Los partidarios del gobierno anterior sostienen que, de haber ganado
las elecciones, “de ninguna manera hubieran aplicado el tarifazo”. Con
esa afirmación, ocultan que la redolarización de las tarifas de energía y
combustibles comenzó bajo la era CFK-Kicillof-Gallucio. En efecto:
después de haber consentido el vaciamiento de YPF a manos de Repsol y
del empresario amigo Ezquenazi, el kirchnerismo reestatizó parcialmente a
YPF para sellar una alianza estratégica con el pulpo Chevron, cuyo
núcleo consistió en la “internacionalización” de los precios de los
combustibles.
En los dos años que siguieron a la reestatización, los precios de las
naftas aumentaron un 85%. Pero no sólo eso: Kicillof-Galuccio pusieron
en marcha el programa “gas plus”, por el cual aumentaron en alrededor de
un 60% el precio del gas en boca de pozo pagado a los concesionarios
privados. Argentina registra hoy contratos que cotizan el gas de los
nuevos yacimientos a 7,50 dólares la unidad calórica, un valor que
triplica a su precio de referencia en América del Norte.
Recientemente,
Aranguren-Macri subieron el precio del gas de los yacimientos viejos en
un 100%. Mientras los precios se duplican o triplican, los verdaderos
costos de extracción, e incluso la magnitud de las reservas de
hidrocarburos, continúan siendo un secreto celosamente guardado por los
monopolios privados. Esto explica la negativa cerrada a publicitar el
contrato de YPF con Chevron, una decisión que compartieron el
kirchnerismo, el macrismo y la Corte Suprema de Justicia.
Aunque el kirchnerismo no aumentó directamente la factura del gas,
sostuvo esa remuneración a los monopolios gasíferos a través de
subsidios crecientes. Un nuevo capítulo de este rescate comienza a
escribirse cuando, en 2015, los precios del petróleo y el gas se
desplomaron en el mercado internacional. Entonces, el gobierno K sostuvo
los valores anteriores en favor de los productores de hidrocarburos,
llegando a pagar por el petróleo hasta el doble del precio
internacional. Esta política, sostenida en nombre de la “producción y el
empleo”, no sacó del parate a la producción petrolera ni, por supuesto,
a sus trabajadores, que soportaron suspensiones y despidos en masa.
Escasez provocada
Con el tarifazo, el macrismo no ha hecho sino trasladar a las facturas
de gas y luz este gigantesco rescate en favor del capital. Para
justificar el megatarifazo, el gobierno alega que “no hay gas”, e
incluso que se han agotado las posibilidades técnicas de importarlo. La
tarifa, por lo tanto, no obedecería a un cálculo de costos previo, sino
que apuntaría sólo a desalentar el consumo. Pero lo que no dicen es que
este mismo “precio de escasez” es el que el gobierno reconoce en los
contratos de gas, y que ese precio no guarda relación alguna con los
costos de extracción del recurso, tampoco con la tasa media de beneficio
del capital. De este modo, los mismos pulpos que provocaron la escasez
de gas -como resultado de una prolongada huelga de inversiones- se
benefician ahora de ella, cuando el gobierno los premia reconociendo la
extracción de hidrocarburos con un valor exorbitante. Los “neoliberales”
-y también los “nac y pop”- han justificado su política con el
argumento de que, en una economía mercantil, “nadie sacaría el gas a un
valor inferior a lo que cuesta importarlo”.
Pero a diferencia de cualquier bien perteneciente a productores
privados, el petróleo y el gas corresponden al dominio estatal: si el
Estado acepta un precio “de mercado” para su extracción, ello significa
que el Estado cede la totalidad de la renta gasífera a los capitalistas
privados. Pero además, y desde que cayeron los precios internacionales,
los valores pagados a los pulpos representan otro resarcimiento
adicional, incluso por encima de tales precios. Semejante nivel de
rescate de los monopolios petroleros sólo puede progresar en base a una
confiscación a gran escala, por eso la resistencia popular al tarifazo.
Estado y parasitismo
Sostener esta exacción en nombre del “incentivo a la producción
privada” es otra impostura, en este caso, ‘neoliberal’. La vasta
corriente de subsidios al capital revela que la industria energética ha
sido sometida a una estatización peculiar y de contenido capitalista. A
través de la mediación del Estado, los recursos de trabajadores y
consumidores sostienen los beneficios extraordinarios de un conjunto de
parásitos. Infinitamente más certera y económica resultaría la
estatización de los hidrocarburos dispuesta por un gobierno de
trabajadores, que explotaría las condiciones ventajosas de explotación
de los recursos para una industrialización integral. La primera tarea de
esta gestión obrera sería una auditoría integral de las reservas de
energía y de sus costos, lo que pondría de manifiesto el prolongado
desfalco de los pulpos petroleros contra el país -con la complicidad de
‘neoliberales’ y ‘nacionales y populares’.
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