El pasado 10 de agosto, en el departamento de Andalgalá, Catamarca, se
llevaría a cabo la indagatoria al cura Renato Rasjido, por la imputación
de corrupción de menores, la cual se suma a las cuatro imputaciones
anteriores por hechos de abuso sexuales (dos de abuso sexual simple y
dos abusos sexual con acceso carnal) cometidas en contra de un menor.
Estos hechos se conocieron en 2014, luego del intento de suicidio del
menor. La causa, que comenzó a moverse por la presión de los familiares,
ha tenido idas y vueltas en el Poder Judicial, sin que a la fecha se
haya ordenado la detención del cura pedófilo, quien sigue en libertad
amparado por el obispo catamarqueño, quien le da asilo en las
instalaciones del Obispado.
La acción del Estado, a través del Poder Judicial, confluye con la acción de la Iglesia de encubrir y proteger al abusador.
La audiencia para la declaración del imputado estaba prevista para el 7
de julio, pero llamativamente fue postergada por la fiscalía
interviniente para no entorpecer los “festejos” por la fundación de
Andalgalá. La Justicia banaliza el proceso y re-victimiza al menor, en
el sentido que su caso opacaría el normal desarrollo de las actividades
de la ciudad.
Pero no es la primera vez que se suspende una audiencia en este caso.
Ya sucedió con anterioridad, pues coincidía con el encuentro del clero y
los gobernadores del Noroeste, donde se afianzaron los lazos de
dependencia con la Iglesia, pero no se dijo ni una palabra por la
responsabilidad de los sacerdotes en los casos de abuso sexuales.
El cura Rasjido, además de estar resguardado por la curia, cuenta con
la asistencia de un abogado amigo del poder que se vale de todas
artimañas procesales para lograr la impunidad, con la que se mueve toda
la Iglesia, tanto en Catamarca como en todo el país.
Por su parte, el Estado provincial, bajo el gobierno kirchnerista de
Lucía Corpacci, hace oídos sordos a las denuncias sobre abusos sexuales
en contra de mujeres y niños, quienes recurren a las denuncias públicas
como la única forma de presión ante la Justicia. El gobierno no ha
implementado ninguna medida, mira para otro lado, más aún cuando quienes
están implicados son curas o amigos del poder de turno.
Desde el Plenario de Trabajadoras-Partido Obrero denunciamos la
responsabilidad y complicidad del Estado, y llamamos a las mujeres a
organizarnos de manera independiente del Estado y del clero para acabar
con la impunidad de los curas abusadores.
Este 10 de agosto nos movilizamos por:
Cárcel común a los curas abusadores Renato Rasjido y Juan de Dios Gutiérrez.
Basta de Impunidad.
Separación de la Iglesia del Estado.
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