Cuarenta y
ocho horas antes del 9 de julio, el silencio sobre el Bicentenario era notorio. No existía pronunciamiento político oficial alguno que vuelque a
la población una caracterización del hecho histórico y un balance a 200
años de habernos constituido como nación independiente.
La historia, se sabe, se escribe desde el presente y
forja la conciencia actual. ¿Qué tiene para decir el gobierno o los
representantes de las clases sociales que se fueron sucediendo en el
poder durante estos 200 años? ¿Reivindican haber forjado la “nueva y
gloriosa nación” que, genuinamente, una parte de nuestros patriotas se
empeñó en construir? Ni el gobierno ni los representantes de la
oposición política, ni las organizaciones empresarias ni las centrales
sindicales tienen algo para decir sobre el Bicentenario. Un caso de
mediocridad política notable.
La agenda oficial del 9 de julio aporta algunas certezas.
Formó parte de ella el Congreso Eucarístico en el que se atacó a la
mujer y donde el Presidente reivindicó el crimen social que es la
negación del derecho al aborto. Incluye el retorno de las Fuerzas
Armadas a través de un rol protagónico, desfile y bandas mediante, con
un planteo del ministro de Defensa que es en sí mismo una definición de
Estado: erradicar el supuesto “maltrato, persecución y falta de respeto a
nuestras Fuerzas Armadas, que las tenían escondidas”. El gobierno del
cambio dio un salto, pero en una huella abierta por el gobierno
anterior: ¿no fue CFK quien promovió al represor Milani a la jefatura y
convocó al desfile militar del 22 de mayo de 2010, como acto de
reivindicación de las Fuerzas Armadas?
Existe un debate en el gobierno sobre la invitación a los ex
presidentes. ¿Cómo invitar a CFK, imputada en la red de rescate estatal
de la burguesía nacional? Porque se invita a todos o no se invita a
nadie. ¡Pero es el mismo debate y la misma crisis que paralizó al
gobierno en el Bicentenario de la Revolución de Mayo, al punto de
decidir tampoco invitar a nadie! ¿Iban a invitar a Duhalde, responsable
político de la masacre de Puente Pueyrredón? ¿O a De la Rúa, responsable
político de la catástrofe política y social de 2001 y del asesinato de
33 mártires en su huida, sin contar los de Corrientes? Como jefe de
Estado porteño Macri hizo su gala en el Teatro Colón en el Bicentenario
de la Revolución de Mayo e invitó a sus predecesores: Aníbal “Cromañón”
Ibarra, De la Rúa y uno de sus actuales asesores: Carlos Grosso, el de
la escuela shopping, el de la venta de tierras invalorables de la
Capital a una empresa fantasma armada junto a representantes del
gobierno de Menem y el del negocio del reempadronamiento de taxis. Una
clase social que, sólo por estos hechos, se retrata a sí misma.
Contradicción
Estamos en presencia de una contradicción flagrante: ni el gobierno ni
la burguesía, ni los partidos que sostienen este régimen ni sus
representaciones corporativas celebran el acto histórico que identifica
su consagración como clase dominante.
Quieren ocultar que el momento histórico en el que se desenvolvió el
Congreso de Tucumán formó parte de un proceso de crisis y revoluciones
en el que se puso en debate -ríos de sangre mediante- si confiscar a los
propietarios de minas y haciendas, si entregar la tierra, si emancipar a
los aborígenes, si romper el monopolio de la Aduana porteña en manos de
comerciantes y terratenientes. Porque quieren ocultar que la burguesía
“se hizo” de este país traicionando la tradición revolucionaria de las
masas de las Provincias Unidas del Río de la Plata, al punto de resolver
la disgregación de Uruguay, Paraguay y el Alto Perú, naciones que
formaban parte de un proceso histórico común de lucha revolucionaria, al
solo efecto, como diría Mitre, de “no comprarnos una guerra social”1.
No quieren sacar a luz que Argentina fue parida por estos
levantamientos populares finalmente desviados y expropiados por los
comerciantes, los estancieros y el imperio británico. No quieren que los
pueblos, los trabajadores y la clase obrera adviertan lo que pasó
entonces y saquen las conclusiones para este nuevo período histórico de
bancarrota capitalista, crisis y revoluciones. No quieren que los
luchadores reflexionen sobre la necesidad de oponer a un régimen de
explotación y masacre social un gobierno de trabajadores y una sociedad
socialista.
