9 de agosto, de Obelisco a Plaza de Mayo
La sede central del Sutna (Neumático) fue el escenario de una nutrida
reunión de sindicatos, agrupaciones estudiantiles, movimientos sociales,
jubilados y organizaciones de izquierda constituyó la continuidad de
una anterior que se realizó en AGD, con el propósito de impulsar una
acción de los sectores combativos contra el ajuste.
Al Sutna, la AGD, el Sipreba, internas gráficas, los delegados
telefónicos y la minoría del Subte, se sumaron el Sitraic, los
secretarios generales de los Sutebas de La Matanza, La Plata, Ensenada,
Tigre, ATE-Mendoza, los ferroviarios del
Sarmiento, la agrupación Jubilados Clasistas y la Fuba, entre otros.
La convocatoria resume los principales reclamos del movimiento obrero:
la anulación del tarifazo, la reapertura de las paritarias y la
abolición del impuesto al salario, el freno a los despidos y el aumento
de emergencia para los jubilados. El debate, con sus matices, fue
unánime respecto a la necesidad de ganar las calles ante la defección de
las centrales obreras.
La reacción que desató el aumento del gas (y “obligó” a la intervención
de la Justicia), las numerosas luchas fabriles como las de El Tabacal
en Salta y Aluar en Chubut, el paro de los estatales y el PiqueTetazo
que pobló las plazas del país en defensa del derecho de amamantar,
marcan la temperatura social que crece (en proporción inversa a la
popularidad de Macri) y contrasta con el inmovilismo de las centrales.
Cada vez es más claro que el ajuste que está en ejecución involucra
también a los gobiernos provinciales, la oposición patronal, la Justicia
y sobre todo a la burocracia sindical.
Cruje la unidad de la CGT
Mientras la carestía y los tarifazos pulverizan el salario y los
despidos se multiplican, las cúpulas sindicales se encuentran ocupadas
en “rosquear” cargos en la futura CGT unificada. Se trata de un
operativo dirigido a reforzar su capacidad de contención del movimiento
obrero y en esa medida negociar mejor con el gobierno. El punto que más
interesa a la burocracia es la devolución de los 30 mil millones de
pesos de las obras sociales, empezando por el “adelanto” de 2.700
millones que Macri aseguró y nunca llegaron.
La moción de “paro general o marcha” que la CATT (Confederación
Argentina de Trabajadores del Transporte) promete llevar al plenario de
secretarios generales del 5 de agosto se explica sobre todo por este
incumplimiento.
Con la excusa de esperar una definición de la CGT, Yasky postergó sin
fecha la anunciada Marcha Federal (aunque es probable que ese cambio
tenga más que ver con las divisiones dentro de la propia CTA).
El planteo de adoptar una “pose” más confrontativa chocó con la crítica
de otros sectores, que reclaman esperar hasta el congreso del 22 de
agosto para cualquier definición. Tampoco el triunvirato anunciado por
Moyano, Caló y Barrionuevo fue aceptado mansamente. Tanto el Movimiento
de Acción Sindical Argentino (que agrupa a gremios poderosos como
Taxistas, Luz y Fuerza, Smata y la Unión Ferroviaria) como la fracción
de Venegas (que reúne a unos 50 sindicatos menores pero actúa como “la
voz del gobierno”) reclaman que se respete el estatuto de la central y
se elija un solo secretario general. Incluso advirtieron que -sin
romper- podría ausentarse del congreso.
Por otro lado, la Corriente Político Sindical Federal, en la que
militan los gremios cercanos al kirchnerismo, cuestiona el lugar de
Barrionuevo (un operador político con escaso poder de fuego) y postula a
Palazzo para sumarse a una dirección colegiada. Los pocos días que
faltan para el congreso de reunificación son una “eternidad” para la
burocracia. Cualquiera sea la fórmula que termine imponiéndose, se puede
afirmar con buena dosis de certeza que: 1) no habrá medida de fuerza (a
menos que las negociaciones se pudran antes del 22); y 2) de
concretarse la reunificación será sólo un episodio que precederá a
nuevas crisis.
La destrucción laboral “en carpeta”
La marcha que el sindicalismo clasista resolvió convocar para el 9 de
agosto -del Obelisco a Plaza de Mayo- promueve la realización de
asambleas en los lugares de trabajo y plenarios de delegados, para
quebrar la tregua de las centrales. La oportunidad de un paro general
activo y un plan de lucha se desprende tanto de la situación actual como
de las medidas que el gobierno tiene en carpeta: las (contra) reformas
de las leyes de ART, previsional y del régimen laboral constituyen una
ofensiva estratégica del capital contra conquistas históricas
centenarias, como la indemnización por despido.
El salario por productividad, el desentendimiento empresario por la
seguridad en el trabajo o la negociación convencional por empresa
(¡precisamente cuando la Corte falla contra la posibilidad de que los
cuerpos de delegados llamen a la huelga!) son algunos de los cambios
reclamados por los voceros editoriales de la burguesía como La Nación y
El Cronista.
La clase obrera se enfrenta a una disyuntiva de hierro. Como nunca
antes su futuro depende de una acción independiente; lo que supone
recuperar los sindicatos de manos de la burocracia y desarrollar su
propia alternativa política como factor de poder.
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