Congreso de Bases por paro y plan de lucha
La despedida de Moyano como secretario general de la fracción Azopardo
de la CGT fue un paso necesario del operativo de reunificación que
busca poner fin a un prolongado período de división de la central.
La base de la “unidad” es la necesidad de las direcciones sindicales de
reforzar su capacidad de maniobra ante el gobierno de Macri y las
transformaciones que éste intenta imponer en las relaciones laborales.
Esto supone en primer lugar asegurar la contención del movimiento
obrero.
Un triunvirato por un año integrado por Juan Schmid (jefe de la CATT,
la confederación de gremios del transporte, y hombre de Moyano), Héctor
Daer (de Sanidad, como candidato de los “gordos”) y Carlos Acuña (de
Estaciones de Servicio y delfín de Barrionuevo), es la alternativa que
más suena. Y no se descarta sumar, por ejemplo, al bancario Sergio
Palazzo, respaldado por gremios cercanos al kirchnerismo.
Si, como alguna vez dijo el inefable Lorenzo Miguel, “un cuerpo con tres cabezas es un monstruo”, no hablemos de cuatro.
La idea de una transición ordenada está chocando, sin embargo, con la
resistencia del “Momo” Venegas, convertido en un operador directo del
gobierno, quien se postula en oposición a Schmid (“no le vamos a dar la
conducción de la CGT a un trosko”) y rechaza una dirección colegiada;
algo que también ha hecho el taxista Viviani, impulsor -en nombre del
Movimiento de Acción Sindical Argentino- del ferroviario Sasia por el
sector más prokirchnerista.
Como se aprecia, la mentada unidad no enfrenta un camino fácil. Aunque
más allá de las roscas y las tensiones internas, la burocracia de
conjunto sigue sin sacar los pies del plato de la tregua, como lo revela
su completa inmovilidad frente a los tarifazos.
El malhumor social y la presión obrera crecientes, empiezan a convencer
a algunos sectores de la oportunidad de elevar el tono hacia el
gobierno. En esta línea se ubica el reclamo de Palazzo de una CGT con
perfil más confrontativo o las medidas que la CATT propondrá al plenario
de secretarios generales del 4 de agosto en la sede de Azopardo.
El otro factor de primer orden que alienta el malestar de la burocracia
es la demora en una inyección de fondos de las obras sociales de 2.700
millones de pesos adicionales que Macri había asegurado como parte de
los acuerdos para garantizar la paz social.
Moyano, cauteloso, se limitó a aconsejar al gobierno a “tener más
cuidado” y dijo “que el tiempo de luchar no está muy lejano”. No se
trata apenas de la continuidad condicional de una tregua. Es más
profundo. Moyano justificó antes y después del ascenso de Macri -y aún
cuando empezaron a arreciar los 200 mil despidos y la despiadada
inflación- las medidas macristas en la necesidad de “sincerar la
economía”. En criollo, pasar la factura del ajuste a los trabajadores.
Es una orientación estratégica de etapa en la que coinciden las
fracciones de la burocracia que intentan parir la nueva CGT. Ese sentido
tuvo la “parlamentarización” de los reclamos obreros que terminó en el
veto presidencial de la llamada “ley antidespidos”, frente al cual no
insistió la oposición patronal, incluido el FpV, y frente al cual no
hubo paro nacional.
No obstante, la “unidad” en defensa propia de los negocios y el poder
de la burocracia sindical, está atravesada por el agravamiento de la
crisis del peronismo que inaugura cada día un bloque parlamentario nuevo
como consecuencia de la desintegración progresiva del FpV. En varias de
esas fracciones revistan “diputados sindicales” sujetos a los pactos de
gobernabilidad de los Massa, Bossio y compañía.
La reunificación que se cocina no tiene punto alguno de progresividad
ni significa un solo paso en dirección de la real unidad del movimiento
obrero. Esta sólo será posible mediante un Congreso de Bases con mandato
de asambleas, que defina un programa y un plan de lucha para derrotar
el ajuste y elija a la dirección adecuada para ejecutarlo. En esa línea
planteamos una urgente iniciativa de los sectores clasistas y
antiburocráticos para luchar contra el tarifazo, por paritarias libres,
por el reparto de horas frente a despidos y suspensiones y por el
aumento de emergencia a jubilados y planes precarizados.
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