¿Qué grieta?
Por esta razón, no la única, quieren una celebración sigilosa, reservada a “las instituciones” y vacía de deliberación popular. Invocan la necesidad de darle este carácter al Bicentenario para “cerrar la grieta”.
El pago a los fondos buitre, un ejemplo no menor, colocó en el centro
de la escena al capital internacional y abrió paso a un endeudamiento
usurario y catastrófico. Pero este paso esencial del gobierno Cambiemos
no hubiera prosperado sin el apoyo de la oposición política -con la
excepción del Frente de Izquierda- con el peronismo en primera línea. La
derogación de las retenciones a los pulpos mineros reveló una exquisita
sintonía entre el presidente, que firmó el decreto respectivo y la
cabeza actual del PJ -Barrick Gold Gioja-, que lo saludó.
En el Bicentenario de la Revolución de Mayo, el gobierno CFK pretendió
contrastar el desarrollo social y la autonomía nacional de 2010 con el
que existía al momento del Centenario.
La comparación era tragicómica. Una nación que tiene como rubro de
exportación fundamental la soja, que tiene una industria cuya
concentración y extranjerización es la mayor de la historia, que fabrica
autos con un 70% de piezas externas y como parte de una transacción
interna de los monopolios internacionales del automóvil instalados en el
Mercosur, que ensambla celulares y electrodomésticos en Tierra del
Fuego, es una nación cuya industria está arrasada.
La comparación se convertía en una farsa total si se tomaba en cuenta
-lo mismo vale para ahora- que la crisis mundial está provocando una
destrucción enorme de las fuerzas productivas y existe una lucha
denodada de los capitalistas para liquidar el salario y las conquistas
obreras -abaratando el “costo laboral”.
En uno de sus actos postreros, el gobierno CFK declaró al año 2015 “Año
del Bicentenario del Congreso de los Pueblos Libres” en relación con el
celebrado en Arroyo de la China en 1815 (29 de junio) por la corriente
federal liderada por Artigas. Declaró al Congreso de Oriente y al de
Tucumán como “complementarios”, siendo que este último, ni por su forma
-diputados sin representación genuina, exclusión del Bloque Federal- ni
por su contenido -acabar con la revolución- puede ser declarado
“complementario” del de Oriente. Fue el escenario de la conspiración que
llevó a la invasión de la Banda Oriental por las tropas portuguesas
para acabar con la rebelión federal agrarista. Que el gobierno del pago
de la deuda, del arreglo ignominioso con el Club de París, del acuerdo
con Chevron, de la reprivatización de YPF presentada como
nacionalización, de la sojización, de la precarización laboral, haya
querido presentarse como el defensor de los jacobinos de aquel tiempo no
necesita comentarios.
Una parte de la izquierda volverá a levantar la consigna de la “ruptura
de la dependencia” y la “segunda independencia latinoamericana”. Si se
tiene presente que la “primera independencia” se realizó bajo la
hegemonía del capital británico y que la atomización política que le
siguió sirvió para su esclavización de parte del imperialismo, el
planteo de una “segunda independencia” que no una a América Latina en
términos de revolución socialista es una simple reedición de la primera.
Planteamos la Unidad Socialista de América Latina porque es la única
que plantea la lucha antiimperialista a escala mundial, única que puede
tener una perspectiva de victoria.
Cara y ceca
Tanto la conmemoración “sigilosa” del actual gobierno como la kermesse
de seis años atrás tuvieron un mismo componente: la despolitización, el
encubrimiento sobre la naturaleza del proceso histórico y el balance de
200 años de la burguesía nacional, que se apropió de las riquezas del
país, aplastando a los luchadores de aquel tiempo.
El Partido Obrero reivindica poner al patriotismo al servicio de la
revolución. La inmensa mayoría de los trabajadores no son dueños de sus
lugares de trabajo ni la educación que se brinda a sus hijos, ni de la
vivienda que ocupan ni de la salud que debiera protegerlos de modo
incondicional. La salida es dar vuelta esta situación para apropiarnos
de la Argentina expulsando al capitalismo y llevando al poder a los
trabajadores.
1. Ver PO N° 1.416/1417, “Bicentenario del Congreso de Tucumán” (I y
II) y “Asesinato de Güemes: la oligarquía y el Estado reescriben la
historia”, en PO online.
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