El presidente golpista Michel Temer habló en la ceremonia de apertura
de los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro. Fueron menos de diez
segundos, sin aviso previo, suficientes para una fuerte silbatina del
público que enseguida se convirtió en estremecedora. El régimen político
supuestamente responsable por sacar al país de su peor crisis no puede
mostrar a su presidente en público.
La impopularidad del gobierno no alimenta, sin embargo, ninguna
posibilidad de revertir la destitución de la presidente Dilma Rousseff
(PT) por el Senado a finales de agosto. No estamos frente a un
movimiento político pendular de izquierda a derecha, sino frente a una
crisis vertical y transversal del poder político. La hipótesis que
circula ahora es el reemplazo del gobierno de Temer y la sustitución del
sistema presidencial por el parlamentario.
La hipótesis que plantea es la de la caída, no sólo del PT, sino del
conjunto del gobierno elegido en 2014, y la posibilidad de cambio del
régimen político y constitucional, substituyendo el presidencialismo por
el parlamentarismo, o por un híbrido de ambos. El fortalecimiento
ilusorio del Poder Judicial (simbolizada en la figura del juez
curitibano Sergio Moro), elevado a la condición de salvador nacional por
sus investigaciones sobre la corrupción estatal (y beneficiado por un
corruptísimo aumento de 60% en sus “salarios”, en momentos de
congelamiento salarial público y privado) no es una evidencia del
fortalecimiento de las instituciones republicanas, sino de la
descomposición del Estado.
El programa económico del gobierno consiste en un rescate de la
burguesía y el Estado en quiebra por medio de un ajuste de los salarios,
del empleo y de los gastos sociales, en especial del sistema
previsional, acompañado por un endeudamiento feroz -tanto del sector
público como del privado. Crece el número de empresas en concurso de
acreedores, lo que habilita el remate de ellas a precios de pichincha.
Lo mismo ocurre con la deuda pública. El plan oficial congela, por ley y
por veinte años, los gastos estatales, y aumenta la desvinculación de
la recaudación fiscal del gasto en salud, educación y gastos sociales,
vinculación establecida en la Constitución. La crisis económica, con una
consistente caída del PBI, ha sido el pretexto para suprimir más de 530
mil empleos “legales” en el primer semestre de este año. El desempleo
es del 12% (más de doce millones de trabajadores).
La recaudación fiscal está en caída libre; ha caído en 60 mil millones
de reales en relación con las cifras nominales de 2013, sin contar la
inflación. El PBI per capita ha retrocedido al nivel de cinco años
atrás, y el salario real medio ha sufrido un retroceso todavía mayor. El
endeudamiento público y privado roza el 150% del PBI; la cartera de los
bancos tiene una proporción creciente de ‘no performing’ (impagos). El
déficit presupuestario está calculado para este año en 170 mil millones
de reales (casi 50 mil millones de dólares), el déficit real, incluidos
los llamados “esqueletos fiscales”, está calculado ¡entre 300 y 600 mil
millones de reales! El gobierno anunció su intención de cubrir el
muerto con nuevas privatizaciones (petróleo -ya han sido vendidas las
reservas más promisorias, como las de Carcará- y electricidad, bancos
públicos y sistema previsional). La perspectiva de un defol, anunciada
por el aumento del “riesgo Brasil” por las agencias clasificadoras
internacionales, está muy lejos de haber sido conjurada. Se ha abierto
al capital extranjero áreas reservadas al capital local. Existe una
fuerte disputa entre capitalistas chinos y norteamericanos por las
privatizaciones, para arrancar nuevas garantías y exenciones
impositivas, sin hablar de la completa apertura de los sectores
económicos hasta ahora reservados para el capital local.
La crisis política se acrecienta por la “ilegitimidad” de un gobierno
supercorrupto, elegido por nadie. Fora Temer puede ser el leit motiv de
la unificación del conjunto de las luchas en curso, por el empleo, el
salario, la casa, la tierra, la educación pública, los derechos
sociales. En el segundo semestre habrá comisiones paritarias de
petroleros, metalúrgicos, químicos, bancarios, correos y varias empresas
estatales. Las burocracias de las centrales sindicales, sin embargo, se
han integrado a las conversaciones con el gobierno sobre la
privatización del sistema jubilatorio.
Oportunidad para la izquierda
La izquierda clasista tiene una oportunidad única de presentar un
programa de conjunto frente a la crisis, y de plantear una alternativa
política de clase. Sin embargo, tiende a limitar sus perspectivas a las
elecciones municipales de octubre. La izquierda del PT, en nombre de la
“reprogramación de la izquierda”, repite su táctica de presionar a la
dirección del partido, que está en una crisis prácticamente terminal,
para que haga (o al menos diga) lo que no hizo durante los trece años en
que gobernó, sin ningún balance acerca de la estrategia política y la
base social de esa dirección. En las cuestiones decisivas (la
candidatura Haddad en San Pablo) se subordina a la dirección del PT.
El PSOL está concentrado en la posibilidad de llegar al segundo turno
en las elecciones de cuatro capitales (en São Paulo sostiene la
candidatura de Luiza Erundina, ex ministra de Itamar Franco y ex
intendenta del distrito), e inclusive de vencerlas en Porto Alegre (con
Luciana Genro). El PSTU, a su vez, se ha dividido, con una escisión de
30-40% de sus militantes (que constituyó el Mais en una plenaria
celebrada en San Pablo) en torno a la cuestión del frente de izquierda y
de la política de la dirección partidaria que ignoró el carácter
golpista del juicio político a Rousseff. Asistimos a una adaptación
democratizante, cada vez más acentuada, de la izquierda brasileña, sin
excepciones, en un periodo de crisis excepcional.
Hay que abrir un debate para desarrollar la consigna Fuera Temer y la
huelga general, en función de una crisis de poder con una posible
irrupción de masas.
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