El gobierno
colombiano y las Farc sellaron en La Habana un cese al fuego bilateral y
definitivo. Se especula que en pocos meses finalizaría el proceso de
paz y comenzaría el proceso de desmovilización de los guerrilleros,
supervisado por Naciones Unidas.
En el acto de La Habana estuvieron presentes Raúl Castro, Nicolás
Maduro, Michelle Bachelet, Enrique Peña Nieto y enviados especiales de
Estados Unidos y la Unión Europea. Este vasto frente diplomático, con
sus representantes de izquierda y derecha, ha dejado aislada la política
beligerante de Alvaro Uribe, que cuestiona el proceso de paz y denuncia
un “pacto de impunidad” en marcha.
La política que ha primado, fundamentalmente a instancias de Obama y
del castrismo, que desenvuelven su propia negociación, es la
incorporación de las Farc al orden ‘democrático’. El acuerdo contempla
la creación de circunscripciones electorales especiales para facilitar
una representación de las Farc en el parlamento. La Fundación Paz y
Reconciliación, inclusive, recomienda asegurarles un cupo de nueve
lugares en el Senado.
Como trasfondo, se verifica una convergencia de intereses económicos
que actúan como motor del proceso. Las petroleras, por ejemplo, están
interesadas en que se ponga fin a los atentados contra los oleoductos.
En cuanto a los intereses agrarios, cabe ilustrar que el empresario
argentino Gustavo Grobocopatel fue convocado por el presidente Santos
como asesor y presentó una propuesta "para desarrollar tres millones de
hectáreas para producir soja, maíz y arroz en tierras que estaban en
conflicto por la guerra con las Farc y ahora entran en zona de paz" (La
Nación, 2/7). El interés de los sojeros brasileños se desprende de la
posición del presidente Michel Temer, que “piensa levantar el perfil
brasileño en la Colombia del postconflicto” y designó como embajador en
ese país a uno de sus diplomáticos más destacados (El País, 27/6). En
Colombia también hay millones de hectáreas que podrían emplearse en la
producción de agrocombustibles.
La caída del precio de los commodities, con todo, obliga al gobierno
colombiano a acelerar los acuerdos si no quiere asistir a una especie de
‘paz tardía’.
El fin de una experiencia
Las Farc llegan al acuerdo profundamente debilitadas. Durante buena
parte del proceso de paz el gobierno siguió masacrando a sus
combatientes y en la mesa de negociaciones no lograron avanzar más allá
del compromiso de un fondo de tierras para campesinos desposeídos, que
no toca un pelo al latifundio. De hecho, dejaron en el camino su reclamo
de una Asamblea Constituyente y se apegaron al plebiscito de Santos
–con el que éste buscará también pulverizar al uribismo. En perspectiva,
las Farc han pasado de 16 mil combatientes en su época de esplendor a
los 8 mil actuales, y en los últimos quince años sufrieron el asesinato
de la mitad de su secretariado nacional.
Pero su derrota es esencialmente política, dado que el acuerdo de paz
no altera el panorama social colombiano y -como hemos visto- en lugar de
una reforma agraria está en debate una reconversión capitalista del
campo.
El ex alcalde de Bogotá Gustavo Petro (que, como integrante del
movimiento guerrillero M19, suscribió su propio acuerdo de paz con el
gobierno en los ’90), añade en un reportaje a La Nación (4/7) que “se
trata de negociaciones con poca sustancia respecto de los temas que
dieron origen a la lucha de las Farc, una guerrilla rural vinculada al
problema de la distribución de la tierra”. El problema de la
concentración de la tierra se ha agravado: “mientras un terrateniente
tradicional tenía 1.000 ó 2.000 hectáreas, los capos del narcotráfico
poseen hoy hasta un millón de hectáreas, que además son improductivas
porque sólo las compran para blanquear dinero” (ídem), por lo que habla
también de una capa de ‘narcomegahacendados’.
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