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martes, 12 de julio de 2016

Colombia: la paz de los explotadores

  | #Prensa Obreras 1418 | Por Gustavo Montenegro 
 
El gobierno colombiano y las Farc sellaron en La Habana un cese al fuego bilateral y definitivo. Se especula que en pocos meses finalizaría el proceso de paz y comenzaría el proceso de desmovilización de los guerrilleros, supervisado por Naciones Unidas. 
 
En el acto de La Habana estuvieron presentes Raúl Castro, Nicolás Maduro, Michelle Bachelet, Enrique Peña Nieto y enviados especiales de Estados Unidos y la Unión Europea. Este vasto frente diplomático, con sus representantes de izquierda y derecha, ha dejado aislada la política beligerante de Alvaro Uribe, que cuestiona el proceso de paz y denuncia un “pacto de impunidad” en marcha. 
 
La política que ha primado, fundamentalmente a instancias de Obama y del castrismo, que desenvuelven su propia negociación, es la incorporación de las Farc al orden ‘democrático’. El acuerdo contempla la creación de circunscripciones electorales especiales para facilitar una representación de las Farc en el parlamento. La Fundación Paz y Reconciliación, inclusive, recomienda asegurarles un cupo de nueve lugares en el Senado. 
 
Como trasfondo, se verifica una convergencia de intereses económicos que actúan como motor del proceso. Las petroleras, por ejemplo, están interesadas en que se ponga fin a los atentados contra los oleoductos. 
 
En cuanto a los intereses agrarios, cabe ilustrar que el empresario argentino Gustavo Grobocopatel fue convocado por el presidente Santos como asesor y presentó una propuesta "para desarrollar tres millones de hectáreas para producir soja, maíz y arroz en tierras que estaban en conflicto por la guerra con las Farc y ahora entran en zona de paz" (La Nación, 2/7). El interés de los sojeros brasileños se desprende de la posición del presidente Michel Temer, que “piensa levantar el perfil brasileño en la Colombia del postconflicto” y designó como embajador en ese país a uno de sus diplomáticos más destacados (El País, 27/6). En Colombia también hay millones de hectáreas que podrían emplearse en la producción de agrocombustibles. 
 
La caída del precio de los commodities, con todo, obliga al gobierno colombiano a acelerar los acuerdos si no quiere asistir a una especie de ‘paz tardía’. 
 
El fin de una experiencia 
 
Las Farc llegan al acuerdo profundamente debilitadas. Durante buena parte del proceso de paz el gobierno siguió masacrando a sus combatientes y en la mesa de negociaciones no lograron avanzar más allá del compromiso de un fondo de tierras para campesinos desposeídos, que no toca un pelo al latifundio. De hecho, dejaron en el camino su reclamo de una Asamblea Constituyente y se apegaron al plebiscito de Santos –con el que éste buscará también pulverizar al uribismo. En perspectiva, las Farc han pasado de 16 mil combatientes en su época de esplendor a los 8 mil actuales, y en los últimos quince años sufrieron el asesinato de la mitad de su secretariado nacional. 
 
Pero su derrota es esencialmente política, dado que el acuerdo de paz no altera el panorama social colombiano y -como hemos visto- en lugar de una reforma agraria está en debate una reconversión capitalista del campo. 
 
El ex alcalde de Bogotá Gustavo Petro (que, como integrante del movimiento guerrillero M19, suscribió su propio acuerdo de paz con el gobierno en los ’90), añade en un reportaje a La Nación (4/7) que “se trata de negociaciones con poca sustancia respecto de los temas que dieron origen a la lucha de las Farc, una guerrilla rural vinculada al problema de la distribución de la tierra”. El problema de la concentración de la tierra se ha agravado: “mientras un terrateniente tradicional tenía 1.000 ó 2.000 hectáreas, los capos del narcotráfico poseen hoy hasta un millón de hectáreas, que además son improductivas porque sólo las compran para blanquear dinero” (ídem), por lo que habla también de una capa de ‘narcomegahacendados’.
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Coordinadora Sindical Clasista - Partido Obrero

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