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jueves, 18 de agosto de 2016

Fallo de la Corte: un freno al tarifazo que pasó, para salvar los tarifazos que vienen

18 de agosto de 2016 | Por Marcelo Ramal  
 
La Corte resolvió anular el tarifazo en el gas para los usuarios residenciales hasta que el gobierno realice audiencias públicas. Pero al mismo tiempo, eximió a esas audiencias de debatir sobre los precios que perciben los productores de gas y petróleo. La presentación de este fallo como “justo” forma parte de la mistificación de la justicia –y del propio Estado capitalista– como un árbitro entre fuerzas sociales antagónicas. Pero lo cierto es que ese Estado, y su máximo tribunal, tienen como función la defensa estratégica de los intereses capitalistas, incluso –y principalmente– cuando ese interés debe abrirse paso en medio de crisis sociales, rebeliones y cacerolazos. El fallo de la Corte, en su sentido general, no escapa a esa norma, pues es en última instancia un rescate de las petroleras y del gobierno respecto de la crisis política planteada con el tarifazo. 
 
En lo que refiere a las tarifas de transporte y distribución para usuarios residenciales, el fallo condiciona los aumentos a la concreción de audiencias públicas. Esta determinación afecta a los consumos y tarifas aplicadas en el último invierno en detrimento de las privatizadas, las cuales, de todos modos, exigirán ser compensadas con los fondos públicos. Aún con este golpe retroactivo al tarifazo, la Corte se las ha arreglado para legalizar “la ruta del tarifazo”: los jueces le dieron al gobierno la potestad para aumentar las tarifas, siempre que pasen por audiencias públicas cuyo carácter no es vinculante. Teniendo en cuenta que, según Aranguren y el gobierno, la “readecuación tarifaria” tiene todavía un largo trecho de aumentos por delante, no es un hecho menor que la Corte despeje ese camino. Por otra parte, la vía libre al tarifazo del gas para la industria y la generación eléctrica terminará golpeando, más temprano que tarde, sobre la carestía. 
 
Pero la decisión de los jueces exime también de las audiencias públicas al debate sobre los precios en “boca de pozo” del gas natural, que representan –en la factura del consumidor– entre el 50 y 60% del valor que se paga. La vara de la Corte, por lo tanto, deja afuera de su fallo a YPF, Chevron, Total y demás monopolios petroleros, que perciben por el gas que extraen entre dos y tres veces el precio internacional de referencia del fluido. El argumento de los jueces es que estos precios “no están regulados”, porque surgen de acuerdos de compra y venta de gas en el mercado. Lo que la Corte no dice es que esa “desregulación” ha sido aplicada en condiciones de aguda escasez en la producción de gas ello, después de una huelga de inversiones que el kirchnerismo toleró durante una década. Luego, los K armaron un régimen de incentivos leoninos a la producción de gas, en beneficio de esos mismos vaciadores de las reservas de hidrocarburos. En el caso del petróleo, la desregulación “regulada” fue todavía más alevosa, ya que los “nac & pop” comenzaron a compensar a los productores con subsidios directos, ello, cuando el precio del crudo comenzó a derrumbarse en el mercado internacional. 
 
De este modo, el Estado cedió la totalidad de la renta petrolera y gasífera a los concesionarios, a pesar de que los hidrocarburos pertenecen en última instancia al dominio público. El fallo de la Corte deja a salvo este acaparamiento de la renta, que constituye el corazón del régimen de privatizaciones menemistas que pasó indemne a lo largo de los gobiernos de la Alianza, el FPV y ahora el macrismo. 
 
Macri no vaciló en empeñar todos sus recursos políticos para defender los aumentos, en nombre de que estaba en juego la famosa “lluvia de inversores”. El tarifazo retrata cuál es el precio de un rescate capitalista a la quiebra nacional: la confiscación masiva de trabajadores y consumidores, e incluso la perspectiva de un mayor dislocamiento industrial. Es indudable que el tarifazo abrió una conmoción popular y, a partir de allí, una fractura en el Estado, lo que se tradujo en los fallos de tribunales inferiores que pararon los aumentos. El fallo de hoy apunta al cierre de ese grieta, y fue precedido por una férrea acción de los “opositores” capitalistas y sus gobernadores en el mismo sentido (entre ellos, los del FPV). En el Congreso, massistas y pejotistas se las arreglaron para limitar su intervención a una audiencia con Aranguren. La demagogia kirchnerista, mientras tanto, se derretía como el hielo, puesto que el debate ponía de manifiesto su responsabilidad en el vaciamiento energético (y en el propio tarifazo). Los agentes sindicales de estos seudo-opositores miraron para otro lado, como lo hacen con otras reivindicaciones cruciales. El fallo de la Corte, sin embargo, no podrá cerrar la “grieta” abierta por la inmensa crisis social que deja el ajuste, donde el tarifazo se conjuga con paritarias a la baja, mayores despidos y suspensiones. En la respuesta a los ajustadores, los trabajadores tienen la última palabra.  
 
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Coordinadora Sindical Clasista - Partido Obrero

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