Politicas
9 de junio de 2016
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#Prensa Obrera 1414
| Por Partido Obrero
Es claro que
los desocupados que piden tarifa social, los trabajadores patagónicos o
los clubes no pueden pagar el tarifazo.
Pero la pregunta que debemos
formularnos es la inversa: ¿quién puede pagarlo?
Primero fueron las ciudades y pueblos de la Patagonia, que se
movilizaron contra tarifazos que llegaban al 1.500% en el gas y la luz.
Después llegó el reclamo de los clubes de barrio, los teatros y centros
culturales independientes, que preparan una marcha masiva. Lo mismo
ocurrió con las empresas recuperadas.
Pero el reclamo se extiende ahora a la provincia de Buenos Aires: en
Azul, Pergamino, Tandil y Mar del Plata, en medio de una cruda ola de
frío, se multiplican las “marchas de frazadas” que rechazan el
tarifazo.
Durante la década kirchnerista, los concesionarios de los servicios
privatizados embolsaron 30.000 millones de dólares en subsidios, sin
invertir un centavo.
En cambio, utilizaron esos recursos para comprar empresas de energía y concentrar el negocio.
Ahora, el macrismo premia a estos niños mimados del kirchnerismo con gigantescos aumentos.
Es claro que los desocupados que piden tarifa social, los trabajadores patagónicos o los clubes no pueden pagar el tarifazo.
Pero la pregunta que debemos formularnos es la inversa: ¿quién puede pagarlo?
¿Acaso pueden bancar un aumento del 400% en las tarifas los trabajadores que han recibido un aumento paritario del 20 ó 25%?
¿Pueden pagarlo los jubilados o los precarizados que no recibieron ningún aumento?
Desarrollemos un gran movimiento de lucha por la anulación del tarifazo.
La Justicia ha suspendido provisoriamente algunos aumentos. Pero la
Corte -que deberá responder sobre estas medidas apeladas- se prepara
para darle vía libre al gobierno macrista.
Es necesario apoyar la lucha contra los tarifazos en nuestras propias fuerzas.
Por la retracción de las tarifas al 1° de enero, ningún corte del servicio.
Coordinemos iniciativas de lucha en todas las barriadas; movilicemos al
poder político y a las oficinas de los privatizadores, adonde concurren
centenares de vecinos que no pueden pagar.
Unamos esta lucha a la defensa del derecho al trabajo, el salario y las jubilaciones.
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