En un país donde los trabajadores percibieron aumentos de salarios del
30% en el mejor de los casos, el gobierno quiso presentar como una
concesión graciosa la decisión de que los tarifazos del gas “solamente”
lleguen al 400 por ciento. Pero las triplicaciones o cuadruplicaciones
de boletas alcanzan también a la luz y al agua. Para muchas familias, la
suma de todos estos servicios se acerca a sus ingresos mensuales. Por
ese motivo, la llegada de boletas de gas con aumentos del 700 ó 1.000
por ciento generó una verdadera conmoción. Las oficinas de Metrogas y
otras distribuidoras fueron el escenario de mitines espontáneos. A la
amenaza de un defol popular en el pago de las boletas, se sumó la
posibilidad de una rebelión todavía mayor cuando los privatizadores se
dispusieran a cortar los servicios impagos. De cara a ese horizonte
turbulento, la improvisada echada de lastre del gobierno es una
tentativa de poner a salvo al conjunto de los tarifazos.
Como nunca antes, emergió el verdadero alcance del ajuste que ejecutan
el macrismo y los gobernadores, y que empuja a un retroceso histórico en
las condiciones de vida de los trabajadores. “O pagamos el gas o
comemos”, la pancarta que apareció en varios de los últimos frazadazos,
resume el meollo de la cuestión. Pero las idas y vueltas oficiales en
torno de esta crisis sacaron a luz otra cuestión de fondo: los límites
políticos de los ajustadores para alcanzar sus objetivos. Al gobierno no
le alcanzaron los decretazos de Aranguren. Tuvo que apelar a maniobras
políticas, por temor a una rebelión popular.
Justicia
Este cuadro político explica la intensa intervención de la Justicia,
desde los juzgados de provincia hasta la propia Corte. No son los fallos
los que desataron la crisis, sino al revés. Fue la Justicia la que tuvo
que arbitrar, ante una crisis que ponía en cuestión la autoridad del
Estado para llevar adelante el ajuste. Ahora, la Corte ha dispuesto un
“pedido de datos” al gobierno, postergando cualquier resolución para
agosto. En el ínterin, el gobierno tratará que se revierta el fallo de
la Cámara platense que suspendió los aumentos, en nombre de que las
medidas oficiales de “atenuar” el tarifazo dejarían sin sustento la
determinación de los jueces. El gobierno también aceptó realizar una audiencia pública hacia octubre, algo que también reclamó la Justicia y cuya concreción el gobierno pretendía evitar, para no someter el tarifazo a una deliberación política. De todos modos, las audiencias no
son vinculantes, por lo que no podrán torcer el rumbo de los aumentos
confiscatorios. Su concreción servirá para superar las objeciones de la
Justicia y legitimar los tarifazos. Según La Nación del 9 de julio, esta
salida fue pactada entre Macri y Lorenzetti, mientras engullían
empanadas tucumanas en los festejos bicentenarios. La Corte, por lo
tanto, sale a garantir la “gobernabilidad” del ajuste. Es lo mismo que
hicieron Massa y otros opositores, que amenazaron con iniciativas
legislativas para suspender los aumentos y terminaron aplaudiendo de pie
al tarifazo de “sólo” el 400 por ciento. Mientras tanto, el
kirchnerismo y el pejota patalean por el gas, cuya tarifa es nacional.
Pero no dicen una palabra de los tarifazos eléctricos o del agua, que
sus diferentes gobiernos concedieron a las distribuidoras provinciales.
Rescatar a quién
Los apologistas del tarifazo aducen que ya no existen condiciones para
“seguir subsidiando el consumo de energía”. Con ello, mienten por
partida doble. Primero, porque los subsidios y tarifas bajas del
kirchnerismo sólo viabilizaron salarios bajos, ello, en beneficio de los
patrones que los pagaban. Segundo, porque los actuales tarifazos están
dirigidos a subsidiar a los monopolios petroleros y gasíferos, que
obtienen por los recursos extraídos precios muy superiores a los
internacionales. CFK-Kicillof primero y Macri-Aranguren después,
reconocieron a los productores de gas un precio que duplica -y en
algunos casos triplica- a los valores de referencia en la región. Este
esquema de rescate a los capitalistas se ha acentuado con el desplome de
los precios internacionales de los hidrocarburos. Un capítulo
particular de este salvataje es la propia YPF, responsable del 30 por
ciento de la producción local de gas, y que acumuló una deuda de más de
7.000 millones de dólares para financiar sus fracasadas aventuras con
Chevron. El tarifazo apunta también a afrontar esa enorme hipoteca.
El kirchnerismo antes y el macrismo ahora han impuesto una estatización
“sui generis” y parasitaria de la actividad petrolera, donde los
recursos públicos y los consumidores sostienen a quienes vaciaron las
reservas de petróleo y gas a lo largo de décadas. A ese rescate estatal de los pulpos, nosotros le oponemos el rescate del patrimonio energético
del país a costa de los vaciadores: que se abran los libros de las
empresas, que se investiguen todas las operaciones de desvíos de
subsidios en estos años.
Para justificar los tarifazos, el gobierno ha levantado el espantajo de
la escasez de gas, acusando a los trabajadores de “derrochar energía”.
Pero el despilfarro de recursos es inseparable de la gestión
capitalista, que, por ejemplo, subsidia la depredación minera
-hiperconsumidora de energía-, mientras victimiza a la población. La
crisis actual exige una planificación de la energía en función de los
intereses de la mayoría, lo que plantea la renacionalización integral de
los recursos bajo control obrero.
En su defensa de los aumentos, el gobierno tampoco se privó de un
argumento “kirchnerista”: los que recibieron boletas de 3.000 ó 4.000
pesos, dice, serían privilegiados… frente al 40 por ciento de la
población que no tiene gas de red. Pero, ¿qué hizo el gobierno por la
masa popular que consume gas de garrafa? Solamente llevarla a precios
prohibitivos, mientras ofrece una garrafa “social” a cuentagotas y de
dudosa calidad. Es necesario exigir a los Estados, en todos sus niveles,
la provisión de garrafas a 50 pesos para las barriadas. Este reclamo,
junto a la anulación definitiva del tarifazo y la auditoría integral a
los pulpos petroleros, está presente en el proyecto que los diputados
del PO-FIT presentaron en el Congreso.
Iniciativa de lucha
A la luz de todo este cuadro, es claro que la derrota del tarifazo
exige una enérgica iniciativa de lucha. Los Moyano, Caló y compañía han
desertado de ella de antemano: cuando las patronales de los servicios
públicos condicionaron la marcha de las paritarias a la convalidación de
los tarifazos, las burocracias sindicales consintieron y fueron
cómplices. De todos modos, los trabajadores petroleros o del transporte
recibieron sólo las migajas de los aumentos tarifarios.
Una vez más, tenemos planteada la necesidad de una acción independiente
de los burócratas y de los partidos del ajuste. Con este planteo, nos
movilizamos el pasado martes a los Tribunales y también lo hicimos en
varias otras capitales del país. Esa lucha debe unirse al conjunto de
reivindicaciones en juego, como la reapertura de las paritarias, el fin
de los despidos y del impuesto al salario. Con ese objetivo, proponemos
al conjunto del sindicalismo clasista, a las organizaciones de
desocupados independientes del Estado y a los centros y federaciones
estudiantiles de lucha, concretar una gran movilización contra el
tarifazo y por todas las reivindicaciones en juego, que resulte
precedida por asambleas, actos y agitaciones en todos lados. También en
esta lucha es necesario que los trabajadores y la izquierda se
conviertan en alternativa.
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