria general del Suteba Matanza, Romina del Pla dijo que la
Corte y el gobierno temen a la creciente reacción de los trabajadores
contra el ajuste y por eso este fallo. “La huelga –señaló- es un derecho
de cada trabajador, que puede llevar adelante las medidas que entienda
necesarias para la defensa de sus intereses y el Estado no tiene ninguna
potestad para decir quién puede y quien no puede ejercerla”.
Destacó también las grandes huelgas de los docentes que se desarrollan
en distintos puntos del país, desde Tierra del Fuego hasta Santiago del
Estero y desde Mendoza hasta Santa Cruz, donde gobierna Alicia Kirchner.
También repudió la intervención del gobierno chaqueño de los Capitanich
al sindicato docente combativo de la provincia, el Sitech Federación.
Un representante de la Mesa Nacional de Jubilados que desde hace 10
años marcha frente a Tribunales en reclamo de sus derechos, que habló a
continuación, destacó que “el mismo gobierno aceptó que hubo 75 mil
jubilados –entre ellos mi propio padre- que murieron sin recibir
Justicia, es decir que fallecieron antes de que el Anses les pagara lo
que ellos habían reclamado por la vía judicial. Eso se llama genocidio,
por parte de la Corte”, recalcó con firmeza.
Denunció también el decreto de Alfonsín que les quitó derechos a los
jubilados y al gobierno de Menem que le entregó bonos devaluados a los
jubilados, que luego fueron utilizados para comprar las empresas del
Estado.
También intervinieron un delegado del gremio telefónico, el secretario
adjunto de la Unión Ferroviaria-Seccional Haedo, la secretaria adjunta
de ATE Sur, un compañero de la Línea 60, el secretario general del
Suteba Tigre y un integrante de la Junta Interna de ATE-Mecom donde,
desde hace meses vienen luchando contra los despidos decididos por el
ministro Prat Gay.
En el cierre del acto, el secretario general del Sindicato del
Neumático, Alejandro Crespo, dijo que, para el Sutna, recuperado de
manos de la burocracia, “era una obligación ineludible realizar un
llamado a todo el movimiento sindical combativo para que comenzáramos
una campaña contra el fallo antihuelgas y así lo hicimos”.
“Estos jueces –agregó- que no son parte de la clase trabajadora, que no
piensan como ella, que no sienten como ella y que no tienen que
soportar el hambre como ella, no tienen ningún derecho a decirle a los
trabajadores que es lo que tienen que hacer”.
“La Corte –dijo Crespo- pone a la Justicia en
línea con el veto presidencial a la ley antidespidos, el mantenimiento
del impuesto de Ganancias en los salarios, la reforma a la ley
jubilatoria, los tarifazos y la inflación, la reforma en accidentes de
trabajo, todo el paquete contra los trabajadores”.
Entre las múltiples adhesiones leídas estuvieron las de la Conadu
Histórica, de Leonardo Varela, de la Asociación Docente de Luján, del
Sitraic, de las comisiones internas gráficas de Interpack, Morvillo y
AGR-Clarín, de ATE desde Abajo, de la Verde-Roja Negra de ATE, de
AGD-UBA, de la Junta Interna de ATE-INTA, de la Agrupación René
Salamanca y de la agrupación Jubilados Clasistas.
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